Referencias documentales

En la línea de los debates sobre la represión de las noticias falsas que han llevado a la aprobación de las llamadas leyes «infox», ahora le toca el turno a la propagación de contenidos que incitan al odio en las redes sociales. Se vuelven a debatir cuestiones prácticamente idénticas sobre el método legislativo y la regulación de los contenidos debido a su amplificación por las redes sociales. De ello se desprende que es necesario reflexionar sobre el modelo de regulación para preservar la libertad de expresión. Debe garantizarse el equilibrio entre la libre circulación sin fronteras de los contenidos a través de las plataformas de redes sociales, las medidas preventivas que deben aplicarse para evitar los contenidos ilícitos y el control represivo de los contenidos que incitan al odio en el marco de un dispositivo comprendido y aceptado por todos los actores (Estados —legislador, juez, autoridad reguladora—, plataformas, operadores y usuarios). Este es el reto de una regulación moderna de los contenidos ilícitos.

¿Es el principio de «neutralidad de Internet», y en particular de los «intermediarios», una mera ilusión? De manera bastante inevitable, diversas disposiciones, tanto del Derecho europeo como nacional, recurren a la intervención de estos proveedores técnicos para el necesario control del uso de las redes y la ejecución de las condenas dictadas en caso de abusos cometidos por los usuarios. Ante la dimensión internacional de la comunicación, las medidas de filtrado y bloqueo resultan ser las únicas eficaces.

La relación entre la norma suprema e Internet resulta de extrema importancia en la era digital. Internet no es una mera una innovación técnica, pues supone una revolución en los modos de vida, de comunicación y de consumo. En términos de libertades individuales y públicas, Internet constituye un elemento ineludible para el ejercicio de la libertad de comunicación e información, pero es también un factor de nuevos riesgos para la protección de la vida privada y de los datos personales. En este contexto, la aproximación entre Internet y la Constitución se ha producido tanto en la afirmación de las grandes libertades garantizadas constitucionalmente, como en la definición de los grandes equilibrios entre las libertades frente a los nuevos riesgos de Internet. La Constitución y la jurisprudencia constitucional han sabido adaptarse al reto digital del siglo XXI, aunque la era digital invita al reconocimiento de nuevos derechos.

Francia, primer país europeo en legislar directamente sobre la importante pero delicada cuestión del intercambio de archivos en Internet, ha establecido un completo dispositivo jurídico para luchar contra las descargas desde redes «peer to peer». Fruto de tres leyes y multitud de decretos de aplicación, el sistema establecido es complejo, muy costoso y puede resultar difícil de aplicar. Partiendo de una voluntad manifiesta de dar prioridad a la educación y la prevención, el legislador ha acabado por crear un dispositivo con un fuerte potencial represivo, debido principalmente a la posibilidad de acumular sanciones administrativas y penales, y cuya compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue siendo cuestionable debido al carácter desproporcionado de las posibles violaciones de los derechos fundamentales que pueden derivarse de él. Por lo tanto, es muy probable que la solución adoptada no constituya la respuesta jurídica adecuada a la descarga masiva de obras en Internet y que aún deban explorarse nuevas vías que permitan obtener una remuneración justa para los creadores sin recurrir a la represión (por otra parte poco eficaz) de los usuarios.

A través de este dossier, la ARCOM pone a disposición del profesorado una serie de herramientas pedagógicas sobre la libertad de expresión, la libertad de comunicación audiovisual, la manipulación de la información y los discursos de odio en Internet.

El estudio examina los llamados “derechos de ciudadanía digital” en la legislación nacional, a la luz de las recientes orientaciones políticas supranacionales. El análisis pone de manifiesto los límites del marco normativo interno, en el que dichos derechos se concentran casi exclusivamente en la dimensión administrativa de la relación público-privada y aparecen con frecuencia excesivamente “tecnificados”, en la medida en que su ejercicio se identifica con el uso de soluciones informáticas. De ello resulta una ciudadanía digital desequilibrada a favor del rendimiento de la Administración, sin un correlativo refuerzo de la participación democrática.

El artículo analiza la evolución de los derechos digitales en la Unión Europea y su relevancia para las administraciones públicas y la ciudadanía europea. Examina el desarrollo del mercado único digital, los servicios públicos digitales y la interoperabilidad de los datos, así como el concepto de ciudadanía digital europea en sus dimensiones administrativa y social, proponiendo un enfoque equilibrado entre derechos y deberes.

El estudio es el producto de una investigación realizada entre 2020 y 2021 en el marco de un proyecto europeo (titulado DIRECT II), dedicado al tema de la participación directa de los trabajadores, en relación con los cambios sociotécnicos inducidos por la revolución tecnológica en curso. Se desarrolla siguiendo un orden temático y expositivo compartido con los socios de los otros cinco países implicados.
Tras un breve marco teórico sobre lo que se entiende por participación directa, se procede a correlacionar esta forma de organización del trabajo con otras, propias y más típicas de nuestro sistema de relaciones industriales, en el ámbito de la representación y del involucramiento. A continuación, se dedica un capítulo a los temas de automatización y digitalización del trabajo, ofreciendo información básica y, sobre todo, examinando las principales repercusiones sobre el trabajo en nuestro debate académico y sindical.
La segunda parte se centra en dos estudios de caso, donde el vínculo entre modelo de negocio, nuevos desafíos tecnológicos y sistema participativo resulta particularmente significativo. Se trata de Electrolux y de Autostrade per l’Italia, donde se realizaron entrevistas con representantes de los trabajadores, del sindicato y de la alta dirección.
Finalmente, en la tercera y última sección, se intenta extraer algunas consideraciones conclusivas en torno a la cuestión de si el cambio sociotécnico en curso está produciendo realmente una mayor humanización del trabajo, y si el sindicato todavía puede desempeñar un papel protagonista en la gestión de esta compleja transición. En conjunto, emerge un panorama matizado, marcado por fuertes dualismos y ambivalencias, en el que oportunidades y riesgos se entrelazan incluso dentro del mismo entorno laboral. Y en el que el sindicato, desafiado en su rol de representación colectiva e intermediación, debe encontrar la capacidad y los recursos para que el potencial cognitivo y liberador de ciertas innovaciones tecnológicas no se vea desvirtuado y transformado en formas más invasivas y encubiertas de explotación, como lamentablemente ocurre en no pocos casos.

El documento forma parte de las cinco linee guida operativas del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), instrumento estratégico del Ministerio de Cultura italiano para guiar la transformación digital de archivos, bibliotecas, museos y otros lugares de cultura en el periodo 2022-2026. Esta tercera guía se centra en las prácticas relacionadas con la adquisición, circulación y reutilización de reproducciones digitales de bienes culturales, proporcionando un marco técnico y metodológico que ayuda a distinguir entre usos permisibles y restricciones legales, especialmente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. Ofrece criterios para la gestión de reproducciones digitales, su disponibilidad en entornos web y las condiciones de reutilización de contenidos, con miras a facilitar la interoperabilidad, preservación y acceso responsable de recursos culturales.

El Programa Nacional constituye uno de los principales pilares de la Agenda Digital Italiana, definida por la Cabina de Regia en torno a seis ejes estratégicos (Infraestructuras y seguridad, eGov/Open Data, eCommerce, competencias digitales, comunidades inteligentes, investigación e innovación), y se propone favorecer el desencadenamiento de un círculo virtuoso entre la demanda de servicios y de participación, la oferta por parte de las organizaciones públicas y privadas, y el desarrollo de perfiles profesionales innovadores y adecuados para la revolución digital.
El desarrollo de la cultura y de las competencias digitales es un tema clave para el crecimiento del país: resulta urgente crear competencias digitales para responder a la creciente demanda de profesionales con alto perfil TIC, a las necesidades en continua evolución de empresas e industrias, y a la exigencia de que todos los ciudadanos, a lo largo de su vida, adquieran la necesaria conciencia digital. Una empresa de tal envergadura requiere responsabilidades compartidas entre todos los stakeholders (las instituciones, tanto a nivel nacional como territorial, el mundo empresarial y profesional, el ámbito educativo, las organizaciones sindicales, las asociaciones y las organizaciones de la sociedad civil) y se basa en una implicación amplia, condición necesaria para que todas las necesidades y experiencias sean tomadas en consideración y para que, por tanto, sea posible el tránsito de una lógica de proyectos a una lógica de sistema.

Una de las principales ambiciones del Programa Nacional es la de “convertirse en plataforma”, construyendo las condiciones para establecer un sistema eficaz de knowledge management entre las experiencias e iniciativas ya presentes en el país, así como de coordinación, sobre todo con el fin de alcanzar una mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos, en la interlocución europea y en las sinergias de carácter proyectual.