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La normativa establece que la Comisión de Corporaciones de Oklahoma no puede regular los servicios de acceso a Internet de alta velocidad o banda ancha, sin importar la tecnología utilizada. También impone requisitos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones locales para garantizar el acceso desagregado a elementos de red. La ley protege la neutralidad del servicio y limita la intervención estatal en la provisión de Internet.
L’accès à l’internet en tant que droit fundamental. Explorer différents aspects de la connectivité
Hendrik Alexander Mildebrath (por encargo del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo - EPRS) | 2021
En un momento en el que las tecnologías digitales invaden todos los ámbitos de la vida y el acceso a Internet se convierte en una condición previa para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, Internet desempeña un papel crucial para las personas, tanto durante la pandemia del coronavirus como después de ella. Ahora que resurgen las demandas para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental, no sería de extrañar que los legisladores asumieran más compromisos en este ámbito y evaluaran las diferentes opciones políticas y legislativas. En este contexto, el presente análisis: i) determina los parámetros de diseño y funcionamiento de un posible derecho fundamental al acceso a Internet, ii) presenta un ejemplo de diseño, iii) analiza las ventajas y desventajas de su posible reconocimiento, y iv) ofrece una breve descripción de la legislación y las medidas de la Unión que podrían afectar a este nuevo derecho.
Digitalisation and digital transformation in Italy
Publications Office European Commission. Elena Vivaldi
Paolo Addis | 2021
La Ley italiana 4/2004 garantiza a las personas con discapacidad el derecho de acceso a los instrumentos informáticos y a los servicios digitales de la Administración Pública, sentando las bases de un ecosistema digital inclusivo. No obstante, persisten carencias en materia de estrategias sectoriales específicas. La pandemia de COVID-19 puso de relieve graves deficiencias, aunque también aceleró la adopción de herramientas con alto potencial, como la telerehabilitación
CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori | 2021
Se trata de un documento base de trabajo elaborado por la Fondazione Ezio Tarantelli para el focus celebrado el 23 de septiembre de 2021, titulado “Transizione digitale e intelligenza artificiale”, concebido como informe–estudio programático destinado a orientar el debate sindical, social y político sobre la digitalización y la IA. El documento analiza el impacto estructural de la transición digital sobre el trabajo, la organización productiva y las relaciones laborales, subrayando riesgos de polarización social, nuevas desigualdades y transformación de las competencias. Propone una gobernanza ética y socialmente sostenible de la innovación tecnológica, centrada en la persona, la calidad del empleo, la formación permanente y la participación de los trabajadores. Defiende un modelo de desarrollo digital inclusivo, capaz de conjugar competitividad, cohesión social, derechos fundamentales y justicia distributiva, promoviendo un diálogo social reforzado como instrumento esencial de regulación.
Observación General n.º 25 — Derechos de los niños en relación con el entorno digital (CRC/C/GC/25)
Comité de los Derechos del Niño | 2021
Instrumento interpretativo de referencia sobre los derechos de los niños en el entorno digital. Articula los cuatro principios generales de la CDN como guías transversales. Sus contribuciones incluyen la obligación de garantizar acceso digital inclusivo, la exigencia de que el interés superior del niño sea consideración primordial en decisiones sobre el entorno digital, y la responsabilidad corporativa de las empresas tecnológicas.
Informe que documenta cómo el Gobierno de Bangladesh transfirió al Gobierno de Myanmar los datos biométricos de más de 800.000 refugiados rohinyá recogidos en un registro conjunto con el ACNUR, sin consentimiento real de los titulares. Analiza el incumplimiento de la propia política de protección de datos del ACNUR y la ausencia de mecanismos de recurso efectivos para las personas afectadas. Caso paradigmático de la brecha entre el derecho proclamado y la protección efectiva en contextos humanitarios.
La guía de participación cívica de SEADA, publicada por Able South Carolina, ofrece estrategias accesibles para fomentar la implicación ciudadana de personas con discapacidad. Incluye recomendaciones sobre diseño universal, comunicación inclusiva y herramientas digitales para facilitar el acceso a procesos democráticos. El documento promueve la equidad en la participación política y social mediante el uso de tecnologías accesibles y prácticas inclusivas.
Disability Rights Tennessee destaca la importancia de la accesibilidad digital como derecho y valor social. Subraya que los sitios web accesibles benefician a todos los usuarios, mejoran el SEO y amplían la base de clientes. La organización promueve herramientas como contraste alto, ampliación de pantalla y subtítulos, útiles para personas con discapacidad, mayores y usuarios en general. La accesibilidad digital es clave para la equidad y el desarrollo económico.
Executive Directive 2021-12: Expanding High-Speed Internet Access in Michigan
Governor Gretchen Whitmer | 2021
La Directiva Ejecutiva 2021-12, firmada por la Gobernadora Whitmer, ordena a los departamentos estatales coordinar esfuerzos para garantizar que todos los habitantes de Michigan tengan acceso a internet de alta velocidad. Se apoya en fondos federales del Infrastructure Investment and Jobs Act y establece la Oficina de Internet de Alta Velocidad de Michigan para liderar la implementación, buscando cerrar la brecha digital y fomentar la equidad tecnológica.
MDCR’s New Digital Information Accessibility Coordinator and What It Means for the State of Michigan
Kilian Guensche | 2021
El artículo presenta la incorporación de John Estill como Coordinador de Accesibilidad a la Información Digital (DIAC) en Michigan. Su labor consiste en asesorar técnicamente a agencias estatales, ofrecer formación sobre accesibilidad digital y mejorar la inclusión de personas con discapacidades, especialmente invisibles. Se busca garantizar que los contenidos digitales del Estado sean accesibles para todos, mediante buenas prácticas en sitios web, redes sociales y plataformas móviles.