Referencias documentales

El artículo, publicado en la University of Pittsburgh Law Review, sostiene que el acceso a internet de banda ancha en Pensilvania debe considerarse un servicio público esencial sujeto a regulación estatal. El autor, James LaMarca, analiza cómo la falta de conectividad adecuada, especialmente en zonas rurales, limita el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos como la telemedicina o la educación digital. Propone reformar el Código de Servicios Públicos de Pensilvania para facultar a la Public Utility Commission (PUC) a designar a los proveedores de internet como utilidades públicas en función de las necesidades regionales, permitiendo así garantizar precios justos, mayor inversión en infraestructuras y cobertura universal. La solución regional busca equilibrar regulación y libre mercado, adaptándose a las distintas realidades del Estado.

El texto describe el nuevo Plan Estatal de Banda Ancha de Pensilvania, elaborado como paso previo a la preparación del plan quinquenal requerido por la NTIA para acceder a fondos federales del Infrastructure Investment and Jobs Act. El plan se centra en cuatro áreas clave: infraestructura y disponibilidad del servicio, equidad y asequibilidad digital, acceso a dispositivos y alfabetización/soporte técnico. Identifica brechas significativas, pues entre 2,6 millones de residentes aún carecen de acceso o competencias digitales. Además, plantea medidas como programas de comunidades “Broadband ready”, políticas dig once, reducción de trabas administrativas, capacitación laboral e impulso de programas de apoyo a la alfabetización digital. El objetivo es garantizar conectividad asequible, universal y sostenible en el Estado.

El gobernador Jim Justice de West Virginia firma una ley de seguridad en internet destinada a proteger a los menores en el entorno digital. La legislación busca establecer medidas más estrictas para el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes, promoviendo un entorno más seguro en línea. El video muestra el acto de firma y destaca la importancia de la ley para las familias y comunidades del Estado.

El artículo analiza la Ley HB 3 de Florida, firmada en marzo de 2024, que regula el uso de redes sociales por menores. Prohíbe que niños menores de 14 años creen cuentas sin consentimiento parental y exige verificación de edad por parte de las plataformas. La ley busca proteger a los menores de riesgos digitales, aunque genera debate sobre privacidad, libertad de expresión y posibles desafíos constitucionales.

La empresa Schufa introducirá en marzo de 2026 un nuevo sistema de puntuación de crédito con solo doce criterios, mucho más transparente que el anterior, cuya fórmula era secreta y usaba unos 250 factores. Desde diciembre de 2025, las personas pueden acceder en fase beta a un «vistazo a sus datos», que muestra los datos relevantes que Schufa almacena sobre ellas. La compañía ha sido criticada durante años por su falta de claridad y por prácticas consideradas manipuladoras, especialmente al ofrecer opciones de pago para acceder a datos que deberían ser gratuitos. El Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal el antiguo modelo por constituir una decisión automatizada. A partir de marzo de 2026, el nuevo score será gratuito y más comprensible.

La protección de los menores se impone como un eje central de la regulación digital tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. El año 2025 ha visto la materialización de las grandes leyes adoptadas en los últimos años en materia de regulación digital, entre las que destacan el Reglamento Europeo sobre Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que se basan en una lógica de evaluación de riesgos por parte de los proveedores de servicios en línea que pueden ser utilizados por niños y adolescentes. Entre las medidas de mitigación de riesgos recomendadas por los reguladores, la más emblemática es la de verificar la edad de los usuarios para acceder a servicios en línea potencialmente perjudiciales para los menores. Por ello, el pasado 14 de julio, la Comisión Europea publicó sus directrices para «ayudar a los proveedores de plataformas a aplicar estas medidas de protección de los menores».

Si las personas con discapacidad y, en general, las minorías fueran objeto de una mayor consideración, este artículo no tendría sentido. Sin embargo, no es así. La doctrina y la jurisprudencia no se han pronunciado sobre esta cuestión. Intentemos modestamente colmar esta laguna y mostrar todo el interés doctrinal de ciertos conceptos utilizados en este ámbito por el legislador. La brecha digital, si es que existe entre generaciones y entre el mundo urbano, periurbano y rural, es especialmente tangible para determinadas categorías de personas con discapacidad. En lo que respecta a las personas con discapacidad visual, y especialmente a las personas ciegas, el simple hecho de que un archivo sea una imagen o que el enlace a un sitio web sea gráfico les impide seguir adelante, al igual que una escalera para una persona en silla de ruedas. Por el contrario, para las personas sordas y con discapacidad auditiva, son las señales auditivas sin subtítulos las que no son accesibles. Por último, la accesibilidad también puede plantear problemas a algunas personas epilépticas, disléxicas o disfásicas, por no hablar de las personas con discapacidad intelectual.

En un momento en el que las tecnologías digitales invaden todos los ámbitos de la vida y el acceso a Internet se convierte en una condición previa para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, Internet desempeña un papel crucial para las personas, tanto durante la pandemia del coronavirus como después de ella. Ahora que resurgen las demandas para que el acceso a Internet sea un derecho fundamental, no sería de extrañar que los legisladores asumieran más compromisos en este ámbito y evaluaran las diferentes opciones políticas y legislativas. En este contexto, el presente análisis: i) determina los parámetros de diseño y funcionamiento de un posible derecho fundamental al acceso a Internet, ii) presenta un ejemplo de diseño, iii) analiza las ventajas y desventajas de su posible reconocimiento, y iv) ofrece una breve descripción de la legislación y las medidas de la Unión que podrían afectar a este nuevo derecho.

Austria muestra fuerte avance en adopción de IA y despliegue de conectividad, aunque aún está rezagada en redes de muy alta capacidad (VHCN) y fibra hasta los locales (FTTP), y su ecosistema startup sufre por menor capital riesgo y pocos unicornios. Su hoja de ruta digital incluye 85 medidas con un presupuesto de 4 070 M € (0,84 % del PIB). Austria mantiene buen rendimiento en servicios públicos digitales, semiconductores y tecnologías cuánticas. Destaca buen nivel de habilidades digitales y expansión de servicios digitales, pero persisten brechas por edad y educación. Reconoce la importancia de la sostenibilidad ecológica en la transformación digital, aunque falta una estrategia clara que la integre. El plan destina 1 300 M € del plan de recuperación y 76 M € de fondos de cohesión a la transformación digital. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos valora la digitalización de servicios y mitigar desinformación online

El informe sostiene que Bélgica tiene un ecosistema tecnológico dinámico con adopción rápida de tecnología en empresas, fuerte cobertura de redes de muy alta capacidad (VHCN) y liderazgo en ciberseguridad y servicios públicos en línea, aunque persisten brechas en la cobertura FTTP y las capacidades digitales. Su hoja de ruta cuenta con 166 medidas y un presupuesto de 913,71 M € (≈ 0,15 % del PIB). Bélgica destaca en servicios públicos digitales, especialmente para empresas y e-salud, y promueve la alfabetización e inclusión digital, con apoyo a mujeres en habilidades y aprendizaje continuo. Sin embargo, hay desajustes en habilidades digitales avanzadas y un desequilibrio de género en sectores digitales. El país integra digitalización y transición ecológica, dedicando más del 50 % de su plan REPowerEU a iniciativas verdes y promoviendo prácticas sostenibles en TIC. Según el Eurobarómetro, la mayoría de ciudadanos valora la digitalización de servicios y la mitigación de fake news y desinformación.