Referencias documentales

Se trata del informe anual de actividades de la Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, en el que se dedica un apartado específico al ámbito digital. El capítulo aborda la expansión de la Ley alemana de refuerzo de la accesibilidad universal (BFSG) y la creciente importancia de la accesibilidad digital en Alemania. La Bundesfachstelle organizó una serie de webinarios y publicó nuevas FAQ para orientar a empresas y administraciones. Se consolidó el Netzwerk digitale Barrierefreiheit, que ya reúne a casi 200 miembros, con encuentros sobre temas como redes sociales accesibles, archivado de PDF y buenas prácticas en la administración digital. También se destacan proyectos innovadores como BIGEKO, que desarrolla traducción automática entre texto y lengua de signos para servicios de emergencia. Además, se publicaron comparativas de herramientas de videoconferencia y guías prácticas en lenguaje fácil

La empresa Schufa introducirá en marzo de 2026 un nuevo sistema de puntuación de crédito con solo doce criterios, mucho más transparente que el anterior, cuya fórmula era secreta y usaba unos 250 factores. Desde diciembre de 2025, las personas pueden acceder en fase beta a un «vistazo a sus datos», que muestra los datos relevantes que Schufa almacena sobre ellas. La compañía ha sido criticada durante años por su falta de claridad y por prácticas consideradas manipuladoras, especialmente al ofrecer opciones de pago para acceder a datos que deberían ser gratuitos. El Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal el antiguo modelo por constituir una decisión automatizada. A partir de marzo de 2026, el nuevo score será gratuito y más comprensible.

El artículo examina las obligaciones de accesibilidad de las empresas, en particular a través de la RGAA, así como las sanciones en caso de incumplimiento. También aborda las recientes reformas, las implicaciones de la ordenanza de 2023 para la accesibilidad telefónica y los nuevos requisitos previstos para 2025.

Analizamos dos cambios importantes que están rediseñando el panorama digital europeo: la Ley de IA y la Ley Europea de Accesibilidad. La primera regula el uso de la inteligencia artificial en función de los riesgos que presenta, mientras que la segunda obliga a las empresas a hacer que sus servicios digitales sean accesibles para todos a partir de junio de 2025. Estas nuevas normativas no se limitan a imponer obligaciones, sino que ofrecen una verdadera oportunidad para demostrar el compromiso de su empresa con una innovación responsable e inclusiva.

La protección de los menores se impone como un eje central de la regulación digital tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. El año 2025 ha visto la materialización de las grandes leyes adoptadas en los últimos años en materia de regulación digital, entre las que destacan el Reglamento Europeo sobre Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que se basan en una lógica de evaluación de riesgos por parte de los proveedores de servicios en línea que pueden ser utilizados por niños y adolescentes. Entre las medidas de mitigación de riesgos recomendadas por los reguladores, la más emblemática es la de verificar la edad de los usuarios para acceder a servicios en línea potencialmente perjudiciales para los menores. Por ello, el pasado 14 de julio, la Comisión Europea publicó sus directrices para «ayudar a los proveedores de plataformas a aplicar estas medidas de protección de los menores».

El texto expone cómo la acelerada evolución de las tecnologías digitales ha transformado de manera transversal las sociedades, las economías y la vida cotidiana, pero también ha intensificado desigualdades estructurales conocidas como brecha digital. Pese a los avances recientes, en 2024 permanecían desconectadas 2.600 millones de personas, lo que revela una distribución profundamente desigual del acceso y del uso de Internet y de tecnologías como la inteligencia artificial. La brecha se manifiesta, en primer lugar, entre países: los Estados de renta baja y media-baja presentan niveles de conectividad muy inferiores a los de renta media-alta y alta. En segundo término, dentro de cada país persisten diferencias relevantes entre áreas urbanas y rurales, asociadas sobre todo a déficits de infraestructura. A ello se suman factores sociales que agravan la exclusión digital, afectando especialmente a mujeres y jóvenes, con notables carencias de competencias digitales. Las consecuencias son amplias: reducción de oportunidades laborales, exclusión del acceso a servicios sanitarios esenciales, freno al crecimiento económico y debilitamiento de la inclusión financiera. Asimismo, las desigualdades digitales tienen impactos políticos, al disminuir la participación cívica y comprometer procesos democráticos. Por ello, cerrar la brecha digital no es solo un reto técnico, sino una condición para promover igualdad, inclusión y participación.

El texto expone la concepción y objetivos de la innovazione digitale inclusiva como eje de las políticas de gobierno abierto, orientada a modernizar la administración pública, mejorar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas y fomentar la transparencia y la participación cívica mediante tecnologías digitales. Para garantizar la cittadinanza digitale es preciso eliminar las barreras legales y tecnológicas y cerrar los brechas digitales no solo infraestructurales sino también socioculturales, generacionales y de género, dotando a la población de competencias digitales básicas y reforzando la accesibilidad y usabilidad de las plataformas públicas. El documento remarca la importancia de marcos normativos como el Codice dell’Amministrazione Digitale, la Declaration of Internet Rights y planes de acción nacionales que promueven la inclusión, formación y participación activa de todos los actores sociales en procesos de innovación digital.

El Rapporto di Monitoraggio 2025 de la iniciativa Repubblica Digitale recoge los resultados y avances de la segunda edición de la Asamblea de República Digital, un evento nacional que reúne instituciones, expertos públicos y privados para evaluar y promover estrategias en torno a la inclusión digital. El documento se centra en la necesidad de combatir el brecha digital en Italia, abordando desigualdades de acceso, formación y participación en el entorno digital, y reporta sobre proyectos y políticas en marcha para fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos. El informe destaca la importancia de mejorar la alfabetización digital para garantizar la igualdad de oportunidades en sectores económicos, sociales y cívicos. También subraya iniciativas de cooperación entre entidades públicas y privadas para promover un ecosistema digital inclusivo, con foco en la participación activa de la ciudadanía en procesos de transformación tecnológica y en la defensa de derechos digitales básicos

En este ensayo, Juan Carlos De Martin interpreta la historia reciente como un proceso progresivo de informatización del mundo, iniciado con el desarrollo de los primeros ordenadores y culminado en la actual fase de la inteligencia artificial. El autor sostiene que el smartphone se ha convertido en una extensión imprescindible de la acción social, pero advierte que su expansión está dominada por un reducido número de grandes empresas tecnológicas. Esta concentración genera una forma de “colonialismo digital”, mediante la cual numerosos Estados pierden el control sobre sus infraestructuras estratégicas. Como respuesta, se propone una visión ética y cooperativa orientada al interés colectivo. Entre sus objetivos destacan la garantía de la autonomía tecnológica nacional, la firma de acuerdos internacionales contra las armas autónomas y la distribución equitativa de recursos computacionales. El propósito último es promover una tecnología orientada a la paz, la solidaridad y la justicia global.

El Eurobarómetro Especial sobre la Década Digital 2025 es una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2025. Analiza las percepciones y expectativas de los ciudadanos sobre el uso futuro de tecnologías digitales en la vida diaria, su beneficio o desafío y la importancia prevista de herramientas digitales en ámbitos como educación, trabajo o salud hasta 2030. Evalúa el apoyo público a las prioridades políticas de la UE (habilidades digitales, servicios públicos digitales, acceso equitativo), así como los desafíos en línea como el bloqueo geográfico y la protección de menores. Finalmente, explora el conocimiento y confianza de los ciudadanos sobre sus derechos digitales y la eficacia de la UE y los gobiernos nacionales en protegerlos, examinando la confianza en las instituciones para mantener un entorno digital seguro y con valores democráticos.