Internet Governance Forum Italia 2021 report
El informe tiene como finalidad identificar en Italia un espacio digital seguro y respetuoso con los derechos humanos, mediante la definición de objetivos que orienten una agenda política en esta materia.
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El informe tiene como finalidad identificar en Italia un espacio digital seguro y respetuoso con los derechos humanos, mediante la definición de objetivos que orienten una agenda política en esta materia.
Tras pasar por el filtro del Consejo Constitucional (Cons. const., 17 de mayo de 2024, n.º 2024-866 DC), la Ley destinada a proteger y regular el espacio digital ha sido validada en la mayoría de sus disposiciones. Entre las diferentes cuestiones que aborda el texto, la protección de las partes supuestamente débiles en el entorno digital parece ser un primer punto esencial (menores, ciudadanos, jugadores). La búsqueda de cierta forma de eficacia (de la gobernanza, de los mercados digitales y de la competencia, o del control de la economía de los datos) constituye el segundo reto del texto y ello se traduce en la regulación proyectada.
La ley del 21 de mayo de 2024 destinada a proteger y regular el espacio digital (Ley SREN), incluye numerosas disposiciones de interés penal, entre ella la llamada pena de «expulsión de las redes sociales», o el nuevo delito de difusión de deepfakes de carácter sexual. No obstante su carácter eminentemente regulador, la ley SREN no deja de ser una ley represiva, que aplica la norma penal en diversos grados, para reforzar las prescripciones administrativas que tienden, en esencia, a imponer a los operadores digitales el bloqueo o la retirada de determinados contenidos ilícitos en línea, en particular en materia de pornografía.
El Derecho digital es un derecho basado en un enfoque sobre los riesgos, compartiendo sus principales herramientas jurídicas con el derecho de los mercados financieros, el derecho alimentario y el derecho medioambiental: a) un derecho liberal, origen de las grandes libertades digitales (libertad de circulación de datos, neutralidad de Internet); y b) un derecho de prevención de riesgos, con un enfoque gradual en función de la naturaleza de los peligros (riesgos para los derechos fundamentales, la salud o la seguridad) y de la naturaleza de los actores implicados (plataformas muy grandes, controladores de acceso). La obra aclara en primer lugar la comprensión de los numerosos proyectos de textos europeos en materia digital. A continuación, pone en perspectiva el derecho digital con otras ramas del Derecho como el derecho financiero, el derecho medioambiental o el derecho alimentario.
El informe analiza a qué retos y desafíos prácticos se enfrentan los investigadores externos, incluidas ONG y académicos, al estudiar los “riesgos sistémicos” bajo el artículo 34 del DSA. Aunque la definición de riesgo es vaga, la diversidad de enfoques enriquece el ecosistema de investigación. Los principales problemas son la falta de transparencia, el acceso limitado a datos y la escasa claridad sobre procesos de colaboración con reguladores y plataformas. Se propone más información detallada sobre evaluaciones de riesgo, estructuras de cooperación y claridad legal para proteger a investigadores.
Esa disposición del Garante per la protezione dei dati personali n. 10065862 consiste en un provvedimento sancionador y de orientación interpretativa en materia de protección de datos personales, centrado en la licitud del tratamiento, el consentimiento informado, la transparencia y la tutela efectiva de los derechos del interesado. Analiza un caso concreto de tratamiento indebido de datos personales, examinando la insuficiencia de la información proporcionada a los usuarios, la invalidez del consentimiento recabado y la vulneración de los principios de licitud, corrección, minimización y limitación de la finalidad, conforme al Reglamento (UE) 2016/679. El Garante subraya la necesidad de garantizar un control real y consciente por parte del interesado, insiste en la prohibición de prácticas elusivas o manipulativas y refuerza la centralidad del principio de accountability. El acto concluye con la imposición de medidas correctoras, prescripciones operativas y, en su caso, sanciones administrativas, destacando el valor estructural de la protección de datos como derecho fundamental
La página analiza cómo la automatización en la administración pública puede generar eficiencia, pero también perjuicios graves, especialmente para personas vulnerables. Diversos casos europeos muestran errores sistemáticos: suspensión automática de ayudas, deudas injustificadas, discriminación algorítmica, decisiones opacas y uso indebido de datos. Se destacan ejemplos en Francia, Dinamarca, Italia, Austria, Países Bajos y Alemania, donde sistemas defectuosos afectaron a millones de personas. El texto subraya que la falta de transparencia, supervisión y vías de reclamación agrava los riesgos. Propone controles estrictos, evaluaciones de impacto en derechos fundamentales y un registro público de sistemas de IA para garantizar responsabilidad y protección ciudadana
La organización Coalition for Independent Technology ha iniciado una demanda contra el Estado de Texas, argumentando que sus nuevas leyes sobre redes sociales violan los derechos digitales fundamentales. El artículo defiende que la democracia moderna requiere protección de los derechos en línea, incluyendo la libertad de expresión y el acceso equitativo a plataformas digitales. La acción legal busca frenar políticas que consideran regresivas y perjudiciales para la ciudadanía.
El estudio del Nexa Center examina las prácticas de moderación de contenidos desarrolladas por las grandes plataformas digitales y su impacto sobre la libertad de expresión en Italia. Enmarcado en el contexto del Reglamento de Servicios Digitales, el informe se basa en los resultados de un cuestionario anónimo que revela una elevada frecuencia en la eliminación de contenidos legítimos, especialmente de carácter político o informativo. Dichas intervenciones, en gran medida automatizadas, configuran una forma de control editorial discrecional que excede los límites impuestos por la normativa vigente. El documento pone de relieve la opacidad de los procedimientos decisorios, la insuficiencia de las explicaciones ofrecidas a los usuarios y la escasa eficacia de los mecanismos de recurso. Estas deficiencias generan un riesgo significativo de censura privada preventiva. El estudio concluye subrayando la necesidad de reforzar la transparencia algorítmica y las garantías procedimentales.
Índice anual que mide el nivel de seguridad digital de la población alemana. La edición 2024 se centra en la ‘seguridad de IA en el día a día’ y refleja un deterioro general de la seguridad digital en Alemania. El informe aborda la creciente cantidad de incidentes en línea, el comportamiento y conocimiento de los usuarios, así como las diferencias entre distintos perfiles de consumidores. También analiza cómo la digitalización afecta ámbitos cotidianos como comunicación, banca, compras, salud y el hogar conectado. Esta edición presta especial atención a la IA, junto con la necesidad de más educación, cooperación y medidas de protección para garantizar una participación digital segura