Referencias documentales

En esta Tribuna del Diario Le Monde, dos personalidades del mundo académico muestran sus inquietudes con respecto al futuro de la relación laboral, en un momento en el que se multiplican las herramientas de control a disposición de los empleadores (del tiempo, de la actividad y de los resultados del trabajo), y en el que las leyes que regulan su uso son cada vez menos restrictivas.

Implantes cerebrales, diademas y auriculares equipados con electrodos: la lectura y la estimulación del cerebro se sitúan en el centro de una rica investigación terapéutica y se convierten, sin demasiada perspectiva ni pruebas de su eficacia, en un producto de consumo. Ya no se trata solo de curar y reparar, sino potencialmente de aumentar las funciones cerebrales. El artículo reflexiona sobre los beneficios y riesgos de estas nuevas aplicaciones de las neurotecnologías.

A las dicotomías tradicionales (trabajo por cuenta ajena/trabajo por cuenta propia; relaciones individuales/relaciones colectivas) parece sumarse ahora una distinción adicional entre relación laboral «material» y relación laboral «inmaterial». Con la aparición de la informática y la electrónica, este carácter inmaterial impregna la relación laboral hasta acabar «digitalizándola». A menudo asociada a la uberización, que corresponde a una desintermediación de las relaciones físicas, la digitalización también se confunde con la desmaterialización, «que consiste en sustituir los documentos en papel por documentos electrónicos». Este primer enfoque de la digitalización es relevante tanto en las relaciones colectivas como en las relaciones laborales individuales. Sin embargo, se está desarrollando una segunda acepción de la digitalización que se refiere al uso de herramientas y procesos digitales (ordenadores, teléfonos inteligentes, objetos conectados) que requieren, para su funcionamiento, una conexión a Internet o a una red más restringida. A primera vista, esto no parece suscitar debate, ya que la digitalización es un fenómeno que afecta a la gran mayoría de los empleados, que resultan ser empleados conectados. En este sentido, la digitalización está al servicio de la relación laboral y constituye un medio para ejecutar la relación laboral.

El intercambio de datos entre administraciones es una condición indispensable para la aplicación del principio que rige la simplificación y la búsqueda de la eficiencia del servicio público. Los intercambios electrónicos de información entre administraciones y con los usuarios se han ido consolidando poco a poco desde el punto de vista jurídico, hasta las recientes disposiciones de la ley denominada 3DS, de 21 de febrero de 2022, destinada a acelerar el intercambio de datos entre administraciones en beneficio del usuario, que permiten acercarse al usuario. Ya no se trata solo de que las administraciones intercambien la información necesaria para tramitar una solicitud o una declaración de un usuario del servicio público; ahora este intercambio también es posible para «informar a las personas sobre su derecho a beneficiarse de una prestación o ventaja (…) y para concederles eventualmente dichas prestaciones o ventajas». Así, asistimos a una auténtica revolución jurídica desencadenada por la irrupción de los datos en el servicio público, que lleva a los derechos «reclamables» (abiertos a petición de las personas) por el camino de los derechos «portátiles» (abiertos automáticamente). Si los derechos de las personas sobre sus datos personales son el núcleo de este sistema de intercambio de datos, cabe preguntarse si las expectativas razonables de las personas afectadas no deberían seguir respetándose una vez que estos datos se han seudonimizado, para su reutilización en beneficio del interés general.

Analizar el teletrabajo desde la perspectiva del servicio público revela la resiliencia de este ante el fenómeno de la digitalización del derecho en nombre del principio de mutabilidad, así como ante la crisis sanitaria en nombre del principio de continuidad. En la práctica, el teletrabajo conlleva cambios espaciotemporales en la prestación del servicio público.

El recurso web ofrece una guía de carácter divulgativo sobre el concepto de la huella de carbono, las pautas para reducir el impacto medioambiental de los equipamientos y usos digitales en la vida diaria, cómo medir la huella medioambiental de la tecnología digital y qué labor desempeñan los agentes reguladores europeos en este ámbito.

El texto analiza las principales cuestiones relativas al Derecho privado de Internet y se dirige a todas aquellas personas que, desde distintos ámbitos, estén interesadas en profundizar en los aspectos más relevantes de la dimensión digital a la luz de las categorías tradicionales: los derechos, la subjetividad jurídica, los bienes, el contrato y la responsabilidad. Los ámbitos examinados son diversos: la comercialización en línea, la responsabilidad de los intermediarios, la comunicación en la web, la circulación de los bienes inmateriales, las plataformas digitales, el tratamiento de datos, la blockchain y los smart contracts, las criptomonedas y los criptoactivos, los big data, los sistemas de inteligencia artificial, los metaversos. Un estilo sencillo y un lenguaje accesible tienen por finalidad favorecer la transversalidad de los saberes. Con un enfoque teórico-práctico, aunque necesariamente interdisciplinar, en el diálogo entre doctrina y jurisprudencia, se proponen soluciones concretas a lo que son y, cada vez más, serán las cuestiones jurídicamente relevantes en las futuras sociedades digitales. El tratamiento tiene en cuenta la normativa de referencia más reciente, como el Digital Services Act (DSA), el Digital Markets Act (DMA), el Data Governance Act (DGA) y el Data Act (DA), así como los primeros intentos de regulación de la Inteligencia Artificial (AI Act).

La obra analiza las implicaciones jurídicas del fenómeno digital en sus manifestaciones más relevantes, examinando los nuevos bienes surgidos de las tecnologías informáticas, entre ellos el software, las bases de datos, los motores de búsqueda, las plataformas digitales, los macrodatos y las redes sociales. Asimismo, aborda cuestiones de especial actualidad como la inteligencia artificial, las criptomonedas y el metaverso, estudiando tanto sus perfiles conceptuales como su régimen normativo. El volumen presta también atención a los contratos más habituales en el entorno digital, a las distintas modalidades de prestación de servicios informáticos y de comunicación publicitaria, y a los principios relativos a la protección de datos personales y a la responsabilidad civil derivada de ilícitos cometidos a través de redes de comunicación electrónica.

El documento de Pietro Monti analiza, con enfoque sistemático y divulgativo, el proceso de construcción de los servicios públicos en línea basados en la identidad digital, destacando su función estratégica en la modernización administrativa. Examina los modelos de identificación electrónica, los niveles de autenticación, los requisitos de seguridad y las implicaciones organizativas para las administraciones públicas. Se subraya la necesidad de garantizar interoperabilidad, protección de datos personales, fiabilidad tecnológica y accesibilidad universal. El texto enfatiza que la identidad digital no es solo un instrumento técnico, sino un elemento estructural de la ciudadanía digital, destinado a facilitar el acceso eficiente, seguro y homogéneo a los servicios públicos, mejorar la calidad administrativa y reforzar la confianza del ciudadano en el entorno digital.

El artículo analiza cómo las comunidades de Carolina del Norte están adoptando tecnologías inteligentes para mejorar servicios públicos, participación ciudadana y sostenibilidad. Se destacan iniciativas como sensores para inundaciones, medidores inteligentes y redes de colaboración entre gobiernos, universidades y empresas. El enfoque está en crear ecosistemas digitales inclusivos, con planes estratégicos, acceso a banda ancha y herramientas de análisis de datos que permitan una gestión eficiente y equitativa.