Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
El vídeo explica cómo los ciudadanos pueden acceder a registros públicos en Florida a través de plataformas en línea. Se detallan los tipos de registros disponibles, como certificados de nacimiento, licencias de matrimonio, registros judiciales y de propiedad. También se mencionan las agencias responsables y los pasos para realizar solicitudes. El contenido promueve la transparencia gubernamental y el derecho de los ciudadanos a consultar información pública de forma digital.
Yu-Ru Lin, Beth Schwanke, Rosta Farzan, Bonnie Fan, Motahhare Eslami, Hong Shen, Sarah Fox | 2023
El informe presenta los resultados de una encuesta realizada en el condado de Allegheny (Pensilvania) sobre el conocimiento, experiencias y actitudes de la ciudadanía respecto al uso de algoritmos en la administración pública. Aunque solo el 8% de los encuEstados sabía de su existencia, más de la mitad reconoció que estos sistemas impactaban en su vida diaria. Las principales preocupaciones fueron la falta de transparencia, la escasa participación pública y el acceso de terceros a los datos. La confianza en los algoritmos varió según el sector: se aceptaban más en transporte, pero generaban fuerte rechazo en justicia penal y servicios sociales. Los grupos históricamente marginados mostraron mayor conciencia y desconfianza hacia estas herramientas.
Zooming In: Courtrooms and Defendants’ Rights during the COVID-19 Pandemic
Esther Nir, Jennifer Musial | 2022
El artículo analiza cómo la pandemia de COVID-19 obligó a trasladar numerosos procesos judiciales penales a entornos virtuales, afectando de manera significativa a los derechos de los acusados. A partir de la observación de 396 horas de juicios en línea en Nueva Jersey, se identificaron problemas como fallos técnicos, dificultades para comunicarse con la defensa, pérdida de solemnidad, retrasos procesales y una menor transparencia pública. Estas carencias agravaron desigualdades ya existentes, especialmente para personas de bajos recursos o encarceladas, limitando su derecho a un juicio justo, a la asistencia letrada efectiva y a un proceso ágil y equitativo.
ACLU of Massachusetts Technology for Liberty Program (ft. Kade Crockford) | Inside Politicz #45
Inside Politicz | 2020
El episodio aborda el trabajo del Technology for Liberty Program de la ACLU de Massachusetts, centrado en garantizar que los avances tecnológicos no vulneren derechos fundamentales. Se destacan logros como el caso Carpenter v. United States, que obligó a las autoridades a obtener orden judicial para rastrear móviles. El programa combate la vigilancia masiva (drones, reconocimiento facial, rastreo digital) y promueve transparencia en el sistema judicial mediante el proyecto Data for Justice. Crockford subraya que la privacidad no está muerta: es un problema político que requiere leyes estrictas frente al poder corporativo y estatal para proteger derechos digitales.
La página explica que en el Estado de Washington la Public Records Act exige que las agencias gubernamentales preserven los registros públicos, incluidos los generados en redes sociales y sus metadatos. Detalla lineamientos para capturar, almacenar y retener contenido de redes sociales en cumplimiento de la ley estatal, y cita precedentes judiciales que han confirmado que los metadatos son considerados parte de los registros públicos.
Regula la participación pública en el desarrollo y modificación de planes comprehensivos y normas de planificación urbana en ciudades y condados. Establece requisitos para notificar propuestas, recibir comentarios escritos y públicos, registrar audiencias, documentar cómo se atendieron opiniones y garantizar inclusión de comunidades diversas. Incluye disposiciones sobre negociación con tribus indígenas y asegura que errores formales no invaliden los planes si el espíritu del proceso se cumplió.
COMMONWEALTH OFFICE OF DIGITAL EXPERIENCE – Who we are – Our work
Commonwealth Office of Digital Experience | 2023
El Commonwealth Office of Digital Experience (CODE PA) trabaja para mejorar los servicios en línea y facilitar la interacción de los ciudadanos con el gobierno de Pensilvania, ofreciendo soluciones simples, seguras y eficientes. Con la introducción de esta sección, el Estado de Pensilvania pretende mejorar sus servicios digitales de cara al público, desarrollando su infraestructura para ofrecer formas más fáciles e innovadoras para que los habitantes de Pensilvania se conecten con los recursos gubernamentales.
Pennsylvania Creates Digital Experience Office for Resident Services
Jule Pattison-Gordon | 2023
Pennsylvania ha creado la Commonwealth Office of Digital Experience (CODE PA) para mejorar los servicios estatales en línea, buscando mayor accesibilidad, simplicidad y coherencia. El objetivo es unificar procesos digitales, permitir aplicaciones integradas para múltiples servicios y garantizar que los sitios sean claros, multilingües y compatibles con móviles y computadoras. El equipo incluirá diseñadores UX, ingenieros y científicos de datos que colaborarán entre agencias y con la U.S. Digital Service. CODE PA busca facilitar el acceso a trámites y beneficios sin reemplazar los servicios presenciales, promoviendo una experiencia digital más eficiente, segura y centrada en el usuario, adaptada a las necesidades de todos los residentes.
Local governments could save millions if public notice requirements change. Newspapers oppose the move.
Min Xian | 2024
En Pensilvania, grupos de gobiernos locales buscan actualizar una ley de 1976 que obliga a publicar avisos públicos en periódicos locales. Dos proyectos de ley en la Cámara y el Senado permitirían avisos digitales, pero enfrentan fuerte oposición de la Pennsylvania NewsMedia Association, que defiende la impresión como medio confiable y accesible, especialmente donde la banda ancha es limitada. Los defensores argumentan que la publicación en internet aumentaría el alcance, reduciría costos —estimados en al menos 23 millones de dólares anuales— y fomentaría la creación de sitios web municipales, mejorando la transparencia. Un tercer proyecto estudiaría el impacto económico de los avisos legales en periódicos.
El texto analiza el debate sobre los neurorights, especialmente el derecho a la privacidad mental ante el avance de tecnologías de lectura cerebral y digital. Advierte que los riesgos de invasión de la mente no son exclusivos de las neurotecnologías, sino que también provienen de sistemas digitales capaces de inferir datos mentales. Propone ampliar las protecciones de privacidad ya existentes, en lugar de crear derechos específicos centrados solo en el cerebro. Concluye que es esencial diseñar marcos coherentes que aborden tanto el acceso digital como neurotecnológico a datos mentales en un entorno digital cada vez más interconectado.