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Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 sur l’espace numérique : durcissement des mesures de retrait et de blocage des contenus illicites en ligne
Anne-Sophie Chavent-Leclère | 2025
La libertad de expresión en un espacio digital anónimo y sin fronteras tiene como contrapartida una mayor visibilidad de los contenidos ilícitos, cuya fuente a menudo es difícil de rastrear. Fruto de la entrada en vigor del Reglamento europeo de Servicios Digitales, la Ley n.º 2024-449, de 21 de mayo de 2024, destinada a proteger y regular el espacio digital (Ley SREN) continúa reforzando el arsenal de medidas de retirada y bloqueo de contenidos ilícitos y aumenta considerablemente las competencias de las autoridades administrativas en materia de sanciones pecuniarias. En particular, se refuerza el dispositivo de retirada, bloqueo y desindexación de contenidos ilícitos. Asimismo, se crean nuevas medidas de protección de los menores contra el acceso a contenidos pornográficos.
Comment préserver nos démocraties entre réseaux sociaux, intelligence artificielle et ingérences étrangères dans le processus électoral? – À propos de l’annulation du scrutin présidentiel en Roumanie
Vincent Doebelin | 2025
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha anulado recientemente los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras constatar irregularidades masivas. El tribunal constitucional, basándose en información publicada por los servicios de inteligencia, denunció la existencia de injerencias extranjeras a favor de un candidato prorruso, en particular en las redes sociales. Se habría constatado incluso un uso masivo de la inteligencia artificial durante la campaña electoral. Ante las amenazas reales que plantea el uso malintencionado de estas herramientas, nuestras democracias parecen hoy especialmente vulnerables. Esta decisión ilustra la dificultad de los poderes públicos para hacer frente a los posibles efectos negativos del uso de las herramientas digitales, en particular en período electoral, también en Francia. Ello exige la continuación de políticas públicas ambiciosas, especialmente a nivel europeo, en un contexto geopolítico particularmente tenso.
Arkansas ha aprobado leyes que regulan el uso de tecnología deepfake, especialmente en contenidos sexuales explícitos y comunicaciones políticas. La normativa busca proteger a los ciudadanos frente a la manipulación digital no consensuada, incluyendo la creación de material íntimo falso y la desinformación electoral. Estas leyes forman parte de un esfuerzo nacional por equilibrar la libertad de expresión con la protección de derechos individuales frente a los riesgos de la inteligencia artificial.
Mississippi College suspends 2 employees over social media posts. Here’s what we know
Bonnie Bolden | 2025
El artículo informa sobre la suspensión de dos empleados de Mississippi College por realizar publicaciones consideradas inapropiadas en redes sociales, tras la muerte del activista Charlie Kirk. La institución alegó que los comentarios eran contrarios a sus valores. El caso se enmarca en una tendencia nacional de sanciones laborales por expresiones en línea. También se menciona un despido similar en Ole Miss, lo que plantea debates sobre límites entre expresión personal y responsabilidad profesional.
El artículo advierte que las propuestas legislativas en Connecticut para restringir el uso de redes sociales, bajo la justificación de proteger a los menores, amenazan gravemente la libertad de expresión. Requerir verificación de edad e identidad limita el anonimato y expone a usuarios a riesgos de privacidad y ciberseguridad. Además, podría excluir a comunidades marginadas sin documentos oficiales y empujar a las plataformas a censurar contenidos, creando espacios digitales empobrecidos. Los tribunales en otros Estados ya han bloqueado leyes similares por violar la Primera Enmienda. El texto enfatiza que estas medidas convierten internet en un espacio restrictivo, contrario a su esencia abierta.
Florida teachers face scrutiny over online political posts; freedom of speech protected with limitat
FOX 35 Orlando | 2025
El vídeo informa sobre la advertencia del comisionado de educación de Florida a los docentes que publican comentarios políticos en redes sociales, especialmente tras la muerte del activista Charlie Kirk. Se señala que los educadores podrían enfrentar sanciones por publicaciones consideradas inapropiadas. El caso plantea el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito educativo y el equilibrio entre derechos individuales y normas profesionales.
United States Court of Appeals, Ninth Circuit. | 2025
El Noveno Circuito resolvió en 2025 el caso Project Veritas v. Oregon, confirmando la constitucionalidad de la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones sin informar a todos los participantes (Oregon Rev. Stat. § 165.540(1)(c)). El tribunal aplicó el test de “intermediate scrutiny” y concluyó que la norma es neutral en cuanto al contenido, persigue un interés gubernamental importante (proteger la privacidad conversacional) y está redactada de manera ajustada. Asimismo, consideró que la ley no es excesivamente amplia y permite alternativas suficientes para la labor periodística.
Murphy signs bill to end most online publication of public notices on NJ news sites
Katie Sobko | 2025
El gobernador Phil Murphy firmó una ley que elimina la obligación de publicar avisos legales en periódicos impresos de Nueva Jersey, práctica vigente por décadas. Desde el 1 de marzo de 2026, los gobiernos estatales y locales deberán publicar estos avisos en sus sitios web oficiales, con enlaces visibles en la página principal y acceso gratuito. Se mantendrá un archivo por un año a partir de julio de 2026. Hasta entonces, la publicación será opcional y coexistirá con anuncios digitales en medios. Aunque busca adaptarse al declive de la prensa impresa, críticos señalan que la medida reduce la transparencia gubernamental.
NJ Supreme Court rules against challenge to publishing restrictions
Colleen O'Dea | 2025
La Corte Suprema de Nueva Jersey falló en contra de un periodista que buscaba publicar la dirección y teléfono de un director de policía obtenidos legalmente, citando Daniel’s Law, que protege la privacidad de ciertos funcionarios públicos. La ley busca resguardar a jueces, fiscales y oficiales de policía tras incidentes violentos contra sus familias. Si bien el fallo permite informar sobre asuntos de interés público, restringe datos específicos de residencia, lo que expertos en libertad de prensa consideran que limita el periodismo de vigilancia y erosiona la confianza pública. La decisión destaca el conflicto entre seguridad y transparencia.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación