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El proyecto SB 214, denominado Stop Social Media Censorship Act, propone responsabilizar civilmente a plataformas de redes sociales que censuren deliberadamente contenido de usuarios sobre política o religión: impide “fact check”, eliminación o uso de algoritmos para desfavorecer o “shadow ban” ese tipo de discurso. Establece daños reales y sanciones mínimas por violación, obligación de restaurar contenido si se solicita, y excepciones para discurso que incite violencia, pornografía o contenido perjudicial para menores.
El estatuto ORS 336.477 de Oregón reconoce que los estudiantes de secundaria tienen derecho a ejercer la libertad de expresión y de prensa en medios escolares patrocinados, incluso si esos medios no son financiados por la escuela. Se permite que los estudiantes definan el contenido noticioso u opinativo, con límites: no pueden publicar difamaciones, invasión de privacidad injustificada, violar leyes aplicables, ni incitar a actos ilegales o interrupciones sustanciales. Los estudiantes afectados o sus tutores pueden iniciar acciones civiles, y los distritos escolares deben adoptar políticas escritas que regulen el tiempo, lugar y modo de la expresión
Esta página expone la política de la Universidad Estatal de Oregón (OSU) sobre libertad de expresión, reconociendo el derecho constitucional al discurso incluso si es ofensivo. Regula el “tiempo, lugar y modo” del ejercicio del discurso en espacios físicos y digitales de la universidad, definiendo “áreas públicas digitales”, moderación neutral, y los límites al discurso no protegido. También fija mecanismos de apelación y sanciones institucionales
United States Court of Appeals, Ninth Circuit. | 2025
El Noveno Circuito resolvió en 2025 el caso Project Veritas v. Oregon, confirmando la constitucionalidad de la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones sin informar a todos los participantes (Oregon Rev. Stat. § 165.540(1)(c)). El tribunal aplicó el test de “intermediate scrutiny” y concluyó que la norma es neutral en cuanto al contenido, persigue un interés gubernamental importante (proteger la privacidad conversacional) y está redactada de manera ajustada. Asimismo, consideró que la ley no es excesivamente amplia y permite alternativas suficientes para la labor periodística.
Murphy signs bill to end most online publication of public notices on NJ news sites
Katie Sobko | 2025
El gobernador Phil Murphy firmó una ley que elimina la obligación de publicar avisos legales en periódicos impresos de Nueva Jersey, práctica vigente por décadas. Desde el 1 de marzo de 2026, los gobiernos estatales y locales deberán publicar estos avisos en sus sitios web oficiales, con enlaces visibles en la página principal y acceso gratuito. Se mantendrá un archivo por un año a partir de julio de 2026. Hasta entonces, la publicación será opcional y coexistirá con anuncios digitales en medios. Aunque busca adaptarse al declive de la prensa impresa, críticos señalan que la medida reduce la transparencia gubernamental.
NJ Supreme Court rules against challenge to publishing restrictions
Colleen O'Dea | 2025
La Corte Suprema de Nueva Jersey falló en contra de un periodista que buscaba publicar la dirección y teléfono de un director de policía obtenidos legalmente, citando Daniel’s Law, que protege la privacidad de ciertos funcionarios públicos. La ley busca resguardar a jueces, fiscales y oficiales de policía tras incidentes violentos contra sus familias. Si bien el fallo permite informar sobre asuntos de interés público, restringe datos específicos de residencia, lo que expertos en libertad de prensa consideran que limita el periodismo de vigilancia y erosiona la confianza pública. La decisión destaca el conflicto entre seguridad y transparencia.
Privacy protection shouldn’t come at free speech’s expense
Caitlin Vogus | 2024
El fallo federal que respalda la constitucionalidad de “Daniel’s Law” en Nueva Jersey permite restringir la publicación de direcciones y números privados de funcionarios públicos. La ley protege a jueces, fiscales y policías ante amenazas, pero limita la investigación periodística sobre registros de residencia y posibles irregularidades. El periodista Charlie Kratovil ha apelado, argumentando que la ley viola la Primera Enmienda al permitir que el gobierno decida qué información se puede publicar. Aunque la ley busca proteger la privacidad, expertos advierten que reducir la exigencia constitucional puede dar al gobierno un poder excesivo para censurar información veraz sobre funcionarios.
Battles Intensify Over Social Media Bans and Free Speech
Michael Barbella | 2023
La Primera Enmienda protege la libertad de expresión del gobierno, pero no se aplica a empresas privadas como las redes sociales. Mark S. Weiner, profesor de la Escuela de Derecho de Rutgers en Newark (Nueva Jersey), explica que las plataformas sociales tienen poder irrestricto para regular contenido según consideren apropiado. Elon Musk comparó Twitter con una plaza pública moderna, defendiendo políticas más permisivas. Sin embargo, tras su adquisición, aumentaron los discursos de odio significativamente. Estados como Florida y Texas han intentado regular estas plataformas, pero enfrentan desafíos constitucionales, ya que restringir la moderación de contenido puede violar los derechos de Primera Enmienda de las propias empresas.
New York signs parental control of ‘addictive’ social media feeds into law
Kari Paul | 2024
Nueva York aprobó dos leyes para proteger a menores en redes sociales: la Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, que limita el contenido recomendado por algoritmos a publicaciones de cuentas seguidas y bloquea notificaciones nocturnas sin consentimiento parental, y otra que regula la recolección, uso y venta de datos de menores de 18 años. La implementación dependerá de reglas elaboradas por la fiscal general estatal, con un plazo de 180 días para que las plataformas cumplan. La legislación busca reducir la adicción y proteger la salud mental infantil, aunque enfrenta críticas por posibles conflictos con la libertad de expresión.
El artículo advierte que las propuestas legislativas en Connecticut para restringir el uso de redes sociales, bajo la justificación de proteger a los menores, amenazan gravemente la libertad de expresión. Requerir verificación de edad e identidad limita el anonimato y expone a usuarios a riesgos de privacidad y ciberseguridad. Además, podría excluir a comunidades marginadas sin documentos oficiales y empujar a las plataformas a censurar contenidos, creando espacios digitales empobrecidos. Los tribunales en otros Estados ya han bloqueado leyes similares por violar la Primera Enmienda. El texto enfatiza que estas medidas convierten internet en un espacio restrictivo, contrario a su esencia abierta.
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