Referencias documentales

El artículo explica que una nueva ley de Virginia entró en vigor limitando a los menores a una hora diaria de uso de redes sociales, salvo que un padre autorice más tiempo mediante verificación de edad. La normativa, firmada por el gobernador Glenn Youngkin, exige que las plataformas identifiquen si un usuario es menor y apliquen los límites correspondientes. Sus defensores sostienen que busca establecer controles para reducir la exposición de los jóvenes a los efectos negativos del uso excesivo de redes sociales. La medida llega en un contexto en el que varios estados intentan regular el uso de redes sociales por parte de menores. La ley enfrenta una impugnación judicial presentada por NetChoice, que argumenta que la regulación es inconstitucional. Otros estados han tenido resultados diversos en la implementación de leyes similares.

El artículo explica que, a partir del 1 de enero de 2026, Virginia aplica una nueva ley que limita a una hora diaria el uso de redes sociales para menores de 16 años, salvo que un progenitor otorgue un consentimiento verificable. Las plataformas deben identificar la edad de los usuarios mediante métodos razonables y usar cualquier dato recogido exclusivamente para verificación de edad. La norma forma parte de una actualización de la Consumer Data Protection Act del estado. Sus defensores afirman que la medida busca reducir la exposición excesiva a redes sociales y mejorar la salud mental juvenil. La ley enfrenta una demanda de grupos de la industria tecnológica que argumentan preocupaciones de libertad de expresión. El artículo también ofrece consejos prácticos para que las familias fomenten hábitos digitales saludables.

El artículo explica que, ante la creciente integración de inteligencia artificial en el gobierno estatal, la jefa de privacidad de Carolina del Norte, Martha Wewer, considera que la clasificación de datos es el paso fundamental para adoptar la tecnología de forma segura. Wewer, quien asumió el cargo en mayo de 2025, lidera un proyecto para identificar y clasificar los datos estatales según su sensibilidad, ubicación y posibles riesgos, con el fin de determinar qué conjuntos pueden usarse en sistemas de IA, cuáles requieren anonimización y cuáles no son adecuados. También destaca que el gobernador Josh Stein firmó una orden ejecutiva para crear un marco estatal de IA, un consejo de liderazgo y un acelerador dentro del Departamento de Tecnología, reforzando la prioridad gubernamental de un uso seguro y confiable de la IA. Wewer subraya que una clasificación adecuada permitirá evitar filtraciones de datos sensibles y mejorar la coordinación entre agencias, que ya protegen la información pero requieren procesos más estandarizados para afrontar los desafíos de la IA.

El artículo informa que el 5 de febrero de 2026 Carolina del Sur aprobó la Age-Appropriate Code Design (SC AACD), convirtiéndose en el quinto estado en adoptar un código de diseño apropiado para menores. La ley entró en vigor inmediatamente y establece estrictos requisitos de privacidad y seguridad para servicios en línea razonablemente accesibles a menores, incluyendo un deber de cuidado en el diseño, límites en el uso de datos y obligaciones de evaluación. Asimismo, impone responsabilidad civil significativa, con posibilidad de daños triplicados y responsabilidad personal para empleados por violaciones dolosas. La norma enfrenta ya un desafío legal por parte de una asociación del sector. El texto también explica que el alcance del SC AACD se basa en criterios de conocimiento efectivo de la edad del usuario o de si un servicio está dirigido a menores bajo COPPA, lo que lo hace más estrecho que otros códigos estatales.

El artículo detalla que, tras siete años de debates legislativos, Oklahoma está a punto de aprobar una ley integral de privacidad. El 19 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto SB 546 por 84-4, adoptando un texto de compromiso que se alinea principalmente con el modelo de la Virginia Consumer Data Protection Act. La norma se aplicaría a empresas que controlen o procesen datos de al menos 100.000 habitantes del estado o 25.000 consumidores si el 50 % de sus ingresos proviene de la venta de datos. Incluye derechos de acceso, supresión y exclusión de publicidad dirigida, así como evaluaciones de impacto para ciertas actividades de tratamiento. Si es promulgada, entrará en vigor el 1 de enero de 2027, con un periodo de subsanación de 30 días y aplicación exclusiva por parte del fiscal general.

El artículo explica que Oklahoma modificó por primera vez desde 2008 su ley de notificación de brechas de datos mediante el proyecto de ley SB 626, cuyas disposiciones entran en vigor el 1 de enero de 2026. La reforma amplía la definición de “información personal” para incluir identificadores electrónicos y datos biométricos como huellas dactilares o escaneos de retina. También introduce la obligación de notificar al fiscal general cuando una brecha afecte a 500 residentes o más, dentro de los 60 días posteriores a la notificación a los individuos.

El informe del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law analiza cómo los sitios web y servicios digitales pueden violar la Ley de Derechos Civiles de EE. UU. al excluir o discriminar a ciertos grupos, especialmente a personas con discapacidades, minorías raciales y comunidades de bajos ingresos. Señala que muchas plataformas digitales no cumplen con los estándares de accesibilidad, lo que limita el acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo. El informe aboga por una regulación más estricta y por el reconocimiento legal de los espacios digitales como “lugares de alojamiento público”.

El artículo informa que el 16 de enero de 2018, el entonces Fiscal General de Delaware, Matt Denn, se unió a una coalición de 22 fiscales generales estatales para presentar una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El objetivo era bloquear la derogación de las normas de neutralidad de la red aprobadas durante la administración Obama. Estas normas impedían que los proveedores de internet bloquearan, ralentizaran o priorizaran contenido en línea. Denn argumentó que la decisión de la FCC era ilegal y perjudicial para consumidores, empresas y la libertad de expresión.

El artículo de Delaware Public Media del 15 de diciembre de 2017 recoge la preocupación de académicos y empresarios de Delaware ante el fin de la neutralidad de la red. Bajo estas normas, los proveedores de internet debían ofrecer acceso igualitario a todos los sitios web. Sin ellas, temen que ciertos contenidos se ralenticen o requieran pagos adicionales para mantener su velocidad. Andrew Groff, consultor tecnológico, advierte que las pequeñas empresas podrían quedar en desventaja frente a grandes corporaciones que puedan pagar por prioridad en la red, afectando la equidad y la innovación.

El informe de NARUC titulado «State Responses to Net Neutrality» analiza cómo los Estados de EE. UU. respondieron a la derogación de las normas federales de neutralidad de la red en 2017. El documento destaca que, ante la falta de regulación federal, muchos Estados —incluido Delaware— tomaron medidas legislativas, ejecutivas o regulatorias para proteger el acceso abierto a internet. Estas acciones incluyeron órdenes ejecutivas, leyes estatales y demandas judiciales. El informe también examina los desafíos legales y técnicos de aplicar normas de neutralidad a nivel estatal.