Fortaleciendo el acceso al conocimiento y el análisis crítico sobre los derechos digitales, este buscador permite explorar de forma ágil una cuidada selección de materiales y documentos, con fuentes confiables y actualizadas.
El informe analiza el Estado del acceso a Internet de banda ancha en Delaware, destacando desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Examina la infraestructura existente, los desafíos técnicos y económicos, y propone estrategias para mejorar la conectividad. El documento subraya la importancia del acceso equitativo a Internet como herramienta para el desarrollo económico, educativo y social, especialmente en comunidades desatendidas.
La Tennessee Broadband Accessibility Act busca mejorar el acceso a Internet en zonas rurales mediante inversión, desregulación y educación. Se destinan 45 millones de dólares en subvenciones y créditos fiscales para fomentar el despliegue de banda ancha. La ley permite a cooperativas eléctricas ofrecer servicios de Internet y financia programas de alfabetización digital en bibliotecas. Su objetivo es cerrar la brecha digital y promover el desarrollo económico y social.
Resolución 32/13 del CDH — Derechos humanos en Internet
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas | 2016
Resolución que reafirma que los mismos derechos que tienen las personas fuera de línea deben protegerse en línea. Insta a los Estados a abstenerse de adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a Internet. Refrendó la doctrina del Relator Especial Frank La Rue sobre la incompatibilidad de los bloqueos de Internet con el artículo 19 del PIDCP.
El informe analiza cómo la revolución digital ha transformado profundamente la sociedad, la economía y la comunicación, y plantea que el acceso universal a redes abiertas y bidireccionales es esencial hoy en día. Describe el principio de neutralidad de la red como la no discriminación en el tratamiento de información, garantizando que usuarios puedan acceder, enviar y recibir datos sin bloqueo ni priorización injustificada. El documento examina el contexto técnico, económico y jurídico del internet abierto, subrayando tensiones entre prácticas no neutras de operadores y los valores de innovación y participación. Propone una definición amplia de neutralidad que abarque redes e infraestructuras, y sugiere que este principio debería integrarse en el marco legal con flexibilidad para adaptarse a la evolución tecnológica y de usos, incorporando servicios de acceso y comunicación que se han vuelto centrales para los usuarios.
La relación entre la norma suprema e Internet resulta de extrema importancia en la era digital. Internet no es una mera una innovación técnica, pues supone una revolución en los modos de vida, de comunicación y de consumo. En términos de libertades individuales y públicas, Internet constituye un elemento ineludible para el ejercicio de la libertad de comunicación e información, pero es también un factor de nuevos riesgos para la protección de la vida privada y de los datos personales. En este contexto, la aproximación entre Internet y la Constitución se ha producido tanto en la afirmación de las grandes libertades garantizadas constitucionalmente, como en la definición de los grandes equilibrios entre las libertades frente a los nuevos riesgos de Internet. La Constitución y la jurisprudencia constitucional han sabido adaptarse al reto digital del siglo XXI, aunque la era digital invita al reconocimiento de nuevos derechos.
Informe del Relator Especial sobre Libertad de Expresión — Acceso a Internet (A/HRC/17/27)
Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión | 2011
Hito normativo fundacional sobre el derecho de acceso a Internet. Afirma que la desconexión intencionada de usuarios es incompatible con el artículo 19 del PIDCP. Sienta la doctrina de que Internet no es un privilegio sino un instrumento de derechos cuya interrupción deliberada constituye una violación del derecho internacional. Refrendado por el Consejo de Derechos Humanos en la Resolución 32/13 (2016).