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El informe explica que España tiene infraestructura digital sólida, con conectividad avanzada (fibra óptica ≈ 95 % y 5G ≈ 95 % de cobertura poblacional) y un alto número de nodos edge, situándose por encima de la media de la UE. La hoja de ruta incluye 67 medidas con ≈ 33,8 mil millones € (≈ 1,68 % del PIB) para 2024–25, focalizadas en digitalización, IA, semiconductores y habilidades digitales. La digitalización de empresas, especialmente pymes, aún está rezagada respecto a objetivos y hay recomendaciones para acelerar la adopción de IA y aumentar especialistas TIC. España ha promovido derechos digitales y protección de menores en línea. Los servicios públicos digitales (Mi Carpeta Ciudadana, DNI digital) están muy desarrollados y la ciudadanía valora la digitalización, así como la lucha contra la desinformación. La transformación digital se vincula también a la ecologización inteligente y a la ciberseguridad.
Suecia cuenta con infraestructura digital sólida (VHCN, FTTP, 5G por encima de la media de la UE) y un ambiente favorable a startups, pero no alcanzará el 100 % de cobertura de fibra por el coste de conectar zonas remotas. La hoja de ruta tiene 40 medidas con un presupuesto de ~€3,5 bn (0,5 % del PIB). Su población tiene altos niveles de habilidades digitales y la mayor proporción de graduados en TIC de la UE, aunque enfrenta retos para mantener el crecimiento de especialistas TIC. Suecia está por debajo de la media de la UE en acceso en línea a historiales médicos electrónicos debido a factores administrativos y legales. El Plan de Recuperación y Resiliencia se orienta a la transición verde, pero los aspectos digitales de la ecologización no destacan. Según el Eurobarómetro 2025, el 85 % valora la digitalización y el 97 % considera importante combatir la desinformación
NH gets broadband money, just not as much as was originally promised
Paul Briand | 2025
New Hampshire recibirá 18,6 millones de dólares del programa federal BEAD para ampliar el acceso a banda ancha, una cifra muy inferior a los 196,5 millones inicialmente previstos. La reducción responde a cambios federales que priorizan proyectos de menor coste, lo que ha disminuido el número de ubicaciones beneficiadas, especialmente en zonas rurales. Aun así, autoridades estatales y federales, de ambos partidos, celebran la financiación como un paso hacia la conectividad universal. El plan aprobado combina fibra, coaxial y satélite, con el objetivo de completar la cobertura en el próximo año. La inversión busca fortalecer el crecimiento económico, el acceso a la educación y la atención sanitaria en comunidades remotas, aunque persisten críticas por el recorte y su posible impacto en la calidad del servicio
A fecha de octubre de 2025, New Hampshire se aproxima a una cobertura casi total de banda ancha, con más del 98% de hogares y negocios con acceso cercano a conexiones de fibra u otras tecnologías, culminando décadas de inversión pública y privada en infraestructura digital. Solo unas 5.000 direcciones, principalmente viviendas aisladas, quedan pendientes de conexión final, generalmente a cargo de proveedores privados o mediante soluciones satelitales como Starlink. La expansión reciente se financió con fondos federales BEAD, que asignaron cerca de 197 millones de dólares al estado. Sin embargo, cambios federales han puesto en duda el uso de aproximadamente 160 millones destinados a iniciativas no relacionadas directamente con despliegue físico, como formación digital y ciberseguridad. Esta incertidumbre afecta los planes estatales para avanzar en equidad digital y desarrollo de capacidades complementarias.
Vermont receives $93 million in federal funds to expand broadband access
Theo Wells-Spackman | 2026
Vermont recibirá 93 millones de dólares en fondos federales para ampliar la red de banda ancha en zonas rurales remotas, acercándose a una cobertura superior al 99% de la población. La financiación procede del programa BEAD y, junto con aportaciones estatales y privadas, supone una inversión total de 162 millones. Una parte significativa se destinará a proveedores municipales de fibra óptica en el Northeast Kingdom, mientras que las direcciones demasiado costosas de conectar por fibra, algunas con costes estimados de hasta 50.000 dólares, serán atendidas mediante internet satelital de órbita baja. Sin embargo, persiste incertidumbre sobre el uso del resto de fondos federales y sobre los criterios de coste impuestos por la administración federal. El debate refleja la tensión entre eficiencia presupuestaria y equidad territorial en el acceso digital.
Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program Final Proposal
The State of Rhode Island: Rhode Island Commerce Corporation | 2025
Rhode Island ha avanzado de forma significativa en la implementación del programa federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) tras la aprobación de su Propuesta Final por la National Telecommunications and Information Administration en diciembre de 2025. La Rhode Island Commerce Corporation actualizó su proceso de selección de subbeneficiarios conforme a la reestructuración del programa, adoptando un enfoque tecnológicamente neutral. Gracias a ello, el Estado prevé cubrir el 100 % de las ubicaciones elegibles con una combinación de fibra óptica, redes inalámbricas fijas y satélite de órbita baja. El nuevo modelo ha permitido reducir en un 86 % el gasto inicialmente previsto, fomentar la entrada de nuevos operadores y promover el desarrollo económico y el empleo, asegurando un acceso fiable y equitativo a internet en todo el territorio.
Informe del Relator Especial sobre Libertad de Expresión — Acceso a Internet (A/HRC/17/27)
Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión | 2011
Hito normativo fundacional sobre el derecho de acceso a Internet. Afirma que la desconexión intencionada de usuarios es incompatible con el artículo 19 del PIDCP. Sienta la doctrina de que Internet no es un privilegio sino un instrumento de derechos cuya interrupción deliberada constituye una violación del derecho internacional. Refrendado por el Consejo de Derechos Humanos en la Resolución 32/13 (2016).
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación