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El documento establece directrices para el uso de modelos de lenguaje generativo por parte de empleados del Estado de Vermont. Se permite su uso en tareas oficiales bajo supervisión, prohibiendo el ingreso de información confidencial o privada. Se enfatiza la responsabilidad del usuario sobre el contenido generado, la necesidad de verificar su veracidad y el cumplimiento de políticas estatales de ética y privacidad. La normativa busca garantizar un uso seguro, ético y transparente de la IA generativa en el entorno público.
El “AI Code of Ethics V1” del Estado de Vermont establece principios para el uso responsable de sistemas de inteligencia artificial en el sector público. Distingue entre sistemas de impacto directo e indirecto, exigiendo mayor control sobre los primeros. Promueve un enfoque centrado en el ser humano, respetuoso con la dignidad y los derechos fundamentales, y alineado con las leyes estatales y federales. Su objetivo es garantizar transparencia, equidad y responsabilidad en el uso de IA por parte del gobierno.
Welch Reintroduces the Digital Integrity in Democracy Act
Peter Welch | 2025
La Digital Integrity in Democracy Act busca responsabilizar a las plataformas de redes sociales que alojan intencionadamente información falsa sobre procesos electorales. Propone una excepción limitada a la inmunidad legal de estas plataformas cuando amplifican desinformación sobre el lugar, fecha o requisitos para votar. El objetivo es proteger el derecho al voto frente a campañas de manipulación digital, sin comprometer la libertad de expresión. La ley refuerza la transparencia y la integridad democrática en el entorno digital.
Another Age-Appropriate Design Code bill passed in Vermont
Casey Yang, Sarah Bruno | 2025
El 12 de junio de 2025, Vermont aprobó la ley VT AADC para proteger a menores frente a prácticas digitales perjudiciales. La normativa impone obligaciones a empresas cuyos servicios en línea puedan ser accedidos por menores de 18 años. Establece criterios para identificar productos dirigidos a menores y otorga al Fiscal General autoridad para investigar y sancionar. También permite acciones legales privadas por violaciones, que se consideran prácticas comerciales desleales bajo la ley de protección al consumidor de Vermont.
Introduced by Representatives Cina of Burlington, Priestley of Bradford, 3 Logan of Burlington, and McGill of Bridport | 2025
El proyecto de ley H.366 de Vermont propone establecer derechos neurológicos para proteger a las personas frente al uso de tecnologías que interfieren con la actividad cerebral. La normativa busca garantizar la privacidad mental, la integridad personal y la autonomía cognitiva, especialmente en contextos laborales y médicos. Introduce principios éticos y legales para regular el desarrollo y uso de neurotecnologías, reconociendo la necesidad de adaptar los derechos fundamentales al avance tecnológico.
Enterprise Use and Development of Generative Artificial Intelligence Policy
Executive Office of Technology Services and Security (EOTSS) | 2025
La política establece requisitos mínimos para el uso y desarrollo de inteligencia artificial generativa por parte de agencias del gobierno de Massachusetts. Reconoce el potencial de la IA para mejorar servicios públicos, pero también los riesgos asociados como el fraude, la desinformación y la discriminación. Introduce principios éticos, medidas de control, y un entorno de pruebas (“AI Sandbox”) para evaluar aplicaciones antes de su implementación. El objetivo es garantizar un uso responsable, transparente y alineado con los valores públicos.
More States Propose Privacy Laws Safeguarding Neural Data
Linda K. Clark, Carson Martinez (Morrison Foerster partner and associate respectively) | 2025
El artículo analiza cómo Estados como Vermont, Connecticut, Massachusetts, Minnesota e Illinois han propuesto leyes para proteger los datos neuronales, uniéndose a iniciativas previas en California y Colorado. Estas leyes buscan regular el uso de tecnologías como interfaces cerebro-computadora, dispositivos portátiles y sistemas de realidad virtual que recopilan información del sistema nervioso. Las propuestas incluyen definiciones ampliadas de datos neuronales, nuevas obligaciones para empresas tecnológicas y mecanismos reforzados de cumplimiento, marcando un avance en la protección de la privacidad mental.
Massachusetts Attorney General Clarifies Position on Artificial Intelligence
Melanie A. Conroy, Kyle J. Glover | 2024
La Fiscal General de Massachusetts, Andrea Campbell, emitió una advertencia oficial indicando que las leyes estatales de protección al consumidor, como el Capítulo 93A, se aplican plenamente a los sistemas de inteligencia artificial. Esto incluye prácticas como publicidad engañosa, fallos de funcionamiento, sesgos no revelados y uso fraudulento de deepfakes o chatbots. La medida busca garantizar que los desarrolladores y proveedores de IA respeten los derechos de los consumidores y cumplan con las normativas de seguridad, privacidad y no discriminación.
Massachusetts Bill Would Codify Cybersecurity, AI Readiness
Ashley Silver | 2025
La Senate Bill 49 de Massachusetts propone establecer un marco legal para la gobernanza estatal en ciberseguridad e inteligencia artificial. Incluye la creación de juntas de control para ambos ámbitos y exige formación anual en ciberseguridad para todos los empleados públicos. La ley busca convertir en legislación permanente medidas previamente adoptadas por orden ejecutiva, como el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos. Su objetivo es reforzar la preparación del Estado frente a amenazas digitales y el uso responsable de tecnologías emergentes.
William Francis Galvin - Secretary of the Commonwealth | 2020
Este documento oficial del Estado de Massachusetts ofrece una guía práctica sobre la Ley de Registros Públicos, incluyendo definiciones, procedimientos y excepciones. Explica cómo los ciudadanos pueden solicitar información a las administraciones públicas, el papel del Responsable de Acceso a los Registros (RAO), y las condiciones bajo las cuales se puede denegar el acceso. Promueve la transparencia y el derecho de los ciudadanos a interactuar digitalmente con las instituciones públicas.