Referencias documentales

El texto aborda la brecha digital en el ámbito sanitario como una manifestación de desigualdad social que afecta especialmente a las personas mayores. A partir de una experiencia personal, se expone cómo la falta de acceso a internet, dispositivos adecuados y competencias digitales limita el uso de la telemedicina, pese a su expansión durante la pandemia. Los estudios citados muestran que las personas mayores de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen menos probabilidades de acceder a servicios digitales de salud, no por falta de voluntad, sino por barreras estructurales y diseños tecnológicos poco inclusivos. El artículo subraya que las políticas públicas pueden reducir estas desigualdades cuando tratan el acceso digital como un bien público, por ejemplo mediante cobertura de telemedicina, formación y diseño accesible. Se defiende un enfoque de justicia social que redistribuya recursos, respete la autonomía de las personas mayores y las incluya en el diseño de sistemas de salud digitales.

El Annual Report 2025 de la Connecticut Commission for Educational Technology expone los avances del Estado en el uso estratégico de la tecnología educativa, alineados con el Plan Estatal de Tecnología Educativa y el Plan de Equidad Digital. El informe destaca la expansión del aprendizaje en línea —utilizado por el 85 % de los distritos—, el crecimiento del portal de recursos educativos abiertos GoOpenCT y los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad financiera de las inversiones tecnológicas. Se subraya también el papel creciente de la inteligencia artificial en educación, junto con la necesidad de proteger los datos del alumnado y evitar sesgos algorítmicos. Un eje central es la equidad digital, gravemente afectada por la cancelación federal del programa de Digital Equity en 2025, que limitó iniciativas de conectividad, formación y apoyo comunitario. Pese a ello, la Comisión reafirma su compromiso con el acceso universal, la privacidad y el uso responsable de la tecnología en educación

Nueva York está construyendo un marco propio de gobernanza digital destinado a reducir su dependencia de las grandes plataformas tecnológicas y reforzar la protección de los datos de sus residentes. A través de iniciativas como la New York Privacy Act, leyes sectoriales sobre datos infantiles y sanitarios, restricciones en la contratación pública de tecnologías de riesgo y la creación de una oficina de activos digitales, la ciudad y el estado avanzan hacia un modelo de control más estricto del poder de las plataformas. Estas medidas imponen consentimiento previo, transparencia radical y mayor control ciudadano sobre la información personal, cuestionando la normalización de la recolección masiva de datos. La estrategia se refuerza con un enfoque institucional coordinado y un liderazgo político más confrontacional con Big Tech, que busca convertir a Nueva York en una “jurisdicción digital segura”. Dado su peso económico y simbólico, este modelo podría influir en otras ciudades y redefinir el equilibrio entre innovación, mercado y derechos digitales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en enero de 2026 un amplio paquete legislativo de seguridad online destinado a proteger a menores y afrontar la crisis de salud mental juvenil. Las propuestas refuerzan la protección frente a depredadores, estafas, plataformas de videojuegos, redes sociales y chatbots de IA. Entre las medidas centrales destaca la Stop Online Predators Act, que impondría verificación de edad, configuraciones de máxima privacidad por defecto, desactivación automática de chats abiertos, limitación de contactos con adultos y control parental reforzado, especialmente para menores de 13 años. El paquete incluye además la prohibición de determinadas funciones adictivas, restricciones a la monetización de datos infantiles, salvaguardas frente a IA generativa dañina y la eliminación de material de abuso sexual infantil generado por IA.

Paolo Balboa, recién nombrado chief digital equity officer de la ciudad, plantea nuevas estrategas para el estado de Nueva York con vistas a mejorar la equidad digital. Balboa subraya que el principal reto no es tanto el acceso a internet como la adopción efectiva de la tecnología, que depende de factores como la confianza, la asequibilidad y el acompañamiento. Defiende un enfoque integral en el que bibliotecas, programas públicos y personal capacitado actúen como “navegadores digitales” para apoyar a colectivos vulnerables. Iniciativas como Big Apple Connect y Liberty Link buscan ofrecer conectividad de alta calidad a residentes de viviendas públicas y asequibles, reforzando además oportunidades económicas y de empleo. La equidad digital se concibe como un ecosistema interconectado, alineado con prioridades de desarrollo económico, vivienda y formación, y con continuidad política ante el cambio de alcaldía, consolidando el papel del sector público como facilitador de inclusión tecnológica.

El Atlantic County Library System creará un laboratorio de alfabetización digital en su sede de Egg Harbor Township gracias a una subvención de 24.500 dólares del programa Expanding Digital Literacy, gestionado por la New Jersey State Library. El nuevo espacio ofrecerá talleres y programas centrados en competencias digitales clave, como preparación para el empleo, alfabetización informática y formación en emprendimiento, además de asesoramiento individualizado. La iniciativa busca reforzar la capacidad de los residentes para desenvolverse en una sociedad cada vez más digitalizada, donde el acceso a la tecnología y a habilidades digitales resulta esencial para la educación, el mercado laboral y la atención sanitaria. Asimismo, el sistema bibliotecario participará en una red estatal de aprendizaje para compartir buenas prácticas y fortalecer la oferta de estos servicios, consolidando a las bibliotecas como actores centrales en la inclusión y equidad digital.

Con la New Jersey Innovation Authority (NJIA), iniciativa del gobernador Phil Murphy, Nueva Jersey se convierte así en el primer estado en consagrar por ley una oficina estatal de innovación, consolidando un modelo basado en diseño centrado en las personas, metodologías ágiles y uso responsable de inteligencia artificial. La nueva autoridad continuará modernizando servicios públicos, reduciendo cargas administrativas y mejorando la eficiencia, con logros recientes como la ampliación del acceso a beneficios sociales, la modernización de centros de llamadas y la simplificación de trámites digitales. La NJIA estará dirigida por un consejo de 13 miembros y coordinará esfuerzos tecnológicos interagenciales, garantizando continuidad institucional más allá de cambios políticos y reforzando el liderazgo estatal en innovación y gobernanza digital.

La New Jersey Data Privacy Act (NJDPA), firmada el 16 de enero de 2024 y en vigor desde el 15 de enero de 2025, establece un marco general de protección de datos para residentes de Nueva Jersey y fija obligaciones para responsables y encargados, aplicable a entidades que operen en el estado o dirijan servicios a sus residentes y superen ciertos umbrales de tratamiento o venta de datos. Reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición (publicidad dirigida, venta y perfiles), e incorpora un principio de minimización ligado a fines legítimos. Exige consentimiento expreso para datos sensibles y prohíbe “patrones oscuros”. Obliga a habilitar vías para solicitudes verificables (45 días, ampliables), prevé evaluaciones de impacto y medidas de seguridad razonables, y manda respetar mecanismos universales de exclusión (como GPC). La ejecución corresponde al Fiscal General, sin acción privada.

La Ciudad de Newark ha sido reconocida por tercer año consecutivo como Digital Inclusion Trailblazer 2025 por la National Digital Inclusion Alliance, en reconocimiento a una estrategia sostenida y estructural para reducir la brecha digital. El galardón destaca especialmente la colaboración multisectorial, la participación directa de los residentes en la recogida de datos y la creación de espacios avanzados donde la juventud integra tecnología con la tradición cultural y artística local. Según su alcalde, Ras J. Baraka, la igualdad real no es posible sin acceso universal a internet asequible y a competencias digitales. El reconocimiento sitúa a Newark como referente nacional en políticas locales de inclusión digital.

La Cámara de Representantes de Pensilvania ha aprobado recientemente (1 de octubre 2025) el Consumer Data Privacy Act (HB 78), una norma que, de ser finalmente adoptada, establecería el primer marco integral de protección de datos personales en el Estado. La ley regula cómo las empresas recopilan, utilizan y protegen los datos de los consumidores, con umbrales de aplicación relativamente bajos que amplían su alcance a un gran número de negocios. Reconoce a los ciudadanos derechos clave como el acceso, rectificación, supresión y obtención de copias de sus datos, así como la oposición a la publicidad dirigida y a la venta de información personal. Introduce exigencias reforzadas para datos sensibles y menores, impone obligaciones de transparencia, evaluaciones de riesgos y medidas de seguridad, y atribuye la potestad sancionadora exclusivamente al Fiscal General, sin acción privada directa, aunque con impacto reputacional relevante.