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A RESOLUTION Urging the Congress of the United States to amend 17 U.S.C. §§ 102 and 107 to protect creative workers against displacement by artificial intelligence technology.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania | 2025
La House Resolution No. 81 de Pensilvania, presentada en febrero de 2025, insta al Congreso de Estados Unidos a modificar las secciones 102 y 107 del Título 17 del Código Federal para proteger a los trabajadores creativos frente al impacto de la inteligencia artificial. La propuesta subraya que solo las obras creadas mayoritariamente por humanos deben ser objeto de derechos de autor, mientras que las generadas principalmente por IA deberían considerarse de dominio público. Además, pide prohibir que el uso de obras con copyright como entrenamiento de IA (“scraping”) se ampare en el “fair use
Governor Shapiro Signs Telemedicine Bill into Law, Expanding Access to Health Care, Especially in Rural Communities
Governor's Press Office | 2024
En abril de 2025, el gobernador Josh Shapiro firmó la SB 739, ley que amplía el acceso a la telemedicina en Pensilvania. La norma obliga a aseguradoras y planes de salud a cubrir servicios médicos ofrecidos por telemedicina del mismo modo que la atención presencial, siempre que se cumpla el estándar de calidad. También fija reglas de accesibilidad para Medicaid y CHIP. La medida busca responder a la crisis de cierres de hospitales rurales y reducir barreras de costo y desplazamiento. Con apoyo bipartidista, la ley establece un marco legal claro que garantiza cobertura y acceso equitativo en todo el Estado.
Pennsylvania Broadband Development Authority | 2024
La Digital Equity Act asignó 2.750 millones de dólares a la NTIA para impulsar tres programas de subvenciones que promuevan la inclusión digital y la igualdad de acceso. Estos fondos buscan garantizar que comunidades vulnerables —hogares de bajos ingresos, personas mayores, veteranos, personas con discapacidades, minorías raciales y residentes rurales— adquieran las competencias y la tecnología necesarias para aprovechar la economía digital. Los programas son: el State Digital Equity Planning Grant (60 millones para planes estatales), el Digital Equity Capacity Program (1.440 millones en tres fases, con más de 25 millones disponibles para Pensilvania en 2024) y el Competitive Grant Program (1.250 millones).
L’intelligence artificielle et les risques pour les libertés fondamentales
Pauline Türk | 2025
El artículo se centra en el análisis de los riesgos que entraña el uso de la inteligencia artificial. En primer lugar, se centra en el propio concepto de IA, analizando todos sus contornos. Posteriormente divide su estudio en dos partes, que a su vez se dividen en dos secciones. En la primera se centra en las posibles injerencias sobre la esfera de la intimidad de los individuos que puede suponer el uso de la IA. Seguidamente, se centra más en la esfera pública. Así, analiza los riesgos sobre las garantías encesarias en una democracia y las posibles infracciones de libertades públicas. En la segunda parte se dedica al estudio de la actual regulación de la IA contenida en el Reglamento europeo de 2024. Ahí se interesa especialmente por su enfoque preventivo y ético.
Plateformes en ligne et modération des contenus : la liberté d’expression à l’épreuve du concept d’évidence
Nathalie Mallet-Poujol | 2025
La multiplicación en Internet de mensajes a menudo anónimos, llenos de odio o desinformación, principalmente a través de las redes sociales, sitúa el tema de su moderación en el centro del debate. Los proveedores técnicos de acceso y alojamiento son ahora los nuevos auxiliares de la publicación, en lugar de los impresores y vendedores ambulantes. La moderación previa notificación —o moderación ex post— frente a contenidos manifiestamente nocivos se ha complementado con la DSA mediante una moderación masiva, espontánea o previa denuncia, para las grandes plataformas, con respecto a contenidos manifiestamente prohibidos. La primera parte de este estudio se centra en los mecanismos de moderación de los contenidos de odio en línea manifiestamente ilícitos, por un lado, y los contenidos que requieren un olvido digital, manifiestamente perjudiciales, por otro.
Vademecum des moyens de droit pour lutter contre la diffusion en ligne d’hypertrucages visuels ou sonores générés par un traitement algorithmique, communément appelés deepfakes
Claire Poirson y Marie Sirot | 2025
El presente artículo ofrece una primera interpretación destinada a los profesionales del derecho sobre los fundamentos y las acciones emprendidas en Francia para retirar un deepfake difundido a través de un servicio de comunicación pública en línea, exigir responsabilidades a los distintos actores implicados y obtener una indemnización.
La police de la désinformation à l’épreuve des deepfakes
Kassandra Goni | 2025
El marco jurídico francés parece hoy en día inadecuado para luchar contra la desinformación difundida por los deepfakes, esos vídeos y/o audios hiperfalsificados generados por inteligencia artificial, que a veces se utilizan para influir o desestabilizar un proceso democrático. La prevención de esta desinformación sigue siendo limitada y se basa, por un lado, en la reciente creación de una policía de sistemas de inteligencia artificial y en la aplicación del marco preventivo existente relativo a la manipulación de la información. Por otro lado, se basa en un refuerzo de la regulación institucional, garantizada esencialmente por la Arcom, cuya eficacia depende, sin embargo, de la cooperación de las plataformas digitales en un marco de autorregulación. Así, la legislación, aún vacilante, tiene dificultades para dar una respuesta adecuada a los retos que plantean estos contenidos generados por la inteligencia artificial y sus posibles repercusiones en los procesos democráticos.
Lutte contre les contenus illicites en ligne : la mutation de la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires
Anne-Sophie Chavent-Leclère | 2025
Bajo la influencia de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la ley del 21 de mayo de 2024, la responsabilidad de los proveedores de servicios intermedios está evolucionando hacia un modelo casi represivo. Este cambio tiene por objeto reforzar las obligaciones de diligencia con sanciones económicas disuasorias en caso de incumplimiento. Se basa en la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM) para garantizar una regulación eficaz.
La protection des mineurs en ligne : l’évaluation des risques et la vérification de l’âge au coeur des régulations au sein de l’Union européenne et au Royaume-Uni
Samira Anfi | 2025
La protección de los menores se impone como un eje central de la regulación digital tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. El año 2025 ha visto la materialización de las grandes leyes adoptadas en los últimos años en materia de regulación digital, entre las que destacan el Reglamento Europeo sobre Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que se basan en una lógica de evaluación de riesgos por parte de los proveedores de servicios en línea que pueden ser utilizados por niños y adolescentes. Entre las medidas de mitigación de riesgos recomendadas por los reguladores, la más emblemática es la de verificar la edad de los usuarios para acceder a servicios en línea potencialmente perjudiciales para los menores. Por ello, el pasado 14 de julio, la Comisión Europea publicó sus directrices para «ayudar a los proveedores de plataformas a aplicar estas medidas de protección de los menores».
La loi SREN : un texte de plus au millefeuille numérique, so frenchy!
Nathalie Martial-Braz | 2024
Tras pasar por el filtro del Consejo Constitucional (Cons. const., 17 de mayo de 2024, n.º 2024-866 DC), la Ley destinada a proteger y regular el espacio digital ha sido validada en la mayoría de sus disposiciones. Entre las diferentes cuestiones que aborda el texto, la protección de las partes supuestamente débiles en el entorno digital parece ser un primer punto esencial (menores, ciudadanos, jugadores). La búsqueda de cierta forma de eficacia (de la gobernanza, de los mercados digitales y de la competencia, o del control de la economía de los datos) constituye el segundo reto del texto y ello se traduce en la regulación proyectada.