Referencias documentales

Diversos estados de EE. UU. están reforzando la supervisión de los chatbots de IA utilizados en contextos de salud mental tras varios suicidios vinculados a interacciones con estas herramientas. Legisladores y expertos advierten que, aunque los chatbots pueden ofrecer recursos o derivaciones, no sustituyen la atención de profesionales licenciados y pueden generar una peligrosa “falsa intimidad”, especialmente en menores. En Nueva York y Utah exigen avisos claros de que no son humanos y la derivación a líneas de crisis ante indicios de autolesión. Pese a intentos federales de limitar la regulación estatal, las iniciativas avanzan para imponer salvaguardas, transparencia y límites funcionales. Organismos como la Federal Trade Commission investigan prácticas empresariales, y compañías como OpenAI afirman estar incorporando medidas de seguridad, en un debate marcado por la protección de menores y la responsabilidad algorítmica.

Paolo Balboa, recién nombrado chief digital equity officer de la ciudad, plantea nuevas estrategas para el estado de Nueva York con vistas a mejorar la equidad digital. Balboa subraya que el principal reto no es tanto el acceso a internet como la adopción efectiva de la tecnología, que depende de factores como la confianza, la asequibilidad y el acompañamiento. Defiende un enfoque integral en el que bibliotecas, programas públicos y personal capacitado actúen como “navegadores digitales” para apoyar a colectivos vulnerables. Iniciativas como Big Apple Connect y Liberty Link buscan ofrecer conectividad de alta calidad a residentes de viviendas públicas y asequibles, reforzando además oportunidades económicas y de empleo. La equidad digital se concibe como un ecosistema interconectado, alineado con prioridades de desarrollo económico, vivienda y formación, y con continuidad política ante el cambio de alcaldía, consolidando el papel del sector público como facilitador de inclusión tecnológica.

El Atlantic County Library System creará un laboratorio de alfabetización digital en su sede de Egg Harbor Township gracias a una subvención de 24.500 dólares del programa Expanding Digital Literacy, gestionado por la New Jersey State Library. El nuevo espacio ofrecerá talleres y programas centrados en competencias digitales clave, como preparación para el empleo, alfabetización informática y formación en emprendimiento, además de asesoramiento individualizado. La iniciativa busca reforzar la capacidad de los residentes para desenvolverse en una sociedad cada vez más digitalizada, donde el acceso a la tecnología y a habilidades digitales resulta esencial para la educación, el mercado laboral y la atención sanitaria. Asimismo, el sistema bibliotecario participará en una red estatal de aprendizaje para compartir buenas prácticas y fortalecer la oferta de estos servicios, consolidando a las bibliotecas como actores centrales en la inclusión y equidad digital.

Con la New Jersey Innovation Authority (NJIA), iniciativa del gobernador Phil Murphy, Nueva Jersey se convierte así en el primer estado en consagrar por ley una oficina estatal de innovación, consolidando un modelo basado en diseño centrado en las personas, metodologías ágiles y uso responsable de inteligencia artificial. La nueva autoridad continuará modernizando servicios públicos, reduciendo cargas administrativas y mejorando la eficiencia, con logros recientes como la ampliación del acceso a beneficios sociales, la modernización de centros de llamadas y la simplificación de trámites digitales. La NJIA estará dirigida por un consejo de 13 miembros y coordinará esfuerzos tecnológicos interagenciales, garantizando continuidad institucional más allá de cambios políticos y reforzando el liderazgo estatal en innovación y gobernanza digital.

La New Jersey Data Privacy Act (NJDPA), firmada el 16 de enero de 2024 y en vigor desde el 15 de enero de 2025, establece un marco general de protección de datos para residentes de Nueva Jersey y fija obligaciones para responsables y encargados, aplicable a entidades que operen en el estado o dirijan servicios a sus residentes y superen ciertos umbrales de tratamiento o venta de datos. Reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición (publicidad dirigida, venta y perfiles), e incorpora un principio de minimización ligado a fines legítimos. Exige consentimiento expreso para datos sensibles y prohíbe “patrones oscuros”. Obliga a habilitar vías para solicitudes verificables (45 días, ampliables), prevé evaluaciones de impacto y medidas de seguridad razonables, y manda respetar mecanismos universales de exclusión (como GPC). La ejecución corresponde al Fiscal General, sin acción privada.

Nueva Jersey se ha convertido en el primer estado de EE. UU. en consagrar por ley una oficina de innovación digital, al transformar la New Jersey State Office of Innovation en una autoridad permanente dentro del Departamento del Tesoro. La iniciativa, firmada por el gobernador Phil Murphy, garantiza la continuidad institucional del organismo más allá de cambios políticos y refuerza su capacidad para financiar y coordinar proyectos tecnológicos entre agencias. La nueva autoridad, que contará con un consejo de dirección, ha sido clave en la modernización de servicios públicos mediante inteligencia artificial y análisis de datos, como la identificación automática de estudiantes elegibles para ayudas alimentarias o la simplificación de trámites de desempleo. El enfoque se centra en eficiencia administrativa, diseño centrado en el usuario y uso responsable de la IA, manteniendo siempre la supervisión humana. El modelo posiciona a Nueva Jersey como referente nacional en gobernanza tecnológica e innovación pública.

La Ciudad de Newark ha sido reconocida por tercer año consecutivo como Digital Inclusion Trailblazer 2025 por la National Digital Inclusion Alliance, en reconocimiento a una estrategia sostenida y estructural para reducir la brecha digital. El galardón destaca especialmente la colaboración multisectorial, la participación directa de los residentes en la recogida de datos y la creación de espacios avanzados donde la juventud integra tecnología con la tradición cultural y artística local. Según su alcalde, Ras J. Baraka, la igualdad real no es posible sin acceso universal a internet asequible y a competencias digitales. El reconocimiento sitúa a Newark como referente nacional en políticas locales de inclusión digital.

La inteligencia artificial está transformando de manera profunda el sistema sanitario en Nueva Jersey, impulsada tanto por avances tecnológicos como por experiencias personales de investigadores y médicos. La IA se presenta como una herramienta clave para pasar de una medicina reactiva a una predictiva y preventiva, capaz de analizar enormes volúmenes de datos clínicos, genéticos e imágenes médicas para anticipar enfermedades graves como el cáncer o los infartos. Ya se utiliza para detectar patologías que pueden pasar desapercibidas al ojo humano y para optimizar el tiempo de los profesionales sanitarios, permitiendo una relación más directa con los pacientes. Además, impulsa la medicina de precisión y el seguimiento personalizado mediante dispositivos digitales. No obstante, el texto advierte de riesgos relevantes, como sesgos algorítmicos, errores de la IA generativa y amenazas a la privacidad, subrayando la necesidad de marcos de evaluación y control rigurosos.

El Gobernador de Pensilvania plantea objetivos relativos a los derechos digitales en sus propuestas presupuestarias para el año 2026. Entre ellos, la modernización de servicios públicos digitales, la conectividad, la gobernanza de infraestructuras tecnológicas y las salvaguardas frente a usos de IA. En primer lugar, se menciona el refuerzo de herramientas de experiencia digital del gobierno (CODE PA) para mejorar procesos y transparencia administrativa, lo que apunta a una relación más eficaz de la ciudadanía con servicios públicos digitales. En segundo lugar, se aborda el impulso a centros de datos y a la economía de la IA, pero condicionado a estándares de “desarrollo responsable” (energía, agua, transparencia y participación comunitaria), conectando tecnología con rendición de cuentas y sostenibilidad. Por último, se proponen protecciones para un uso seguro de IA, especialmente respecto de menores y colectivos vulnerables: verificación de edad, avisos a progenitores ante señales de autolesión/violencia, recordatorios de que se interactúa con IA, y límites a contenido sexual o violento con menores, además de alfabetización digital.

Pensilvania está consolidando un marco jurídico más claro para los activos digitales (criptomonedas y servicios basados en blockchain) y cómo eso afecta tanto a residentes como a pequeños negocios. El eje es la Act 7 of 2025, que integra la transmisión de “virtual currency” dentro de la Money Transmitter Act, obligando a las empresas que custodian o mueven criptoactivos para terceros a someterse a licencia, controles y supervisión, similar a los servicios financieros tradicionales. Para la ciudadanía, esto refuerza la protección y la trazabilidad de responsabilidades ante pérdidas, retrasos o mala gestión. A la vez, se menciona legislación que protege la autocustodia, permitiendo mantener activos sin intermediarios, con el coste de una mayor carga de aprendizaje y riesgo operacional.