Referencias documentales

La legislatura de Connecticut ha iniciado su sesión de 2026 con un amplio paquete de proyectos de ley tecnológicos centrados en privacidad, menores, reconocimiento facial e inteligencia artificial. Destaca una propuesta del senador Bob Duff para prohibir el uso de reconocimiento facial en comercios, ante el riesgo que supone la recopilación de datos biométricos sin un consentimiento real. En paralelo, se han presentado iniciativas para limitar el acceso de menores a redes sociales, exigir consentimiento parental, restringir notificaciones nocturnas y reforzar la privacidad infantil. También se apoya una prohibición del uso de teléfonos móviles en aulas K-12. Asimismo, el fiscal general William Tong impulsa una reforma de la legislación de protección de datos para adaptarla a la IA y la geolocalización. Finalmente, se prevé reabrir el debate sobre una regulación estatal de la inteligencia artificial que combine protección de derechos, innovación y capacitación digital.

Connecticut se convirtió en el primer estado en aprobar una ley eficaz para abordar los problemas del la concesión de licencias digitales en bibliotecas sin caer en la preempción del derecho federal de autor. Su proyecto S.B. 1234, promulgado como Public Act 25‑9, adopta un modelo innovador propuesto por Library Futures y la eBook Study Group. A diferencia de leyes anteriores en Maryland o Nueva York, que fueron bloqueadas por obligar a los editores a licenciar obras, la ley de Connecticut evita intervenir en derechos exclusivos del copyright. En su lugar, regula las condiciones contractuales una vez que un editor decide ofrecer licencias, impidiendo términos abusivos.

Connecticut se ha situado a la vanguardia regulatoria al reforzar su marco de privacidad de datos para adaptarlo a la inteligencia artificial, especialmente mediante las reformas derivadas de la Senate Bill 1295. La actualización introduce obligaciones de transparencia específicas sobre el uso de datos personales para entrenar modelos de IA, incluyendo grandes modelos de lenguaje, obligando a informar si dichos datos se recopilan, venden o comparten con terceros. Además, amplía significativamente el ámbito de aplicación al reducir los umbrales de cumplimiento y cerrar vacíos legales en la toma de decisiones automatizadas, reconociendo derechos de explicación, impugnación y corrección cuando intervengan algoritmos. La ley redefine también el concepto de datos sensibles, incorporando información neural, de salud mental e identidad de género, y exige evaluaciones de impacto preventivas para tratamientos de alto riesgo. En conjunto, la reforma refuerza la rendición de cuentas algorítmica y anticipa los desafíos éticos del desarrollo de la IA.

Los legisladores de Connecticut avanzan hacia la prohibición del uso de tecnologías de reconocimiento facial y otras formas de identificación biométrica en establecimientos comerciales. El líder de la mayoría del Senado, Bob Duff, y el senador James Maroney anunciaron que presentarán un proyecto de ley en la sesión legislativa de 2026 para impedir la recopilación de datos biométricos de los clientes, incluidos escaneos faciales, retinales y huellas de voz. La iniciativa surge tras informaciones sobre el uso opaco de estas tecnologías por parte de cadenas como Wegmans, lo que ha reavivado el debate sobre consentimiento real y riesgos para la privacidad. Aunque la legislación vigente exige consentimiento afirmativo, existen excepciones amplias por motivos de seguridad. La nueva propuesta busca reforzar la protección del consumidor y convertir a Connecticut en un referente nacional frente a la recopilación masiva de datos biométricos en el comercio.

El texto aborda la brecha digital en el ámbito sanitario como una manifestación de desigualdad social que afecta especialmente a las personas mayores. A partir de una experiencia personal, se expone cómo la falta de acceso a internet, dispositivos adecuados y competencias digitales limita el uso de la telemedicina, pese a su expansión durante la pandemia. Los estudios citados muestran que las personas mayores de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen menos probabilidades de acceder a servicios digitales de salud, no por falta de voluntad, sino por barreras estructurales y diseños tecnológicos poco inclusivos. El artículo subraya que las políticas públicas pueden reducir estas desigualdades cuando tratan el acceso digital como un bien público, por ejemplo mediante cobertura de telemedicina, formación y diseño accesible. Se defiende un enfoque de justicia social que redistribuya recursos, respete la autonomía de las personas mayores y las incluya en el diseño de sistemas de salud digitales.

Connecticut avanza en una propuesta legislativa para reforzar la protección de menores en redes sociales, impulsada por el gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong. La iniciativa exigiría consentimiento parental para que plataformas utilicen algoritmos y notificaciones considerados adictivos o perjudiciales para menores. Además, establece configuraciones por defecto más restrictivas, incluyendo la prohibición de notificaciones entre las 21:00 y las 8:00 horas, límites de uso y mayor privacidad de las cuentas. La propuesta se apoya en preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil, como aislamiento, depresión o ciberacoso, y toma como referencia leyes similares de otros estados. Aunque el sector tecnológico alega haber introducido herramientas de seguridad, la medida busca reforzar el control familiar y reducir la exposición de los menores a dinámicas digitales dañinas.

El Annual Report 2025 de la Connecticut Commission for Educational Technology expone los avances del Estado en el uso estratégico de la tecnología educativa, alineados con el Plan Estatal de Tecnología Educativa y el Plan de Equidad Digital. El informe destaca la expansión del aprendizaje en línea —utilizado por el 85 % de los distritos—, el crecimiento del portal de recursos educativos abiertos GoOpenCT y los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad financiera de las inversiones tecnológicas. Se subraya también el papel creciente de la inteligencia artificial en educación, junto con la necesidad de proteger los datos del alumnado y evitar sesgos algorítmicos. Un eje central es la equidad digital, gravemente afectada por la cancelación federal del programa de Digital Equity en 2025, que limitó iniciativas de conectividad, formación y apoyo comunitario. Pese a ello, la Comisión reafirma su compromiso con el acceso universal, la privacidad y el uso responsable de la tecnología en educación

Nueva York está construyendo un marco propio de gobernanza digital destinado a reducir su dependencia de las grandes plataformas tecnológicas y reforzar la protección de los datos de sus residentes. A través de iniciativas como la New York Privacy Act, leyes sectoriales sobre datos infantiles y sanitarios, restricciones en la contratación pública de tecnologías de riesgo y la creación de una oficina de activos digitales, la ciudad y el estado avanzan hacia un modelo de control más estricto del poder de las plataformas. Estas medidas imponen consentimiento previo, transparencia radical y mayor control ciudadano sobre la información personal, cuestionando la normalización de la recolección masiva de datos. La estrategia se refuerza con un enfoque institucional coordinado y un liderazgo político más confrontacional con Big Tech, que busca convertir a Nueva York en una “jurisdicción digital segura”. Dado su peso económico y simbólico, este modelo podría influir en otras ciudades y redefinir el equilibrio entre innovación, mercado y derechos digitales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en enero de 2026 un amplio paquete legislativo de seguridad online destinado a proteger a menores y afrontar la crisis de salud mental juvenil. Las propuestas refuerzan la protección frente a depredadores, estafas, plataformas de videojuegos, redes sociales y chatbots de IA. Entre las medidas centrales destaca la Stop Online Predators Act, que impondría verificación de edad, configuraciones de máxima privacidad por defecto, desactivación automática de chats abiertos, limitación de contactos con adultos y control parental reforzado, especialmente para menores de 13 años. El paquete incluye además la prohibición de determinadas funciones adictivas, restricciones a la monetización de datos infantiles, salvaguardas frente a IA generativa dañina y la eliminación de material de abuso sexual infantil generado por IA.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó en febrero de 2026 una nueva agenda integral sobre inteligencia artificial destinada a reforzar la seguridad digital, la protección de consumidores y la rendición de cuentas tecnológica. El eje central es la creación de la Office of Digital Innovation, Governance, Integrity and Trust (DIGIT), concebida como autoridad coordinadora para la aplicación y supervisión de las leyes estatales sobre IA y tecnologías digitales. La agenda incluye propuestas para etiquetar contenidos generados por IA con datos de procedencia, limitar deepfakes no consentidos, combatir la desinformación electoral y reforzar la privacidad mediante el registro obligatorio de intermediarios de datos y mecanismos centralizados de supresión de información personal. Estas iniciativas consolidan a Nueva York como referente estatal en gobernanza de la IA, en un contexto de tensiones con la pretensión federal de limitar la regulación autonómica.