Referencias documentales

Este artículo analiza el impacto de la Ley del Senado 29 de Ohio (SB 29), conocida como la «Ley de Protección de la Información de los Niños de Ohio». Esta legislación fortalece la privacidad de los datos estudiantiles al imponer reglas estrictas sobre el monitoreo electrónico y el manejo de información por parte de terceros. Entre sus disposiciones clave, prohíbe el rastreo de ubicación y la vigilancia de audio o video en dispositivos escolares sin causa justificada, y exige que las escuelas notifiquen anualmente a los padres sobre los proveedores tecnológicos contratados. Asimismo, establece que los proveedores no pueden vender datos con fines comerciales y deben eliminarlos al finalizar sus contratos. La ley busca fomentar un entorno digital más seguro y transparente, otorgando a los padres mayor control y garantizando que el uso de la tecnología se limite estrictamente a propósitos educativos.

Esl estado de Rhode Island plantea una nueva legislación (S 2203) sobre privacidad genética en el ámbito de las empresas de tests genéticos directos al consumidor, enmarcándola dentro de una tendencia más amplia que incluye a otros estados como Dakota del Sur y Vermont. En el caso de Rhode Island, la iniciativa establece un régimen exigente basado en información clara, consentimiento expreso y control efectivo del usuario sobre sus datos genéticos y muestras biológicas. Obliga a informar de manera accesible sobre los usos de los datos, a recabar consentimientos separados para usos secundarios, conservación de muestras y cesiones a terceros, y a garantizar derechos de acceso, supresión y revocación del consentimiento. El texto subraya que, aunque Rhode Island comparte objetivos con otros estados, cada legislación introduce matices distintos en obligaciones, excepciones y alcance, evidenciando un mosaico regulatorio estatal en evolución frente a los riesgos para la intimidad genética.

La Administración Healey-Driscoll ha presentado el Plan Estratégico de Accesibilidad y Equidad Digital de Massachusetts, elaborado por el Digital Accessibility and Equity Governance Board en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 614 de 2023, emitida en el aniversario de la ADA. El plan establece misión, objetivos y estrategias para garantizar que los servicios digitales del gobierno estatal sean accesibles a personas con discapacidad y, en consecuencia, más inclusivos para toda la población. Se articula en seis ejes: financiación y organización del programa, marco de gobernanza y cumplimiento, participación de actores, contratación tecnológica accesible, capacitación del personal público y diseño de servicios digitales inclusivos. La iniciativa consolida un enfoque transversal que integra accesibilidad en la gestión tecnológica pública.

Una encuesta realizada por la organización MassINC a unos 900 padres de estudiantes de 6º a 12º grado en Massachusetts revela que el 66 % apoya una prohibición “bell-to-bell” del uso de teléfonos móviles en escuelas públicas. La medida, ya aprobada por el Senado estatal y pendiente en la Cámara, obligaría a los distritos a restringir el uso de dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, aunque prevé excepciones por razones de salud y seguridad. Los defensores argumentan que los móviles generan distracción y afectan al aprendizaje y la salud mental. Sin embargo, el 63 % de los padres también desea mecanismos alternativos para comunicarse con sus hijos durante el horario escolar, citando preocupaciones por emergencias y seguridad. El debate se enmarca en una tendencia nacional, con al menos 33 estados que han adoptado políticas similares para limitar el uso de teléfonos en centros educativos.

El estado de Rhode Island ha aprobado la Rhode Island Data Transparency and Privacy Protection Act (RIDTPPA), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y refuerza el derecho a la privacidad frente a riesgos de cibercrimen e identidad digital. La ley impone obligaciones de transparencia y responsabilidad a empresas con ánimo de lucro que operen o dirijan servicios a residentes del estado y superen determinados umbrales de tratamiento o venta de datos. Define ampliamente el concepto de datos personales y establece una categoría reforzada de datos sensibles, incluyendo salud, biometría, orientación sexual o geolocalización precisa. Reconoce derechos clásicos a los ciudadanos (acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición) y exige consentimiento expreso para el tratamiento de datos sensibles. La aplicación corresponde exclusivamente al Fiscal General, sin acción privada, previendo sanciones de hasta 10.000 dólares por infracción y multas adicionales por divulgaciones intencionadas.

En Rhode Island se está desarrollando una estrategia integral para reducir la brecha digital mediante el refuerzo de instituciones comunitarias clave como bibliotecas y organizaciones sociales. Las bibliotecas públicas se han transformado en centros de conectividad y formación digital, ampliando su capacidad tecnológica para atender a personas con menos recursos y mejorar su acceso al empleo y a la educación. Iniciativas como Beacon 2.0, impulsadas por OSHEAN Inc., extienden ordenadores y centros móviles a zonas con escasa conectividad. Paralelamente, la Communication Service for the Deaf trabaja en la adopción de banda ancha accesible para personas sordas o con discapacidad auditiva, combinando tecnología adaptada y formación especializada. A ello se suma la labor de One Economy Corporation, que fomenta la alfabetización digital juvenil en viviendas asequibles, generando efectos multiplicadores en las comunidades.

El senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse impulsa, junto al republicano Lindsey Graham, una iniciativa bipartidista para derogar la Sección 230 de la Communications Decency Act, norma clave para el funcionamiento del internet moderno. Dicha disposición exime a las plataformas de responsabilidad por contenidos generados por terceros, permitiendo la existencia de foros, redes sociales y medios independientes. Expertos y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten que su eliminación provocaría una moderación extrema o la retirada masiva de contenidos para evitar litigios, generando un grave efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. Aunque la propuesta se presenta como un intento de aumentar la responsabilidad de las grandes tecnológicas, sus críticos sostienen que facilitaría una censura indirecta y pondría en riesgo a pequeñas plataformas, el activismo digital y el pluralismo informativo.

La inteligencia artificial ya es una realidad en Rhode Island y el Estado busca posicionarse como referente nacional mediante una estrategia pública responsable e inclusiva. El gobernador Dan McKee impulsó en 2024 el Rhode Island AI Task Force, que acaba de publicar un informe con recomendaciones para anticipar impactos y aprovechar oportunidades. El plan propone que el sector público lidere la adopción ética de la IA, con gobernanza, transparencia y control de sesgos, a la vez que refuerza la formación del personal. Destaca la preparación de estudiantes y trabajadores “AI-ready”, desde K-12 hasta la educación superior, y la atracción de empresas mediante una fuerza laboral capacitada. Expertos como Jim Langevin subrayan que la IA transformará empleo, educación y servicios públicos, mejorando la eficiencia y la experiencia ciudadana si se implementa con responsabilidad.

Rhode Island ha avanzado de forma significativa en la implementación del programa federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) tras la aprobación de su Propuesta Final por la National Telecommunications and Information Administration en diciembre de 2025. La Rhode Island Commerce Corporation actualizó su proceso de selección de subbeneficiarios conforme a la reestructuración del programa, adoptando un enfoque tecnológicamente neutral. Gracias a ello, el Estado prevé cubrir el 100 % de las ubicaciones elegibles con una combinación de fibra óptica, redes inalámbricas fijas y satélite de órbita baja. El nuevo modelo ha permitido reducir en un 86 % el gasto inicialmente previsto, fomentar la entrada de nuevos operadores y promover el desarrollo económico y el empleo, asegurando un acceso fiable y equitativo a internet en todo el territorio.

El estado de Rhode Island plantea una iniciativa legislativa (S 2021) orientada a facilitar el uso cotidiano de Bitcoin mediante la exención fiscal de pequeñas transacciones. El proyecto propone que tanto particulares como empresas puedan vender o intercambiar hasta 5.000 dólares mensuales o 20.000 anuales en Bitcoin sin que dichas operaciones tributen en el impuesto estatal sobre la renta. La medida, prevista para el periodo 2027–2028, busca simplificar las obligaciones fiscales de operaciones cripto de escasa cuantía, fomentando el cumplimiento mediante un sistema de autocertificación anual y requisitos de registro razonables. El texto subraya que la exención no está pensada para inversiones especulativas, sino para el uso ordinario de Bitcoin como medio de pago. La norma será evaluada tras un año para valorar su impacto económico y fiscal, con posibilidad de modificación o prórroga.