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United States Court of Appeals, Ninth Circuit. | 2025
El Noveno Circuito resolvió en 2025 el caso Project Veritas v. Oregon, confirmando la constitucionalidad de la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones sin informar a todos los participantes (Oregon Rev. Stat. § 165.540(1)(c)). El tribunal aplicó el test de “intermediate scrutiny” y concluyó que la norma es neutral en cuanto al contenido, persigue un interés gubernamental importante (proteger la privacidad conversacional) y está redactada de manera ajustada. Asimismo, consideró que la ley no es excesivamente amplia y permite alternativas suficientes para la labor periodística.
El artículo advierte que las propuestas legislativas en Connecticut para restringir el uso de redes sociales, bajo la justificación de proteger a los menores, amenazan gravemente la libertad de expresión. Requerir verificación de edad e identidad limita el anonimato y expone a usuarios a riesgos de privacidad y ciberseguridad. Además, podría excluir a comunidades marginadas sin documentos oficiales y empujar a las plataformas a censurar contenidos, creando espacios digitales empobrecidos. Los tribunales en otros Estados ya han bloqueado leyes similares por violar la Primera Enmienda. El texto enfatiza que estas medidas convierten internet en un espacio restrictivo, contrario a su esencia abierta.
La ACLU de Dakota del Sur se opone al proyecto de ley HB 1053, legislación que impondría restricciones de edad al acceso a Internet
ACLU de Dakota del Sur | 2025
La ACLU de Dakota del Sur se opone al proyecto de ley HB 1053, que exigiría a los usuarios someterse a un proceso invasivo de verificación de edad antes de acceder a contenido para adultos en línea. La organización argumenta que esta medida no protegería eficazmente a los menores, pero sí violaría la privacidad y los derechos constitucionales de los adultos, exponiéndolos a riesgos de acoso y explotación. Además, advierte que la ley podría conducir a una mayor censura en Internet y a una restricción de la libertad de expresión.
Comité de Libertad de Expresión de la Junta de Regentes de Iowa | 2021
El Comité de Libertad de Expresión de la Junta de Regentes de Iowa presentó recomendaciones para fortalecer la libertad de expresión en las universidades estatales. Las propuestas incluyen la creación de una política uniforme que proteja la libertad de expresión en el aula y en eventos públicos, la capacitación de estudiantes y personal en derechos de expresión, y la implementación de medidas para prevenir la censura o represalias por opiniones expresadas. Estas acciones buscan garantizar un entorno académico abierto y respetuoso en las instituciones de educación superior de Iowa.
Iowa’s Ct. Adopts Federal Court’s Presumption Against Pseudonymity
Eugene Volokh | 2025
La Corte de Iowa adoptó la presunción de los tribunales federales en contra del uso de pseudónimos en procesos judiciales. Esto significa que, por defecto, los litigantes deben utilizar sus nombres reales, limitando la posibilidad de proteger la identidad de las partes en casos judiciales. La medida genera un debate sobre el equilibrio entre transparencia judicial, libertad de expresión y la protección de la privacidad e identidad de los individuos en entornos digitales y legales.
Las directrices de redes sociales del condado de Hardin establecen normas para el uso de cuentas oficiales, garantizando el respeto a la libertad de expresión conforme a la Primera Enmienda. Aunque se moderan los contenidos, los comentarios protegidos legalmente no se eliminan. También se informa que las interacciones pueden considerarse registros públicos conforme a la legislación de Kentucky, promoviendo así la transparencia y el acceso a la información gubernamental.
Can you be fired for a social media post in Kentucky?
Roark & Korus, PLLC | 2025
El artículo analiza si un trabajador en Kentucky puede ser despedido por una publicación en redes sociales. Explica que, aunque la Primera Enmienda protege la libertad de expresión, esta no es absoluta en el ámbito laboral. Las publicaciones deben tratar asuntos de interés público para estar protegidas, y el tipo de empleador (público o privado) influye en el nivel de protección. También se examinan las políticas internas de las empresas y sus límites legales