Referencias documentales

En la página web se explica el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) de la UE que fija una visión común para sistemas educativos adaptados a la era digital, con dos prioridades estratégicas y 14 acciones para apoyarlas: fomentar un ecosistema de educación digital de alto rendimiento e impulsar las capacidades y competencias digitales de toda la población. Estas acciones incluyen recomendaciones del Consejo sobre capacidades digitales y sobre aprendizaje mixto en educación formal, desarrollar un Marco Europeo de Contenidos de Educación Digital, facilitar conectividad y herramientas tecnológicas en las escuelas, y promover prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje digital. El plan también apoya formación docente, contenido de calidad y cooperación entre países para modernizar y hacer inclusiva y accesible la educación digital en toda la UE

La página “Adapting to the digital age” del Parlamento Europeo explica cómo la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en el Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, aplicable tanto dentro de la UE como cuando se ofrece bienes o servicios a residentes en la UE. El texto subraya que los datos deben procesarse de forma justa, con consentimiento o base legal, y que las personas tienen derechos como acceso, rectificación, borrado, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales. La legislación de la UE (como el Paquete de Protección de Datos y el RGPD) establece obligaciones para quienes tratan datos y mecanismos de control y sanción por parte de autoridades independientes. El balance entre seguridad (como lucha contra crimen y terrorismo) y privacidad/datos personales también es enfatizado como esencial en la era digital.

Comentario a la Ley HADOPI de 2009, poniendo un especial énfasis en las disposiciones relativas al derecho de autor de los periodistas en internet.

Fuggetta reflexiona sobre la ciudadanía en la era digital analizando cómo Internet transforma las expectativas de participación, acceso y ejercicio de derechos civiles, sociales y políticos. El libro examina no solo el acceso técnico a sistemas digitales, sino también las condiciones sociales y educativas que permiten a los ciudadanos ejercer activamente sus derechos digitales. Se aborda la inclusión digital, el acceso a servicios públicos en línea, la alfabetización digital de la población y la necesidad de políticas públicas coherentes. La obra enfatiza la relación entre derechos tradicionales y nuevos entornos de interacción digital, proponiendo un enfoque integrador que combina innovación tecnológica con principios democráticos

Francia, primer país europeo en legislar directamente sobre la importante pero delicada cuestión del intercambio de archivos en Internet, ha establecido un completo dispositivo jurídico para luchar contra las descargas desde redes «peer to peer». Fruto de tres leyes y multitud de decretos de aplicación, el sistema establecido es complejo, muy costoso y puede resultar difícil de aplicar. Partiendo de una voluntad manifiesta de dar prioridad a la educación y la prevención, el legislador ha acabado por crear un dispositivo con un fuerte potencial represivo, debido principalmente a la posibilidad de acumular sanciones administrativas y penales, y cuya compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue siendo cuestionable debido al carácter desproporcionado de las posibles violaciones de los derechos fundamentales que pueden derivarse de él. Por lo tanto, es muy probable que la solución adoptada no constituya la respuesta jurídica adecuada a la descarga masiva de obras en Internet y que aún deban explorarse nuevas vías que permitan obtener una remuneración justa para los creadores sin recurrir a la represión (por otra parte poco eficaz) de los usuarios.

¿Es el principio de «neutralidad de Internet», y en particular de los «intermediarios», una mera ilusión? De manera bastante inevitable, diversas disposiciones, tanto del Derecho europeo como nacional, recurren a la intervención de estos proveedores técnicos para el necesario control del uso de las redes y la ejecución de las condenas dictadas en caso de abusos cometidos por los usuarios. Ante la dimensión internacional de la comunicación, las medidas de filtrado y bloqueo resultan ser las únicas eficaces.

La relación entre la norma suprema e Internet resulta de extrema importancia en la era digital. Internet no es una mera una innovación técnica, pues supone una revolución en los modos de vida, de comunicación y de consumo. En términos de libertades individuales y públicas, Internet constituye un elemento ineludible para el ejercicio de la libertad de comunicación e información, pero es también un factor de nuevos riesgos para la protección de la vida privada y de los datos personales. En este contexto, la aproximación entre Internet y la Constitución se ha producido tanto en la afirmación de las grandes libertades garantizadas constitucionalmente, como en la definición de los grandes equilibrios entre las libertades frente a los nuevos riesgos de Internet. La Constitución y la jurisprudencia constitucional han sabido adaptarse al reto digital del siglo XXI, aunque la era digital invita al reconocimiento de nuevos derechos.

Los proveedores de acceso a Internet (ISP) gozan de una responsabilidad limitada, pero deben cooperar con las autoridades para combatir los contenidos ilícitos. En la sentencia UPC Telekabel (2014), el Tribunal de Justicia de la UE confirmó que un ISP puede ser considerado un intermediario cuando sus servicios son utilizados para infringir derechos de autor.
El Tribunal autorizó a los jueces a ordenar el bloqueo de sitios web ilegales sin imponer medidas técnicas específicas, dejando al ISP libertad para elegir los medios, siempre que sean razonables y proporcionales. Estas medidas deben dificultar el acceso ilícito sin impedir el acceso a contenidos legales.
La decisión busca un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, la libertad de empresa de los ISP y la libertad de información de los usuarios.

El Programa Nacional constituye uno de los principales pilares de la Agenda Digital Italiana, definida por la Cabina de Regia en torno a seis ejes estratégicos (Infraestructuras y seguridad, eGov/Open Data, eCommerce, competencias digitales, comunidades inteligentes, investigación e innovación), y se propone favorecer el desencadenamiento de un círculo virtuoso entre la demanda de servicios y de participación, la oferta por parte de las organizaciones públicas y privadas, y el desarrollo de perfiles profesionales innovadores y adecuados para la revolución digital.
El desarrollo de la cultura y de las competencias digitales es un tema clave para el crecimiento del país: resulta urgente crear competencias digitales para responder a la creciente demanda de profesionales con alto perfil TIC, a las necesidades en continua evolución de empresas e industrias, y a la exigencia de que todos los ciudadanos, a lo largo de su vida, adquieran la necesaria conciencia digital. Una empresa de tal envergadura requiere responsabilidades compartidas entre todos los stakeholders (las instituciones, tanto a nivel nacional como territorial, el mundo empresarial y profesional, el ámbito educativo, las organizaciones sindicales, las asociaciones y las organizaciones de la sociedad civil) y se basa en una implicación amplia, condición necesaria para que todas las necesidades y experiencias sean tomadas en consideración y para que, por tanto, sea posible el tránsito de una lógica de proyectos a una lógica de sistema.

Una de las principales ambiciones del Programa Nacional es la de “convertirse en plataforma”, construyendo las condiciones para establecer un sistema eficaz de knowledge management entre las experiencias e iniciativas ya presentes en el país, así como de coordinación, sobre todo con el fin de alcanzar una mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos, en la interlocución europea y en las sinergias de carácter proyectual.

El informe analiza cómo la revolución digital ha transformado profundamente la sociedad, la economía y la comunicación, y plantea que el acceso universal a redes abiertas y bidireccionales es esencial hoy en día. Describe el principio de neutralidad de la red como la no discriminación en el tratamiento de información, garantizando que usuarios puedan acceder, enviar y recibir datos sin bloqueo ni priorización injustificada. El documento examina el contexto técnico, económico y jurídico del internet abierto, subrayando tensiones entre prácticas no neutras de operadores y los valores de innovación y participación. Propone una definición amplia de neutralidad que abarque redes e infraestructuras, y sugiere que este principio debería integrarse en el marco legal con flexibilidad para adaptarse a la evolución tecnológica y de usos, incorporando servicios de acceso y comunicación que se han vuelto centrales para los usuarios.