Referencias documentales

El artículo informa que el 5 de febrero de 2026 Carolina del Sur aprobó la Age-Appropriate Code Design (SC AACD), convirtiéndose en el quinto estado en adoptar un código de diseño apropiado para menores. La ley entró en vigor inmediatamente y establece estrictos requisitos de privacidad y seguridad para servicios en línea razonablemente accesibles a menores, incluyendo un deber de cuidado en el diseño, límites en el uso de datos y obligaciones de evaluación. Asimismo, impone responsabilidad civil significativa, con posibilidad de daños triplicados y responsabilidad personal para empleados por violaciones dolosas. La norma enfrenta ya un desafío legal por parte de una asociación del sector. El texto también explica que el alcance del SC AACD se basa en criterios de conocimiento efectivo de la edad del usuario o de si un servicio está dirigido a menores bajo COPPA, lo que lo hace más estrecho que otros códigos estatales.

El artículo explica que legisladores en Florida reactivaron un esfuerzo para reformar el marco legal aplicable a litigios por incidentes de ciberseguridad, buscando ofrecer protección a empresas que hayan implementado salvaguardas sólidas pero aun así sufran brechas de datos. La propuesta actual en la Legislatura intenta equilibrar incentivos para que las compañías adopten programas de seguridad alineados con estándares reconocidos, al tiempo que mantiene vías de reparación para consumidores afectados. El texto recuerda que un intento previo en 2024 (HB 473) fue vetado por el gobernador, pese a haber sido aprobado con el objetivo de establecer inmunidades condicionadas al cumplimiento de obligaciones de notificación y a la adopción de programas robustos de ciberseguridad. Legisladores continúan impulsando la reforma debido al aumento de demandas colectivas tras incidentes de datos y los crecientes costos regulatorios y reputacionales.

El artículo informa que el Senado de Alabama aprobó por unanimidad el proyecto de ley HB 161, que obliga a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad de los usuarios menores y a implementar mecanismos de notificación parental y protección de datos.Autoridades estatales argumentan que la medida es necesaria para evitar la exposición de menores a contenidos inapropiados en línea, destacando el rápido avance tecnológico y los riesgos asociados. La ley también se alinea con iniciativas similares aprobadas en Texas, Louisiana y Utah, aunque algunas han enfrentado impugnaciones constitucionales. La versión aprobada en el Senado incluye una enmienda que retrasa la entrada en vigor hasta enero de 2027 para facilitar su implementación.

El artículo detalla que, tras siete años de debates legislativos, Oklahoma está a punto de aprobar una ley integral de privacidad. El 19 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto SB 546 por 84-4, adoptando un texto de compromiso que se alinea principalmente con el modelo de la Virginia Consumer Data Protection Act. La norma se aplicaría a empresas que controlen o procesen datos de al menos 100.000 habitantes del estado o 25.000 consumidores si el 50 % de sus ingresos proviene de la venta de datos. Incluye derechos de acceso, supresión y exclusión de publicidad dirigida, así como evaluaciones de impacto para ciertas actividades de tratamiento. Si es promulgada, entrará en vigor el 1 de enero de 2027, con un periodo de subsanación de 30 días y aplicación exclusiva por parte del fiscal general.

El artículo explica que Oklahoma modificó por primera vez desde 2008 su ley de notificación de brechas de datos mediante el proyecto de ley SB 626, cuyas disposiciones entran en vigor el 1 de enero de 2026. La reforma amplía la definición de “información personal” para incluir identificadores electrónicos y datos biométricos como huellas dactilares o escaneos de retina. También introduce la obligación de notificar al fiscal general cuando una brecha afecte a 500 residentes o más, dentro de los 60 días posteriores a la notificación a los individuos.

La expansión de la banda ancha en Vermont, financiada con más de 100 millones de dólares y articulada mediante distritos de comunicación, ha sido necesaria pero insuficiente. El verdadero problema no es la conectividad, sino la falta de capacidad institucional de los pequeños municipios para gestionar servicios digitales complejos, ciberseguridad, subvenciones y atención en línea. La cooperación informal entre localidades ya no basta. Ciertas propuestas incluyen crear Consejos de Gobiernos (Councils of Governments) como entidades regionales formales, con personal profesional y gobernanza estable, que permitan prestar servicios digitales compartidos sin eliminar la autonomía local. El argumento central recurrente es que la brecha actual es estructural: sin instituciones regionales de implementación, la inversión en infraestructura digital no se traduce en una administración pública moderna, equitativa y eficaz.

El senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse impulsa, junto al republicano Lindsey Graham, una iniciativa bipartidista para derogar la Sección 230 de la Communications Decency Act, norma clave para el funcionamiento del internet moderno. Dicha disposición exime a las plataformas de responsabilidad por contenidos generados por terceros, permitiendo la existencia de foros, redes sociales y medios independientes. Expertos y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten que su eliminación provocaría una moderación extrema o la retirada masiva de contenidos para evitar litigios, generando un grave efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. Aunque la propuesta se presenta como un intento de aumentar la responsabilidad de las grandes tecnológicas, sus críticos sostienen que facilitaría una censura indirecta y pondría en riesgo a pequeñas plataformas, el activismo digital y el pluralismo informativo.

Este artículo analiza el complejo y cambiante panorama de las leyes de privacidad de datos en los Estados Unidos que entran en vigor a partir de 2024. Ante la ausencia de una legislación federal integral, los autores destacan cómo diversos estados —incluyendo Texas, Oregón, Montana y Florida— han implementado sus propias normativas para proteger la información de los consumidores. El texto enfatiza la necesidad de que las empresas revisen y actualicen urgentemente sus políticas de privacidad para cumplir con requisitos específicos sobre el manejo de datos sensibles y los derechos de los usuarios. Además, advierte que las organizaciones deben adoptar marcos de cumplimiento flexibles que les permitan navegar por este mosaico de regulaciones estatales, evitando así sanciones y garantizando la transparencia en el tratamiento de la información personal en un entorno digital cada vez más regulado.

Este artículo analiza el creciente desafío que enfrentan los líderes del comercio electrónico B2B en 2026 debido a la proliferación de leyes estatales de privacidad en Estados Unidos. Aunque muchas de estas normativas son percibidas como leyes de consumo, el texto advierte que su impacto operativo se extiende profundamente a las transacciones entre empresas, ya que los sitios B2B recopilan datos personales críticos como correos electrónicos, identificadores IP y telemetría de uso. Los puntos de intersección clave incluyen la necesidad de realizar inventarios de datos precisos, actualizar los avisos de privacidad estado por estado y revisar los contratos con proveedores tecnológicos. En última instancia, el cumplimiento de la privacidad debe dejar de ser una función aislada de IT o legal para integrarse en las estrategias de marketing, análisis y soporte de cualquier plataforma moderna de comercio digital.

Este artículo detalla una demanda colectiva presentada en Illinois contra Microsoft, alegando que su plataforma «Teams» recolecta y almacena datos biométricos de los usuarios —específicamente huellas de voz— sin obtener el consentimiento previo y por escrito requerido por la ley BIPA. La demanda sostiene que las funciones de transcripción y subtitulado en tiempo real de la aplicación analizan las características vocales únicas de los participantes para identificar a los oradores, lo cual constituye una infracción a la privacidad si no se informa debidamente al usuario. El caso resalta el creciente escrutinio legal sobre las herramientas de colaboración remota y los riesgos de responsabilidad multimillonaria que enfrentan las grandes tecnológicas cuando sus funciones de inteligencia artificial interactúan con datos biométricos en jurisdicciones con leyes de privacidad estrictas como las de Illinois.