Referencias documentales

El comunicado describe la firma ceremonial de los proyectos de ley del Senado 142 y 143, orientados a reforzar la protección de menores frente a la explotación sexual en línea y facilitar el acceso de padres o tutores a activos digitales de menores fallecidos. El SB 142 incrementa las penas por extorsión sexual cuando la víctima es un menor o adulto vulnerable y exige incluir educación sobre este delito en los centros escolares. También explica el origen de “Gavin’s Law”, inspirada en un caso real de sextorsión. El SB 143 agiliza los procedimientos judiciales para que los padres obtengan acceso a las cuentas digitales de un menor fallecido. Ambos proyectos buscan mejorar la respuesta legislativa ante los riesgos tecnológicos.

El artículo informa que Maryland ha firmado una alianza con Anthropic para incorporar herramientas de IA generativa Claude en varias agencias estatales. La iniciativa pretende acelerar la prestación de servicios, reducir la pobreza infantil y mejorar el acceso a la vivienda. Según el comunicado, la IA ayudará a tramitar beneficios, actualizar información y agilizar permisos de vivienda. Percepta y la Fundación Rockefeller apoyarán la implementación, aportando experiencia técnica y planificación estratégica. El proyecto se enmarca en un esfuerzo más amplio del estado para modernizar sus servicios mediante innovación tecnológica.

El artículo describe nuevas iniciativas legislativas en Virginia destinadas a limitar el comportamiento de chatbots de IA, especialmente en interacciones sensibles con menores. La propuesta surge tras un caso en el que un joven buscó apoyo emocional en un chatbot antes de suicidarse, motivando a legisladores a reforzar las salvaguardias. Se plantean restricciones para impedir que agentes conversacionales imiten apoyo terapéutico y exigir redirecciones hacia asistencia humana cuando detecten lenguaje de riesgo. También se proponen medidas contra deepfakes y sistemas automatizados de compra masiva de entradas. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo estatal más amplio para revisar y actualizar la regulación de IA bajo una orden ejecutiva del gobernador.

El artículo informa que Florida aprobó una nueva y amplia ley que penaliza la creación y distribución de imágenes generadas con IA que “desnudan” digitalmente a personas sin su consentimiento. La norma, motivada por el aumento de herramientas que permiten crear desnudos sintéticos a partir de fotos reales, tipifica estas prácticas como un delito que puede conllevar tiempo en prisión y multas. La ley protege tanto a adultos como a menores, con sanciones agravadas en casos que involucren a estos últimos. También permitirá a las víctimas demandar civilmente a los responsables. Legisladores y expertos citados señalan que la proliferación de aplicaciones de “nudificación” ha generado casos de acoso, abuso y extorsión, y que la legislación busca frenar un riesgo creciente para la privacidad y la seguridad pública.

El artículo explica que la Corte Suprema de EE. UU. permitió la entrada en vigor de la ley de verificación de edad para redes sociales en Mississippi, una medida con posibles consecuencias amplias para la privacidad y la libertad de expresión. La autora señala que esta normativa es más amplia que leyes similares en Texas y se asemeja a la del Reino Unido, donde ya ha provocado que plataformas como Reddit, X, Telegram, Discord e incluso Spotify exijan verificación de edad mediante identificación oficial o escaneos faciales. Advierte que estas obligaciones implican recopilar datos altamente sensibles, con riesgos demostrados en filtraciones como la que sufrió la app de citas Tea, que expuso millones de selfies y licencias de conducir usadas para verificación. El artículo añade que muchos usuarios recurren a VPN para evitar estos requisitos, como ya ocurre en el Reino Unido, aunque el uso de VPN también puede conllevar riesgos propios y ha sido mencionado por autoridades como una práctica potencialmente sancionable.

New Hampshire recibirá 18,6 millones de dólares del programa federal BEAD para ampliar el acceso a banda ancha, una cifra muy inferior a los 196,5 millones inicialmente previstos. La reducción responde a cambios federales que priorizan proyectos de menor coste, lo que ha disminuido el número de ubicaciones beneficiadas, especialmente en zonas rurales. Aun así, autoridades estatales y federales, de ambos partidos, celebran la financiación como un paso hacia la conectividad universal. El plan aprobado combina fibra, coaxial y satélite, con el objetivo de completar la cobertura en el próximo año. La inversión busca fortalecer el crecimiento económico, el acceso a la educación y la atención sanitaria en comunidades remotas, aunque persisten críticas por el recorte y su posible impacto en la calidad del servicio

A fecha de octubre de 2025, New Hampshire se aproxima a una cobertura casi total de banda ancha, con más del 98% de hogares y negocios con acceso cercano a conexiones de fibra u otras tecnologías, culminando décadas de inversión pública y privada en infraestructura digital. Solo unas 5.000 direcciones, principalmente viviendas aisladas, quedan pendientes de conexión final, generalmente a cargo de proveedores privados o mediante soluciones satelitales como Starlink. La expansión reciente se financió con fondos federales BEAD, que asignaron cerca de 197 millones de dólares al estado. Sin embargo, cambios federales han puesto en duda el uso de aproximadamente 160 millones destinados a iniciativas no relacionadas directamente con despliegue físico, como formación digital y ciberseguridad. Esta incertidumbre afecta los planes estatales para avanzar en equidad digital y desarrollo de capacidades complementarias.

El 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts resolvió por unanimidad que, cuando una detención se basa en información obtenida mediante vigilancia en redes sociales, corresponde a las fuerzas de seguridad demostrar que no incurrieron en perfilado racial. El caso Commonwealth v. Nathaniel Rodriguez examinó la actuación de una unidad policial que creó cuentas encubiertas en Snapchat con identidad aparentemente “no blanca” para monitorizar de forma masiva publicaciones de usuarios, especialmente en viviendas sociales culturalmente diversas. Las investigaciones no se dirigían a sospechosos concretos, sino a una amplia comunidad digital, y todas las personas finalmente acusadas eran “no blancas”. El tribunal consideró que existían indicios razonables de aplicación selectiva por motivos raciales y ordenó nuevas diligencias probatorias, reforzando así los límites frente a prácticas discriminatorias en la vigilancia digital.

Rhode Island ha avanzado de forma significativa en la implementación del programa federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) tras la aprobación de su Propuesta Final por la National Telecommunications and Information Administration en diciembre de 2025. La Rhode Island Commerce Corporation actualizó su proceso de selección de subbeneficiarios conforme a la reestructuración del programa, adoptando un enfoque tecnológicamente neutral. Gracias a ello, el Estado prevé cubrir el 100 % de las ubicaciones elegibles con una combinación de fibra óptica, redes inalámbricas fijas y satélite de órbita baja. El nuevo modelo ha permitido reducir en un 86 % el gasto inicialmente previsto, fomentar la entrada de nuevos operadores y promover el desarrollo económico y el empleo, asegurando un acceso fiable y equitativo a internet en todo el territorio.

El texto aborda la brecha digital en el ámbito sanitario como una manifestación de desigualdad social que afecta especialmente a las personas mayores. A partir de una experiencia personal, se expone cómo la falta de acceso a internet, dispositivos adecuados y competencias digitales limita el uso de la telemedicina, pese a su expansión durante la pandemia. Los estudios citados muestran que las personas mayores de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen menos probabilidades de acceder a servicios digitales de salud, no por falta de voluntad, sino por barreras estructurales y diseños tecnológicos poco inclusivos. El artículo subraya que las políticas públicas pueden reducir estas desigualdades cuando tratan el acceso digital como un bien público, por ejemplo mediante cobertura de telemedicina, formación y diseño accesible. Se defiende un enfoque de justicia social que redistribuya recursos, respete la autonomía de las personas mayores y las incluya en el diseño de sistemas de salud digitales.