Referencias documentales

El artículo explica que la Corte Suprema de EE. UU. permitió la entrada en vigor de la ley de verificación de edad para redes sociales en Mississippi, una medida con posibles consecuencias amplias para la privacidad y la libertad de expresión. La autora señala que esta normativa es más amplia que leyes similares en Texas y se asemeja a la del Reino Unido, donde ya ha provocado que plataformas como Reddit, X, Telegram, Discord e incluso Spotify exijan verificación de edad mediante identificación oficial o escaneos faciales. Advierte que estas obligaciones implican recopilar datos altamente sensibles, con riesgos demostrados en filtraciones como la que sufrió la app de citas Tea, que expuso millones de selfies y licencias de conducir usadas para verificación. El artículo añade que muchos usuarios recurren a VPN para evitar estos requisitos, como ya ocurre en el Reino Unido, aunque el uso de VPN también puede conllevar riesgos propios y ha sido mencionado por autoridades como una práctica potencialmente sancionable.

El artículo reporta la reacción del representante estatal de Arkansas, Scott Richardson, tras la filtración de un borrador de orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que impediría que los estados regulen la inteligencia artificial, incluidas las leyes destinadas a combatir deepfakes, pornografía sintética y otros riesgos asociados a modelos generativos. Según la cobertura, la medida federal —apodada el “Big Beautiful Bill”— podría bloquear las recientes leyes estatales de Arkansas orientadas a proteger a los residentes frente al uso abusivo de IA, especialmente en contextos de explotación sexual digital, deepfake porn y suplantación con fines de daño. Richardson afirma que las regulaciones estatales responden a necesidades urgentes de seguridad y privacidad, y que una prohibición federal de legislar limitaría la capacidad de los estados para proteger a sus ciudadanos frente a tecnologías emergentes. El legislador sostiene que el Congreso debería establecer estándares mínimos sin impedir que los estados actúen donde consideren necesario.

El artículo explica que en Texas la creación o distribución de pornografía deepfake —imágenes o videos sexualizados generados con IA sin consentimiento— constituye un delito bajo el Código Penal de Texas § 21.165, reforzado por reformas legislativas recientes que ampliaron su alcance a todos los tipos de representaciones visuales. El texto detalla que la ley penaliza tanto la producción como el envío de contenido falsificado que muestre a una persona desnuda o en actos sexuales sin su autorización, y que en 2025 se añadieron nuevas prohibiciones, incluidas amenazas de crear o divulgar deepfakes con intención de intimidar o extorsionar.

El 11 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes de Maine dio aprobación inicial al proyecto LD 1822, impulsado por la representante Amy Kuhn, destinado a reforzar la normativa estatal sobre privacidad de datos. La iniciativa se basa en el principio de minimización de datos, limitando a las empresas a recopilar únicamente la información estrictamente necesaria para prestar un servicio específico. Asimismo, restringe la recopilación y prohíbe la venta de datos sensibles, como raza, religión o salud, y prohíbe la comercialización o uso publicitario de datos de menores. El texto busca reducir riesgos de perfilado y usos discriminatorios, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el uso indebido de información personal. La medida, apoyada por la Fiscalía General de Maine y EPIC (Electronic Privacy Information Center), entraría en vigor el 1 de julio de 2027 si supera las votaciones pendientes.

Diversas organizaciones en Maine han anunciado que continuarán sus esfuerzos para mejorar la conectividad a internet pese a la cancelación, por parte de la Adminitración Trump, de 35 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a zonas rurales y remotas. Los fondos procedían de la Digital Equity Act, actualmente paralizada, mientras el estado espera más de 200 millones para infraestructura digital. Según la Maine Connectivity Authority, unas 24.000 viviendas y negocios carecen aún de conexión fiable, y cerca del 90% de la población se ve afectada por la brecha digital. Las iniciativas no solo buscan ampliar el acceso, sino también proporcionar dispositivos y formación en competencias digitales, especialmente a personas mayores, pequeños negocios y veteranos. Ante la incertidumbre financiera, se están impulsando nuevas campañas de recaudación y colaboración con entidades locales para sostener programas educativos y de apoyo técnico.

El artículo informa que Maryland ha firmado una alianza con Anthropic para incorporar herramientas de IA generativa Claude en varias agencias estatales. La iniciativa pretende acelerar la prestación de servicios, reducir la pobreza infantil y mejorar el acceso a la vivienda. Según el comunicado, la IA ayudará a tramitar beneficios, actualizar información y agilizar permisos de vivienda. Percepta y la Fundación Rockefeller apoyarán la implementación, aportando experiencia técnica y planificación estratégica. El proyecto se enmarca en un esfuerzo más amplio del estado para modernizar sus servicios mediante innovación tecnológica.

El artículo informa que el fiscal general de Virginia Occidental, John B. McCuskey, presentó una demanda contra Apple alegando que la empresa permitió la distribución y almacenamiento de material de abuso sexual infantil (CSAM) en iCloud. La demanda sostiene que Apple conocía la presencia de este contenido y no actuó, citando comunicaciones internas donde supuestamente se describía a iCloud como una plataforma importante para la difusión de CSAM. Se señala que Apple reportó muy pocos casos de CSAM en comparación con Google y Meta en 2023. La denuncia exige daños, medidas cautelares y rediseños para mejorar la detección de CSAM. Apple no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

El artículo describe nuevas iniciativas legislativas en Virginia destinadas a limitar el comportamiento de chatbots de IA, especialmente en interacciones sensibles con menores. La propuesta surge tras un caso en el que un joven buscó apoyo emocional en un chatbot antes de suicidarse, motivando a legisladores a reforzar las salvaguardias. Se plantean restricciones para impedir que agentes conversacionales imiten apoyo terapéutico y exigir redirecciones hacia asistencia humana cuando detecten lenguaje de riesgo. También se proponen medidas contra deepfakes y sistemas automatizados de compra masiva de entradas. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo estatal más amplio para revisar y actualizar la regulación de IA bajo una orden ejecutiva del gobernador.

El artículo explica que una nueva ley de Virginia entró en vigor limitando a los menores a una hora diaria de uso de redes sociales, salvo que un padre autorice más tiempo mediante verificación de edad. La normativa, firmada por el gobernador Glenn Youngkin, exige que las plataformas identifiquen si un usuario es menor y apliquen los límites correspondientes. Sus defensores sostienen que busca establecer controles para reducir la exposición de los jóvenes a los efectos negativos del uso excesivo de redes sociales. La medida llega en un contexto en el que varios estados intentan regular el uso de redes sociales por parte de menores. La ley enfrenta una impugnación judicial presentada por NetChoice, que argumenta que la regulación es inconstitucional. Otros estados han tenido resultados diversos en la implementación de leyes similares.

El artículo explica que, a partir del 1 de enero de 2026, Virginia aplica una nueva ley que limita a una hora diaria el uso de redes sociales para menores de 16 años, salvo que un progenitor otorgue un consentimiento verificable. Las plataformas deben identificar la edad de los usuarios mediante métodos razonables y usar cualquier dato recogido exclusivamente para verificación de edad. La norma forma parte de una actualización de la Consumer Data Protection Act del estado. Sus defensores afirman que la medida busca reducir la exposición excesiva a redes sociales y mejorar la salud mental juvenil. La ley enfrenta una demanda de grupos de la industria tecnológica que argumentan preocupaciones de libertad de expresión. El artículo también ofrece consejos prácticos para que las familias fomenten hábitos digitales saludables.