Referencias documentales

The Colorado Privacy Act’s 60-day right to cure provision reached its sunset on December 31, 2025 – enforcement actions and penalties can proceed immediately without a grace period. Colorado also joined the roster of states requiring recognition of universal opt-out mechanisms as of January 2026. In addition, Colorado’s landmark Artificial Intelligence Act regulating high-stakes algorithmic decisions in employment, housing, health care, and financial services has been delayed from February to June, 2026.

El Proyecto Idaho Senate Bill 1227 (2026) propone añadir a la ley existente nuevas disposiciones para regular el uso de inteligencia artificial generativa en la educación pública del estado. El objetivo es incorporar un marco que guíe cómo las escuelas y distritos educativos pueden usar tecnologías de IA, equilibrando su potencial educativo con la protección de privacidad, seguridad y control local sobre estas herramientas emergentes

El artículo describe que un comité del Senado de Alabama aprobó el proyecto SB 63, destinado a regular el uso de inteligencia artificial por parte de aseguradoras al determinar la cobertura de servicios médicos. La medida no prohíbe la IA, pero exige que toda denegación de cobertura sea revisada y decidida por un profesional sanitario humano. También obliga a las aseguradoras a informar de forma “prominente y por escrito” cuando se utilice IA en el proceso de determinación de cobertura y prevé sanciones del Departamento de Seguros para aquellas compañías que incumplan los requisitos de divulgación o de revaluación humana tras una denegación automatizada. El Departamento de Seguros señaló que las aseguradoras usan IA con frecuencia, pero subrayó la necesidad de proteger la privacidad y garantizar una intervención humana en las denegaciones. Blue Cross Blue Shield de Alabama afirmó que no utiliza IA para determinar coberturas, manteniendo procesos guiados por revisión humana.

El proyecto LD 524 en Maine va destinado a reformar el código penal para incluir como delito la difusión de material de abuso sexual infantil generado o modificado mediante inteligencia artificial. La iniciativa surge tras un caso en el que no pudo imputarse a un individuo que creó imágenes sexualizadas de menores usando IA, evidenciando vacíos legales. La propuesta cuenta con amplio apoyo institucional y bipartidista, en un contexto de fuerte incremento de denuncias por contenido generado con IA. Sin embargo, asociaciones de defensa penal advierten que la redefinición (al incluir imágenes que “aparenten” representar menores) podría vulnerar la Primera Enmienda, a la luz de jurisprudencia del Tribunal Supremo que protege ciertas representaciones virtuales. El debate refleja la tensión entre protección reforzada de la infancia y garantías constitucionales de libertad de expresión.

La Maine Artificial Intelligence Task Force Report (octubre 2025) presenta una hoja de ruta estratégica para integrar la inteligencia artificial en el desarrollo económico, educativo, sanitario y gubernamental del estado, equilibrando innovación y protección frente a riesgos. El informe parte de la premisa de que la IA es una fuerza estructural que transformará empleo, servicios públicos y mercados, por lo que Maine debe actuar de forma proactiva. Entre sus recomendaciones destacan fortalecer la alfabetización en IA, modernizar la infraestructura digital y energética, preparar a la fuerza laboral ante posibles disrupciones, proteger la privacidad y mitigar sesgos algorítmicos, y promover usos responsables en el sector público. También propone liderazgo en ámbitos como salud rural y apoyo municipal. El enfoque combina competitividad económica con salvaguardas regulatorias, transparencia y supervisión continua.

El último proyecto legislativo del estado de Vermont obligaría a incluir una advertencia clara cuando, dentro de los 90 días previos a una elección, se difunda contenido engañoso generado o manipulado mediante inteligencia artificial. La norma exige que el material indique expresamente que ha sido creado con tecnología digital y que representa hechos o declaraciones que no ocurrieron, incluyendo avisos específicos en anuncios audiovisuales. La iniciativa surge tras episodios recientes de “deepfakes” políticos y busca proteger la integridad electoral sin vulnerar la libertad de expresión, optando por la transparencia en lugar de la prohibición. Se excluyen la sátira y los medios informativos que contextualicen adecuadamente el contenido. El incumplimiento conllevaría multas económicas y posibles acciones civiles por parte de las personas afectadas.

La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que exige que cualquier anuncio político en audio o video que utilice “medios sintéticos” incluya una advertencia visible y audible indicando que contiene contenido generado por IA. El aviso deberá aparecer al inicio y al final del anuncio, así como mantenerse durante su emisión. La norma se aplicará a comunicaciones financiadas por candidatos o grupos políticos con intención de influir en el voto, y prevé multas de 1.000 dólares por incumplimiento. La iniciativa responde a precedentes recientes de desinformación electoral mediante IA en otros estados. Además, la Cámara aprobó otra propuesta que prohíbe la difusión de comunicaciones engañosas dentro de los 90 días previos a una elección, permitiendo a las víctimas demandar, aunque excluye medios informativos y sátira.

La inteligencia artificial ya es una realidad en Rhode Island y el Estado busca posicionarse como referente nacional mediante una estrategia pública responsable e inclusiva. El gobernador Dan McKee impulsó en 2024 el Rhode Island AI Task Force, que acaba de publicar un informe con recomendaciones para anticipar impactos y aprovechar oportunidades. El plan propone que el sector público lidere la adopción ética de la IA, con gobernanza, transparencia y control de sesgos, a la vez que refuerza la formación del personal. Destaca la preparación de estudiantes y trabajadores “AI-ready”, desde K-12 hasta la educación superior, y la atracción de empresas mediante una fuerza laboral capacitada. Expertos como Jim Langevin subrayan que la IA transformará empleo, educación y servicios públicos, mejorando la eficiencia y la experiencia ciudadana si se implementa con responsabilidad.

Connecticut se ha situado a la vanguardia regulatoria al reforzar su marco de privacidad de datos para adaptarlo a la inteligencia artificial, especialmente mediante las reformas derivadas de la Senate Bill 1295. La actualización introduce obligaciones de transparencia específicas sobre el uso de datos personales para entrenar modelos de IA, incluyendo grandes modelos de lenguaje, obligando a informar si dichos datos se recopilan, venden o comparten con terceros. Además, amplía significativamente el ámbito de aplicación al reducir los umbrales de cumplimiento y cerrar vacíos legales en la toma de decisiones automatizadas, reconociendo derechos de explicación, impugnación y corrección cuando intervengan algoritmos. La ley redefine también el concepto de datos sensibles, incorporando información neural, de salud mental e identidad de género, y exige evaluaciones de impacto preventivas para tratamientos de alto riesgo. En conjunto, la reforma refuerza la rendición de cuentas algorítmica y anticipa los desafíos éticos del desarrollo de la IA.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó en febrero de 2026 una nueva agenda integral sobre inteligencia artificial destinada a reforzar la seguridad digital, la protección de consumidores y la rendición de cuentas tecnológica. El eje central es la creación de la Office of Digital Innovation, Governance, Integrity and Trust (DIGIT), concebida como autoridad coordinadora para la aplicación y supervisión de las leyes estatales sobre IA y tecnologías digitales. La agenda incluye propuestas para etiquetar contenidos generados por IA con datos de procedencia, limitar deepfakes no consentidos, combatir la desinformación electoral y reforzar la privacidad mediante el registro obligatorio de intermediarios de datos y mecanismos centralizados de supresión de información personal. Estas iniciativas consolidan a Nueva York como referente estatal en gobernanza de la IA, en un contexto de tensiones con la pretensión federal de limitar la regulación autonómica.