Referencias documentales

En estados como Pensilvania ya se empiezan a materializar los riesgos que la inteligencia artificial plantea para los derechos digitales vinculados a la identidad personal. Jennifer Rothman, experta en derecho de la publicidad y privacidad, analiza cómo las tecnologías de clonación de voz, deepfakes y réplicas digitales tensionan los límites entre propiedad intelectual, privacidad y libertad de expresión. Rothman advierte que los marcos jurídicos actuales, incluidos proyectos legislativos como el NO FAKES Act, pueden legitimar usos engañosos de la identidad humana al permitir licencias amplias y transferibles sobre nombre, voz o imagen, incluso sin control efectivo de la persona afectada. El texto subraya el peligro de convertir la identidad en un activo comercial alienable, erosionando derechos fundamentales y facilitando la manipulación del público. Frente a ello, defiende que el consentimiento específico y la no decepción pública sean criterios centrales, alertando también contra un exceso de protección que pueda vulnerar la libertad de información y expresión.

La Supreme Court of Pennsylvania en el caso Commonwealth v. Kurtz, concluye que la aceptación de la política de privacidad de Google implica una renuncia a determinadas expectativas de privacidad. El tribunal consideró legítimo que la policía accediera al historial de búsquedas de Google sin orden judicial mediante una “reverse keyword search”, al entender que los usuarios conocen que sus datos son recopilados y tratados por terceros. Según la sentencia, Google informa de forma expresa de que no puede esperarse privacidad al usar sus servicios, lo que equivaldría a un consentimiento válido. Aunque la decisión permitió identificar al autor de un delito grave, plantea serias dudas sobre la protección del derecho a la intimidad, el alcance del consentimiento digital y la erosión de las garantías constitucionales frente a la vigilancia estatal en entornos digitales.

Se pone de manifiesto la creciente incorporación de sistemas de seguimiento masivo en espacios físicos mediante herramientas como Placer.ai, contratadas por municipios estadounidenses para recopilar datos de localización y perfiles demográficos con fines de desarrollo económico y marketing personalizado. A partir del caso de Old Town (Maine), se examinan los riesgos que supone trasladar al entorno urbano las lógicas de la publicidad dirigida propias de internet. El autor conecta esta práctica con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Carpenter v. United States, donde se reconoció una expectativa razonable de privacidad respecto a los datos de localización. Se plantea así si la normalización de la vigilancia comercial en espacios públicos erosiona progresivamente dicha expectativa, diluyendo las fronteras entre seguimiento digital y físico y generando posibles efectos disuasorios sobre la libertad y la intimidad.

El estado de Rhode Island ha aprobado la Rhode Island Data Transparency and Privacy Protection Act (RIDTPPA), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y refuerza el derecho a la privacidad frente a riesgos de cibercrimen e identidad digital. La ley impone obligaciones de transparencia y responsabilidad a empresas con ánimo de lucro que operen o dirijan servicios a residentes del estado y superen determinados umbrales de tratamiento o venta de datos. Define ampliamente el concepto de datos personales y establece una categoría reforzada de datos sensibles, incluyendo salud, biometría, orientación sexual o geolocalización precisa. Reconoce derechos clásicos a los ciudadanos (acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición) y exige consentimiento expreso para el tratamiento de datos sensibles. La aplicación corresponde exclusivamente al Fiscal General, sin acción privada, previendo sanciones de hasta 10.000 dólares por infracción y multas adicionales por divulgaciones intencionadas.

La Cámara de Representantes de Massachusetts, a través del Comité Conjunto sobre Tecnologías Avanzadas, Ciberseguridad e Internet, ha emitido un informe favorable a la versión revisada de la Massachusetts Consumer Data Privacy Act (H. 4746). Si se aprueba, sería una de las leyes estatales de privacidad más estrictas del país. La propuesta refuerza principios de minimización de datos, limita la recopilación y uso de información sensible, prohíbe la venta de datos de geolocalización precisa y establece garantías contra la discriminación digital. Introduce además una acción privada bajo la legislación de protección al consumidor (capítulo 93A) frente a grandes empresas, amplía la definición de datos sensibles, exige consentimiento afirmativo más estricto y obliga a eliminar datos cuando ya no sean necesarios. También impone señales globales de exclusión voluntaria en navegadores, fortaleciendo el control ciudadano sobre su información.

La ACLU (American Civil Liberties Union) de Massachusetts denuncia que más de 40 departamentos policiales del estado utilizan lectores automáticos de matrículas (LPR) de la empresa Flock Safety y comparten esos datos en una red nacional con más de 7.000 agencias. Esto permite que policías de otros estados puedan rastrear en tiempo real a conductores en Massachusetts sin orden judicial ni sospecha razonable. Aunque la ley estatal “Shield Law” busca proteger a quienes acceden a servicios sanitarios legales en Massachusetts, el sistema de intercambio masivo de datos debilita esa protección. La ACLU reclama una ley estatal que limite el uso, conservación y cesión de estos datos, exija órdenes judiciales y refuerce las garantías de privacidad frente a esta vigilancia masiva.

El Tribunal Superior de Vermont (Washington Unit) estimó la moción de desestimación presentada por Clearview AI y archivó la demanda del Estado por falta de jurisdicción personal. Vermont había acusado a la empresa de vulnerar su Consumer Protection Act al recopilar y tratar datos biométricos faciales y metadatos extraídos de imágenes públicas en internet, incluyendo supuestamente datos de residentes (y menores) sin consentimiento, con efectos de invasión de privacidad, riesgo de fraude y “enfriamiento” de libertades civiles. Sin embargo, el tribunal concluye que Clearview no tiene contactos suficientes con Vermont: no opera ni tiene clientes en el estado, no dirige su actividad al mercado local y la mera presencia incidental de datos de residentes o el registro como “data broker” no prueba “purposeful availment”. Por ello, la demanda se desestima conforme a la garantía de debido proceso

Existe cierta inquietud entre los ciudadanos de New Hampshire respecto al estado de sus derechos de privacidad frente a las tecnologías de vigilancia empleadas por las fuerzas del orden en New Hampshire y el marco jurídico que limita su uso. La normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen orden judicial para acceder al contenido y localización histórica de teléfonos móviles, instalar dispositivos GPS o utilizar simuladores de antenas, imponiendo además obligaciones de borrado de datos. Existen restricciones específicas para lectores automáticos de matrículas y cámaras corporales, incluyendo límites de conservación y protección frente al reconocimiento facial. Sin embargo, no hay regulación sobre drones, software de monitorización de redes sociales o “policía predictiva”. Aunque en 2018 se incorporó un derecho constitucional a la privacidad, su alcance práctico aún depende de interpretación judicial.