Referencias documentales

Informe final adoptado por consenso el 11 de julio de 2025 con participación de todos los Estados miembros de la ONU. Crea un Mecanismo Global permanente para la continuación de los debates sobre comportamiento responsable en el ciberespacio. Primer foro universal con participación de todos los Estados en materia de ciberseguridad.

Primer documento de consenso de alcance universal sobre gobernanza digital que abarca explícitamente la dimensión de los derechos humanos. Adoptado el 22 de septiembre de 2024. Sus cinco objetivos abarcan el cierre de brechas digitales, la inclusión digital, un espacio digital seguro respetuoso de los derechos, la gobernanza de datos y la gobernanza de la IA. Sus compromisos son de cumplimiento voluntario y carecen de mecanismos de verificación vinculantes.

La noticia explica que la Comisión Europea ha obligado a Google a abrir partes de su sistema operativo Android para que proveedores externos de IA y motores de búsqueda rivales puedan competir en igualdad de condiciones con los servicios propios de Google. Esta medida se basa en la DMA y responde a preocupaciones sobre el dominio de Google en dispositivos móviles y servicios de IA como su asistente Gemini. Bruselas ha iniciado dos procedimientos formales para especificar cómo Google debe garantizar interoperabilidad y acceso efectivo a las funciones de Android que utiliza su propia IA, así como al acceso a datos anónimos de búsquedas de Google Search para terceros en términos justos, razonables y no discriminatorios. Google tiene un plazo de seis meses para cumplir; de lo contrario podría enfrentar sanciones. La Comisión afirma que estas normas buscan fomentar la competencia y la innovación, mientras Google advierte que algunas obligaciones podrían afectar la privacidad y seguridad de los usuarios.

El informe tiene como finalidad identificar en Italia un espacio digital seguro y respetuoso con los derechos humanos, mediante la definición de objetivos que orienten una agenda política en esta materia.

Obra colectiva que aborda los derechos digitales desde múltiples ángulos, enfocándose en cómo Internet y las tecnologías de la información han transformado derechos tradicionales como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información y la identidad personal. A través de diferentes aportes, el libro examina las implicaciones jurídicas del uso de plataformas digitales, los desafíos en la protección de datos personales, las barreras para ejercer derechos básicos en red y las respuestas normativas necesarias para salvaguardar estos derechos en un contexto digitalizado. La obra combina una aproximación teórica con ejemplos prácticos y referencias al derecho italiano y europeo, ofreciendo un panorama versátil y actualizado sobre los desafíos y las oportunidades para garantizar los derechos fundamentales en la sociedad digita

Esa disposición del Garante per la protezione dei dati personali n. 10065862 consiste en un provvedimento sancionador y de orientación interpretativa en materia de protección de datos personales, centrado en la licitud del tratamiento, el consentimiento informado, la transparencia y la tutela efectiva de los derechos del interesado. Analiza un caso concreto de tratamiento indebido de datos personales, examinando la insuficiencia de la información proporcionada a los usuarios, la invalidez del consentimiento recabado y la vulneración de los principios de licitud, corrección, minimización y limitación de la finalidad, conforme al Reglamento (UE) 2016/679. El Garante subraya la necesidad de garantizar un control real y consciente por parte del interesado, insiste en la prohibición de prácticas elusivas o manipulativas y refuerza la centralidad del principio de accountability. El acto concluye con la imposición de medidas correctoras, prescripciones operativas y, en su caso, sanciones administrativas, destacando el valor estructural de la protección de datos como derecho fundamental

En estas líneas guía, el Garante examina el tratamiento de datos personales en el contexto de servicios en línea, especialmente en relación con la perfilación de usuarios a través de datos recogidos por proveedores de servicios de la sociedad de la información. Se clarifican obligaciones de los responsables de tratamiento, con especial atención a los requisitos de información transparente a los interesados, la necesidad de consentimiento previo para finalidades de perfilación, y el respeto de principios jurídicos clave como finalidad y minimización del tratamiento. El documento diferencia entre usuarios autenticados y no autenticados, detalla cómo estructurar mecanismos de obtención y documentación del consentimiento, y subraya que la utilización de técnicas como fingerprinting y el cruce de datos requiere consentimiento explícito

El texto describe la figura del Defensor Cívico para lo Digital instituido en Italia en el marco del Codice dell’Amministrazione Digitale como garante de los derechos de ciudadanía digital de personas y empresas. Esta autoridad administrativa, establecida en la Agenzia per l’Italia Digitale, recibe y gestiona las señalaciones de presuntas infracciones del código de administración digital y otras normas en materia de digitalización e innovación, así como de las obligaciones de accesibilidad de los servicios digitales públicos para personas con discapacidad. El Defensor no media controversias ni sustituye a la administración en la ejecución de servicios, pero puede ordenar medidas correctivas frente a incumplimientos normativos. El documento también detalla los derechos de ciudadanía digital, la metodología para presentar quejas y la estructura organizativa del servicio.

El informe analiza la progresiva implantación de sistemas de toma de decisiones automatizadas en la Administración pública italiana, poniendo de relieve tanto sus potencialidades como sus riesgos estructurales. A partir del contexto europeo y de diversos casos internacionales de discriminación algorítmica, el estudio reconstruye el papel desempeñado por el Observatorio sobre la Administración Automatizada promovido por Privacy Network. Mediante un análisis sistemático de los sistemas utilizados en los ámbitos de la seguridad, el bienestar social, la fiscalidad y la educación, el documento evidencia graves deficiencias en materia de transparencia, imputación de responsabilidades y protección de los derechos fundamentales. Se subrayan especialmente los fenómenos de desresponsabilización institucional, la reproducción de sesgos en los datos y la progresiva reducción de la discrecionalidad humana. Finalmente, se formulan principios orientadores y recomendaciones operativas basadas en la participación, la rendición de cuentas, el control permanente y la evaluación del impacto normativo

La Declaración de Berlín sobre la sociedad digital, adoptada durante la presidencia europea de Alemania, busca orientar la transformación digital europea hacia valores democráticos y derechos fundamentales. Reconoce que la pandemia aceleró la digitalización y subraya la necesidad de inclusión, participación ciudadana y resiliencia. Los principios clave incluyen: respeto a los derechos fundamentales, participación social, alfabetización digital, confianza y seguridad, soberanía digital, interoperabilidad, uso responsable de tecnologías emergentes (IA, IoT, blockchain, computación cuántica) y sostenibilidad. Los Estados miembros se comprometen a aplicar medidas concretas hasta 2024, como fomentar la accesibilidad, impulsar la identidad digital segura, promover la reutilización de datos públicos, garantizar la transparencia algorítmica y alinear la digitalización con el Pacto Verde Europeo. La declaración enfatiza que nadie debe quedar atrás en la transición digital y que las administraciones públicas deben liderar con servicios centrados en el usuario, inclusivos y seguros, reforzando la cohesión social y la confianza en el entorno digital.