Referencias documentales

La página web explica que la digitalización del sistema energético es una prioridad de la Unión Europea que busca modernizar toda la cadena de energía —generación, transporte, distribución, suministro y consumo— mediante tecnologías digitales seguras, eficientes y sostenibles, apoyando objetivos como el European Green Deal y la transición digital en Europa. Dentro de este marco, la “Strategic roadmap for digitalisation and AI in energy” es una hoja de ruta que se publicará a principios de 2026 y forma parte del Affordable Energy Action Plan; su propósito es acelerar la implantación de soluciones digitales y de inteligencia artificial (IA) en áreas clave para la descarbonización, como la optimización de redes eléctricas, la eficiencia energética en edificios e industria y la flexibilidad de la demanda. La hoja de ruta también abordará el consumo energético de los datos y la integración sostenible de centros de datos en el sistema energético, además de la necesidad de salvaguardias para mitigar riesgos derivados del uso a gran escala de IA en este sector.

Una legisladora de Nashua ha presentado dos proyectos que modificarían el funcionamiento de las aseguradoras sanitarias en New Hampshire. El primero (HB 1406) prohibiría que las compañías utilicen sistemas de inteligencia artificial para sustituir o alterar el juicio clínico en decisiones sobre reclamaciones o necesidad médica. Aunque permitiría el uso de IA para detección de fraude y auditorías internas, exigiría documentación detallada de las herramientas empleadas y habilitaría auditorías regulatorias. La medida responde al aumento de denegaciones de cobertura vinculado a la automatización. El segundo proyecto (HB 1232) impondría paridad retributiva entre atención presencial y telemedicina, buscando garantizar el acceso en zonas rurales. Ambas iniciativas entrarían en vigor en 2027 si se aprueban.

El episodio analiza los desafíos críticos de la privacidad de datos en las industrias de salud y servicios financieros, las cuales operan bajo regímenes regulatorios estrictos como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Los autores destacan que, ante el aumento de ciberataques y filtraciones, las organizaciones deben ir más allá del simple cumplimiento normativo, adoptando una postura proactiva en la gestión de riesgos. El texto subraya la importancia de implementar controles de acceso rigurosos, encriptación de datos y programas de capacitación continua para empleados. Asimismo, advierte sobre la creciente convergencia de las leyes estatales de privacidad de los consumidores con estas regulaciones federales, lo que obliga a las empresas a armonizar sus políticas internas para proteger la integridad de la información confidencial y evitar sanciones legales o daños reputacionales severos.

En torno a ciertos sectores de la ciudadanía de Massachusetts existe cierta preocupación sobre el Massachusetts Data Privacy Act, ya que, aunque valorando positivamente sus objetivos de protección de datos, temen su posible impacto negativo en pequeñas empresas. Se sostiene que limitar la recopilación y el tratamiento de datos al mínimo necesario para prestar un servicio reduciría la eficacia de herramientas publicitarias y analíticas esenciales para que negocios locales compitan con grandes corporaciones. También critica el umbral de aplicación (60.000 consumidores), por considerarlo bajo en comparación con otros estados, lo que podría generar mayores costes de cumplimiento para empresas con menos recursos. Aunque respalda la protección de datos sensibles y la prohibición de publicidad dirigida a menores, defiende un enfoque equilibrado que salvaguarde la privacidad sin perjudicar la competitividad y viabilidad económica de pequeñas empresas.

La New Jersey Data Privacy Act (NJDPA), firmada el 16 de enero de 2024 y en vigor desde el 15 de enero de 2025, establece un marco general de protección de datos para residentes de Nueva Jersey y fija obligaciones para responsables y encargados, aplicable a entidades que operen en el estado o dirijan servicios a sus residentes y superen ciertos umbrales de tratamiento o venta de datos. Reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición (publicidad dirigida, venta y perfiles), e incorpora un principio de minimización ligado a fines legítimos. Exige consentimiento expreso para datos sensibles y prohíbe “patrones oscuros”. Obliga a habilitar vías para solicitudes verificables (45 días, ampliables), prevé evaluaciones de impacto y medidas de seguridad razonables, y manda respetar mecanismos universales de exclusión (como GPC). La ejecución corresponde al Fiscal General, sin acción privada.

Con la New Jersey Innovation Authority (NJIA), iniciativa del gobernador Phil Murphy, Nueva Jersey se convierte así en el primer estado en consagrar por ley una oficina estatal de innovación, consolidando un modelo basado en diseño centrado en las personas, metodologías ágiles y uso responsable de inteligencia artificial. La nueva autoridad continuará modernizando servicios públicos, reduciendo cargas administrativas y mejorando la eficiencia, con logros recientes como la ampliación del acceso a beneficios sociales, la modernización de centros de llamadas y la simplificación de trámites digitales. La NJIA estará dirigida por un consejo de 13 miembros y coordinará esfuerzos tecnológicos interagenciales, garantizando continuidad institucional más allá de cambios políticos y reforzando el liderazgo estatal en innovación y gobernanza digital.

La legislatura de Connecticut ha iniciado su sesión de 2026 con un amplio paquete de proyectos de ley tecnológicos centrados en privacidad, menores, reconocimiento facial e inteligencia artificial. Destaca una propuesta del senador Bob Duff para prohibir el uso de reconocimiento facial en comercios, ante el riesgo que supone la recopilación de datos biométricos sin un consentimiento real. En paralelo, se han presentado iniciativas para limitar el acceso de menores a redes sociales, exigir consentimiento parental, restringir notificaciones nocturnas y reforzar la privacidad infantil. También se apoya una prohibición del uso de teléfonos móviles en aulas K-12. Asimismo, el fiscal general William Tong impulsa una reforma de la legislación de protección de datos para adaptarla a la IA y la geolocalización. Finalmente, se prevé reabrir el debate sobre una regulación estatal de la inteligencia artificial que combine protección de derechos, innovación y capacitación digital.

El 9 de mayo de 2024, Maryland aprobó la Maryland Online Data Privacy Act, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2025. Esta ley impone obligaciones a empresas que procesen datos personales de al menos 35.000 residentes o que obtengan más del 20% de sus ingresos por la venta de datos. Reconoce derechos como acceso, corrección, eliminación, portabilidad y oposición al tratamiento con fines publicitarios. Exige evaluaciones de impacto, medidas de seguridad, transparencia y consentimiento para tratar datos sensibles. La ley será aplicada exclusivamente por el Fiscal General del Estado, sin derecho privado de acción.

La Ley de Privacidad de Datos Personales de Delaware (DPDPA), vigente desde el 1 de enero de 2025, impone obligaciones a empresas que procesen datos de al menos 35.000 consumidores o 10.000 si obtienen más del 20% de ingresos por venta de datos. Establece derechos para los consumidores como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos, así como la opción de excluirse de publicidad dirigida y decisiones automatizadas. A diferencia de otras leyes, no exime a entidades cubiertas por HIPAA y aplica a organizaciones sin fines de lucro. También exige evaluaciones de impacto y medidas de seguridad robustas.

El artículo analiza dos leyes clave en Missouri: la Missouri Online Protection of Privacy Act (MOPPA), que exige a sitios web y servicios online publicar una política de privacidad clara y permite a los usuarios solicitar la eliminación de sus datos, y la Ley de Notificación de Brechas de Datos (PIPA), que obliga a empresas y entidades gubernamentales a informar a las personas afectadas cuando ocurre una violación de seguridad. Ambas normativas incluyen obligaciones de seguridad como cifrado y actualizaciones regulares, y contemplan sanciones por incumplimiento.