Referencias documentales

Implantes cerebrales, diademas y auriculares equipados con electrodos: la lectura y la estimulación del cerebro se sitúan en el centro de una rica investigación terapéutica y se convierten, sin demasiada perspectiva ni pruebas de su eficacia, en un producto de consumo. Ya no se trata solo de curar y reparar, sino potencialmente de aumentar las funciones cerebrales. El artículo reflexiona sobre los beneficios y riesgos de estas nuevas aplicaciones de las neurotecnologías.

El teletrabajo plantea cuestiones jurídicas relacionadas con la calificación de los accidentes que se producen durante esta modalidad de organización del trabajo. El artículo L1222-9 del Código del Trabajo establece una presunción del carácter profesional de estos accidentes, pero la jurisprudencia limita esta presunción y exige que se demuestren materialmente los períodos de trabajo efectivos.

El texto analiza las principales cuestiones relativas al Derecho privado de Internet y se dirige a todas aquellas personas que, desde distintos ámbitos, estén interesadas en profundizar en los aspectos más relevantes de la dimensión digital a la luz de las categorías tradicionales: los derechos, la subjetividad jurídica, los bienes, el contrato y la responsabilidad. Los ámbitos examinados son diversos: la comercialización en línea, la responsabilidad de los intermediarios, la comunicación en la web, la circulación de los bienes inmateriales, las plataformas digitales, el tratamiento de datos, la blockchain y los smart contracts, las criptomonedas y los criptoactivos, los big data, los sistemas de inteligencia artificial, los metaversos. Un estilo sencillo y un lenguaje accesible tienen por finalidad favorecer la transversalidad de los saberes. Con un enfoque teórico-práctico, aunque necesariamente interdisciplinar, en el diálogo entre doctrina y jurisprudencia, se proponen soluciones concretas a lo que son y, cada vez más, serán las cuestiones jurídicamente relevantes en las futuras sociedades digitales. El tratamiento tiene en cuenta la normativa de referencia más reciente, como el Digital Services Act (DSA), el Digital Markets Act (DMA), el Data Governance Act (DGA) y el Data Act (DA), así como los primeros intentos de regulación de la Inteligencia Artificial (AI Act).

La obra analiza las implicaciones jurídicas del fenómeno digital en sus manifestaciones más relevantes, examinando los nuevos bienes surgidos de las tecnologías informáticas, entre ellos el software, las bases de datos, los motores de búsqueda, las plataformas digitales, los macrodatos y las redes sociales. Asimismo, aborda cuestiones de especial actualidad como la inteligencia artificial, las criptomonedas y el metaverso, estudiando tanto sus perfiles conceptuales como su régimen normativo. El volumen presta también atención a los contratos más habituales en el entorno digital, a las distintas modalidades de prestación de servicios informáticos y de comunicación publicitaria, y a los principios relativos a la protección de datos personales y a la responsabilidad civil derivada de ilícitos cometidos a través de redes de comunicación electrónica.

Frente a la vertiginosa evolución de la tecnología y a la imponente acción normativa y de soft law europea, este estudio de la Escuela Superior de la Magistratura aborda el tema del domicilio y de la identidad de manera transversal, con el propósito de suscitar en los intérpretes reflexiones adecuadas y una correcta reubicación de los institutos.

En el ámbito sanitario, la reforma del Expediente Sanitario Electrónico – FSE 2.0 y la implementación del sistema nacional de telemedicina, que forman parte de las acciones de ejecución de la Misión 6 (salud) del PNRR y suponen la interconexión entre sistemas de información sanitaria en una perspectiva de digitalización, han llevado al Garante a reiterar la necesidad de coordinar las medidas técnicas y organizativas que deben introducirse para la protección de los derechos fundamentales y de los principios generales del tratamiento de datos.

Resulta también significativa la publicación de un decálogo para la implementación de servicios sanitarios nacionales mediante sistemas de inteligencia artificial, con el que se proporcionaron indicaciones sobre los aspectos jurídicos y éticos a tener en cuenta en la realización de servicios sanitarios nacionales que contemplen el uso de soluciones de IA. El Garante recordó que las aplicaciones de IA implican actividades de perfilado y pueden generar decisiones basadas en procesos exclusivamente automatizados que, en un contexto de interés público como el que caracteriza al sector sanitario, requieren de una base jurídica en el derecho nacional que asegure el respeto de los derechos y libertades de los interesados.

El documento analiza el papel de las licencias Creative Commons en la facilitación del acceso abierto a obras protegidas por derechos de autor y su relevancia en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa. Se destaca que estas licencias permiten el uso de contenidos sin necesidad de autorizaciones individuales, siempre que se respeten sus condiciones específicas. En el contexto europeo, la excepción para la minería de textos y datos proporciona un marco jurídico claro, habilitando el uso incluso con fines comerciales, salvo manifestación expresa en contrario por parte del titular. En Estados Unidos, en cambio, se aplica la doctrina del fair use, caracterizada por una mayor flexibilidad pero también por una menor previsibilidad. Para armonizar estos enfoques, Creative Commons está desarrollando sistemas de “señales de preferencia” que permiten a los autores expresar sus decisiones respecto al uso de sus obras en sistemas de inteligencia artificial, reforzando así la transparencia y la autonomía autoral.

La página web explica que la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) como conjunto de normas de la Unión Europea destinado a garantizar una competencia leal en el sector digital, especialmente entre los grandes actores tecnológicos y las pequeñas plataformas. Fue firmada por el Consejo y el Parlamento Europeo el 14 de septiembre de 2022 y entró en vigor el 2 de mayo de 2023. La DMA define criterios objetivos para identificar a las grandes plataformas dominantes, llamadas “guardianes de acceso”, que tienen una gran base de usuarios y una posición de mercado dominante. A estas empresas se les imponen obligaciones y prohibiciones (por ejemplo, no promocionar sus propios productos, no limitar métodos de pago ni reutilizar datos entre servicios) para evitar prácticas desleales y fomentar la innovación, la elección del consumidor y condiciones más justas para las pymes. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta el 10 % o incluso 20 % del volumen de negocio global.

El artículo analiza el Reglamento de IA de la UE desde la perspectiva del derecho de autor y su interacción con las normas emergentes sobre sistemas de IA. El reglamento busca establecer un marco jurídico armonizado para la IA en la UE que promueva tecnologías seguras, transparentes y centradas en el ser humano, y clasifica los sistemas de IA en categorías de riesgo con obligaciones regulatorias distintas. Aunque inicialmente no fue concebido para abordar directamente cuestiones de copyright, el auge de la IA generativa llevó a incluir disposiciones específicas dirigidas a modelos de propósito general que implican transparencia sobre datos de entrenamiento y cumplimiento del derecho de autor europeo. El objetivo esencial es equilibrar los intereses de los titulares de derechos y los desarrolladores de IA para proteger derechos sin frenar la innovación.

Se trata de un compendio de directrices interpretativas y operativas del Garante per la protezione dei dati personali, destinado a regular el tratamiento de datos personales, especialmente sanitarios, en plataformas digitales que ponen en contacto a pacientes y profesionales de la salud. El documento ofrece orientaciones sistemáticas a desarrolladores, proveedores de servicios y profesionales sanitarios sobre la correcta aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, abordando la base jurídica del tratamiento, el principio de minimización, la seguridad de los datos, la gestión del consentimiento, la transparencia informativa y la delimitación de responsabilidades entre titulares y encargados. El objetivo central es garantizar un uso lícito, proporcional y seguro de tecnologías digitales en el ámbito sanitario, conciliando innovación, eficiencia asistencial y protección reforzada de los derechos fundamentales de la persona.