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El artículo analiza cómo el uso de deepfakes por parte del gobierno Estadounidense podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso. Propone que el nombre, imagen y semejanza digital de una persona deben considerarse parte de su identidad y propiedad, protegidas por la Primera Enmienda. También recomienda legislación federal que obligue al gobierno a etiquetar contenidos generados por IA y proteja a denunciantes de abusos tecnológicos.
Social Media and the Internet Drive the Need for a Federal Statute to Protect the Commercial Value of Identity
Nanci K. Carr | 2020
Este artículo argumenta que la proliferación de redes sociales y contenido digital exige una ley federal que proteja el valor comercial de la identidad personal. Analiza cómo los Estados regulan el derecho de publicidad de forma inconsistente, dificultando su aplicación. Propone una ley federal que incluya derechos postmortem, excepciones por libertad de expresión, transferibilidad y protección de identidad más allá del nombre o imagen. Incluye un detallado análisis comparativo de las leyes estatales.
El artículo informa sobre la demanda de NetChoice contra el Maryland Speech Code, una ley que obliga a las plataformas digitales a censurar contenidos o implementar verificaciones de edad invasivas. NetChoice argumenta que la norma vulnera la Primera Enmienda y crea riesgos graves para la privacidad y la ciberseguridad. La organización defiende que los padres, no el gobierno, deben decidir sobre el acceso digital de sus hijos.
Robert D. Nelon, Jon Epstein, Lindsay N. Kistler | 2024
Este compendio analiza la ley de privilegio del periodista en Oklahoma, conocida como «shield law», vigente desde 1974. Protege a periodistas de revelar fuentes o información no publicada en procedimientos judiciales, salvo excepciones como casos de difamación. Se detalla su aplicación en procesos civiles, penales y ante jurados, así como los criterios legales para superar el privilegio. El documento ofrece una guía práctica para periodistas y abogados sobre cómo invocar esta protección.
El proyecto SB 214, denominado Stop Social Media Censorship Act, propone responsabilizar civilmente a plataformas de redes sociales que censuren deliberadamente contenido de usuarios sobre política o religión: impide “fact check”, eliminación o uso de algoritmos para desfavorecer o “shadow ban” ese tipo de discurso. Establece daños reales y sanciones mínimas por violación, obligación de restaurar contenido si se solicita, y excepciones para discurso que incite violencia, pornografía o contenido perjudicial para menores.
El estatuto ORS 336.477 de Oregón reconoce que los estudiantes de secundaria tienen derecho a ejercer la libertad de expresión y de prensa en medios escolares patrocinados, incluso si esos medios no son financiados por la escuela. Se permite que los estudiantes definan el contenido noticioso u opinativo, con límites: no pueden publicar difamaciones, invasión de privacidad injustificada, violar leyes aplicables, ni incitar a actos ilegales o interrupciones sustanciales. Los estudiantes afectados o sus tutores pueden iniciar acciones civiles, y los distritos escolares deben adoptar políticas escritas que regulen el tiempo, lugar y modo de la expresión
Battles Intensify Over Social Media Bans and Free Speech
Michael Barbella | 2023
La Primera Enmienda protege la libertad de expresión del gobierno, pero no se aplica a empresas privadas como las redes sociales. Mark S. Weiner, profesor de la Escuela de Derecho de Rutgers en Newark (Nueva Jersey), explica que las plataformas sociales tienen poder irrestricto para regular contenido según consideren apropiado. Elon Musk comparó Twitter con una plaza pública moderna, defendiendo políticas más permisivas. Sin embargo, tras su adquisición, aumentaron los discursos de odio significativamente. Estados como Florida y Texas han intentado regular estas plataformas, pero enfrentan desafíos constitucionales, ya que restringir la moderación de contenido puede violar los derechos de Primera Enmienda de las propias empresas.
Protéger et développer le droit à l’information: une urgence démocratique
Vie Publique | 2024
Los Estados Generales de la Información fueron lanzados en octubre de 2023 por el Gobierno. Cinco grupos de trabajo reflexionaron sobre el futuro de la información, en torno a los siguientes temas: 1. Innovación tecnológica y espacio informativo; 2. Información, ciudadanía y democracia; 3. El futuro de los medios de comunicación y el periodismo; 4. Soberanía y lucha contra las injerencias extranjeras; 5. El Estado y la regulación. Cada grupo de trabajo formuló propuestas destinadas a contribuir a la elaboración de una política general de salvaguardia del espacio informativo y del espacio público. Retomando parte de sus conclusiones e inspirándose en las aportaciones de los participantes, el Comité Directivo formuló seguidamente nueve propuestas para preservar el espacio público de la información francés; seis propuestas para contribuir a la construcción del espacio público europeo; y dos recomendaciones a los profesionales de la información.
«Deepfake», un terme imparfait pour une réalité appelée à durer
Morgane Tual | 2024
El artículo reflexiona acerca del término deepfake y su evolución al hilo de las innovaciones tecnológicas. Varios países se plantean legislar contra este tipo de “falsificaciones” generadas por inteligencia artificial, si bien el alcance mismo de la definición sigue siendo confuso.
Ohio’s Social Media Parental Consent Law Struck Down on Constitutional Grounds
Lawrence W. Gallick, Anthony M. Ramirez, and Aaron P. Rubin (Morrison & Foerster LLP) | 2025
El artículo analiza la decisión judicial que anuló la ley de Ohio sobre notificación parental en redes sociales. La norma exigía verificación de edad y consentimiento para que menores accedieran a plataformas, pero fue considerada inconstitucional por violar la libertad de expresión. El juez Marbley criticó la falta de proporcionalidad y la selección arbitraria de plataformas, recordando que incluso los menores tienen derechos protegidos por la Primera Enmienda.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación