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Outrage en ligne censuré par le Conseil constitutionnel
Agathe Lepage | 2024
La Ley destinada a proteger y regular el espacio digital, creó un nuevo delito de injurias en línea, posteriormente censurado por el Consejo Constitucional francés por considerar que atentaba contra la libertad de expresión de forma innecesaria, inadecuada y desproporcionada (Cons. const., 17 de mayo de 2024, n.º 2024-866 DC). No obstante, a falta de una tipificación específica del delito de injurias en línea, existen numerosas tipos penales que permiten reprimir los hechos susceptibles de constituir tales abusos.
Robert D. Nelon, Jon Epstein, Lindsay N. Kistler | 2024
Este compendio analiza la ley de privilegio del periodista en Oklahoma, conocida como «shield law», vigente desde 1974. Protege a periodistas de revelar fuentes o información no publicada en procedimientos judiciales, salvo excepciones como casos de difamación. Se detalla su aplicación en procesos civiles, penales y ante jurados, así como los criterios legales para superar el privilegio. El documento ofrece una guía práctica para periodistas y abogados sobre cómo invocar esta protección.
The Texas Citizens Participation Act: A Video Overview
TexasLawHelp | 2024
Este vídeo ofrece una explicación breve sobre la Ley de Participación Ciudadana de Texas, diseñada para proteger a las personas frente a demandas SLAPP (estratégicas contra la participación pública). Estas demandas buscan silenciar a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda. La ley permite presentar mociones para desestimar estas demandas, proteger la libertad de expresión y evitar litigios abusivos que intimidan a ciudadanos por participar en debates públicos.
New York signs parental control of ‘addictive’ social media feeds into law
Kari Paul | 2024
Nueva York aprobó dos leyes para proteger a menores en redes sociales: la Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, que limita el contenido recomendado por algoritmos a publicaciones de cuentas seguidas y bloquea notificaciones nocturnas sin consentimiento parental, y otra que regula la recolección, uso y venta de datos de menores de 18 años. La implementación dependerá de reglas elaboradas por la fiscal general estatal, con un plazo de 180 días para que las plataformas cumplan. La legislación busca reducir la adicción y proteger la salud mental infantil, aunque enfrenta críticas por posibles conflictos con la libertad de expresión.
Privacy protection shouldn’t come at free speech’s expense
Caitlin Vogus | 2024
El fallo federal que respalda la constitucionalidad de “Daniel’s Law” en Nueva Jersey permite restringir la publicación de direcciones y números privados de funcionarios públicos. La ley protege a jueces, fiscales y policías ante amenazas, pero limita la investigación periodística sobre registros de residencia y posibles irregularidades. El periodista Charlie Kratovil ha apelado, argumentando que la ley viola la Primera Enmienda al permitir que el gobierno decida qué información se puede publicar. Aunque la ley busca proteger la privacidad, expertos advierten que reducir la exigencia constitucional puede dar al gobierno un poder excesivo para censurar información veraz sobre funcionarios.
La Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó en febrero de 2024 el proyecto HB 182, que exige que las campañas electorales revelen el uso de inteligencia artificial en anuncios. La norma busca evitar la manipulación de votantes mediante «deepfakes» y establece sanciones por no incluir un aviso claro. No prohíbe el uso de IA, pero sí exige transparencia para proteger la integridad democrática.
Esta página expone la política de la Universidad Estatal de Oregón (OSU) sobre libertad de expresión, reconociendo el derecho constitucional al discurso incluso si es ofensivo. Regula el “tiempo, lugar y modo” del ejercicio del discurso en espacios físicos y digitales de la universidad, definiendo “áreas públicas digitales”, moderación neutral, y los límites al discurso no protegido. También fija mecanismos de apelación y sanciones institucionales
El proyecto SB 214, denominado Stop Social Media Censorship Act, propone responsabilizar civilmente a plataformas de redes sociales que censuren deliberadamente contenido de usuarios sobre política o religión: impide “fact check”, eliminación o uso de algoritmos para desfavorecer o “shadow ban” ese tipo de discurso. Establece daños reales y sanciones mínimas por violación, obligación de restaurar contenido si se solicita, y excepciones para discurso que incite violencia, pornografía o contenido perjudicial para menores.
El artículo analiza cómo el uso de deepfakes por parte del gobierno Estadounidense podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso. Propone que el nombre, imagen y semejanza digital de una persona deben considerarse parte de su identidad y propiedad, protegidas por la Primera Enmienda. También recomienda legislación federal que obligue al gobierno a etiquetar contenidos generados por IA y proteja a denunciantes de abusos tecnológicos.
Mississippi Can’t Wall Off Everyone’s Social Media Access to Protect Children
Aaron Mackey | 2024
El artículo critica una ley de Mississippi que restringe el acceso a redes sociales para proteger a menores, argumentando que la medida vulnera derechos constitucionales de libertad de expresión. La EFF sostiene que bloquear el acceso generalizado a plataformas digitales no es una solución efectiva y que existen formas menos invasivas de proteger a los menores sin afectar los derechos de adultos. La organización aboga por enfoques más equilibrados y respetuosos de los derechos digitales.
Ámbitos específicos 
Garantía 
IA 
Igualdad 
Libertad 
Participación