Referencias documentales

Este artículo analiza una nueva ola de litigios dirigidos contra instituciones de educación superior por el uso de tecnologías de rastreo, como el Píxel de Meta, en sus sitios web. Los autores explican que estas herramientas pueden capturar y transmitir datos sensibles de estudiantes y solicitantes a plataformas de terceros sin el consentimiento adecuado, lo que podría violar leyes federales como la Ley de Privacidad de Video (VPPA) y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA). El texto ofrece lecciones críticas derivadas de casos recientes en otros sectores, advirtiendo a las universidades sobre los riesgos de responsabilidad civil y daño reputacional. Se recomienda a las instituciones realizar auditorías técnicas de sus portales web, actualizar sus políticas de privacidad y garantizar que las herramientas de marketing digital no comprometan la confidencialidad de la información académica y personal de su comunidad estudiantil.

Este artículo destaca la introducción en Wisconsin de un proyecto de ley basado en el «Código de Diseño Apropiado para la Edad» (AADC), una normativa inspirada en estándares internacionales para proteger a los niños y adolescentes en el entorno digital. La legislación propuesta exigiría que las empresas tecnológicas prioricen el bienestar y la privacidad de los menores por encima de los intereses comerciales, obligándolas a realizar evaluaciones de impacto sobre el riesgo de sus productos. Entre sus puntos clave, la ley prohibiría el uso de perfiles de usuario para menores, el rastreo de ubicación predeterminado y el uso de técnicas de diseño adictivas («dark patterns»). EPIC elogia esta iniciativa como un paso crucial para crear una internet más segura, subrayando que la responsabilidad de la protección de datos debe recaer en las plataformas y no únicamente en la supervisión de los padres.

Este comunicado destaca el anuncio oficial del Fiscal General Keith Ellison sobre la plena entrada en vigor de la Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de Minnesota (MCDPA). Ellison informa que su oficina ya ha iniciado esfuerzos de cumplimiento, habiendo procesado más de 200 quejas en los primeros meses. Un punto crucial del anuncio es el fin del «período de advertencia» o derecho a subsanar errores sin penalización, lo que significa que las empresas ahora enfrentan consecuencias directas por infracciones. El Fiscal insta a los ciudadanos a ejercer sus nuevos derechos —como solicitar la eliminación de datos o darse de baja de la publicidad dirigida— y enfatiza que las empresas tienen un plazo de 45 días para responder a estas solicitudes. Este aviso marca la transición de una fase educativa a una de aplicación estricta de la ley para garantizar que la privacidad digital sea una realidad protegida para todos los residentes del estado.

Este artículo detalla la presentación formal de un paquete legislativo por parte del Fiscal General de Dakota del Sur, Marty Jackley, diseñado para fortalecer la seguridad de los ciudadanos más vulnerables. Las propuestas incluyen leyes para combatir la explotación infantil en línea y regular de manera más estricta productos peligrosos para menores. Un componente fundamental del paquete es la protección de la privacidad de los datos genéticos, buscando evitar que empresas de pruebas de ADN compartan información sensible sin un consentimiento claro y explícito. Jackley enfatiza que, a medida que la tecnología avanza, las leyes estatales deben actualizarse para garantizar que los datos personales de los consumidores no sean explotados. El objetivo central es proporcionar a las autoridades mejores herramientas de investigación mientras se establecen salvaguardas legales que protejan la identidad y la integridad de los habitantes de Dakota del Sur frente a las amenazas digitales modernas.

El Senado de Kansas aprobó el proyecto de ley SB 561, conocido como la «Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones». Esta legislación exige a los operadores de grandes plataformas de aplicaciones (como Apple y Google) implementar medidas de transparencia más estrictas respecto a cómo sus algoritmos recomiendan contenido a los usuarios, especialmente a menores de edad. La ley obliga a las empresas a proporcionar mecanismos claros para que los padres puedan auditar el uso de datos de sus hijos y restringir la recopilación de información con fines publicitarios. Además, establece sanciones para las plataformas que no eliminen de manera proactiva aplicaciones que violen las normativas estatales de seguridad infantil. El proyecto ha generado debate, ya que los defensores de la industria argumentan que estas reglas estatales entran en conflicto con las políticas de moderación globales de las empresas tecnológicas. La propuesta pasa ahora a la Cámara de Representantes para su debate final.

El Fiscal General de Kansas alcanzó un acuerdo de 325,000 dólares con Black Hills Corporation y tres de sus subsidiarias tras una investigación por violaciones a la Ley de Protección al Consumidor del estado. La investigación determinó que la empresa compartió datos sensibles de sus clientes, como números de cuenta y patrones de consumo de energía, con terceros sin obtener el consentimiento previo de los usuarios. Además, se halló que la política de privacidad de la corporación era engañosa, ya que no revelaba adecuadamente el alcance del intercambio de información ni las relaciones con socios comerciales externos. Como parte del juicio por consentimiento aprobado por el Tribunal de Distrito del Condado de Shawnee, Black Hills Corporation está obligada a implementar protocolos de privacidad más robustos, garantizando transparencia total y mecanismos de consentimiento explícito antes de procesar o compartir datos personales de los ciudadanos de Kansas.

El Maryland Kids Code, vigente desde octubre de 2024, exige a las empresas digitales proteger la privacidad infantil mediante evaluaciones de impacto, configuraciones de alta privacidad por defecto y restricciones en el tratamiento de datos. Sustituye el principio de “interés superior del menor” por un “deber de cuidado” para evitar daños previsibles.

El artículo informa sobre la demanda presentada por NetChoice contra la ley de privacidad infantil de Maryland, conocida como Maryland Kids Code. Esta norma, vigente desde octubre de 2024, obliga a plataformas digitales a realizar evaluaciones de impacto sobre privacidad infantil y limita la recopilación de datos de menores. NetChoice argumenta que la ley vulnera derechos constitucionales y contradice normativas federales sobre libertad de expresión y comercio digital.

El documento del Departamento de Salud de Maryland ofrece pautas para que cuidadores y jóvenes naveguen el entorno digital de forma segura. Aborda el ciberacoso, la privacidad, el bienestar emocional y la legislación vigente (como la Grace’s Law). Incluye recursos educativos, consejos para conversaciones abiertas y mecanismos de denuncia. Su objetivo es proteger a menores frente a riesgos digitales y fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías.

Virginia ha adoptado diversas medidas legislativas para mejorar la seguridad digital de los menores, como la verificación de edad para acceder a contenidos adultos y la protección de datos infantiles. El plan “Right Help, Right Now” incluye estrategias para abordar la salud mental juvenil y los riesgos de las redes sociales. Aunque algunas propuestas, como el bloqueo de TikTok, generan controversia, otras buscan empoderar a jóvenes y familias con herramientas de privacidad.