Referencias documentales

En la página web se expone la política de privacidad y seguridad en línea de la Unión Europea. Describe cómo las normas comunes del bloque garantizan un alto nivel de privacidad cuando se navega por Internet, protegiendo la información personal que los usuarios comparten con sitios y proveedores de servicios, desde datos de contacto hasta detalles financieros, y dando a las personas mayor control sobre sus datos y dispositivos. Incluye las reglas de ePrivacy, que se aplican a las comunicaciones electrónicas, y se complementa con el RGPD, que exige condiciones estrictas y fines legítimos para recopilar y tratar datos personales. La página también aborda la necesidad de proteger y empoderar a niños y jóvenes en línea, señalando riesgos como el ciberacoso o contenido dañino, y hace referencia a la Estrategia “Una Internet Mejor para los Niños” (BIK+) como parte de ese esfuerzo.

Legisladores del estado de Washington evalúan propuestas para regular chatbots de IA con el objetivo de proteger a menores, ante preocupaciones por riesgos para la salud mental y contenidos perjudiciales. Las iniciativas incluyen limitar interacciones dañinas, exigir que estos sistemas recuerden periódicamente que no son personas, y prohibir ciertos tipos de conversaciones con menores. La discusión forma parte de un debate más amplio sobre salvaguardas de IA y seguridad infantil

La Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó el proyecto HB 1460, que amplía la protección de datos infantiles más allá de la normativa federal (COPPA), prohibiendo que redes sociales y plataformas vendan datos de localización u otra información sensible de menores a terceros. La iniciativa fue respaldada por mayoría republicana, aunque generó críticas sobre la falta de debate y transparencia en su tramitación, debido a la ausencia de la promotora en la audiencia inicial y a la escasa participación de actores relevantes. También se plantearon dudas sobre su posible impacto presupuestario y la falta de intervención del Departamento de Justicia. Sus defensores sostienen que la medida es clara y se alinea con reformas similares en otros estados. El texto pasa ahora al Comité de Finanzas para nueva revisión.

Connecticut avanza en una propuesta legislativa para reforzar la protección de menores en redes sociales, impulsada por el gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong. La iniciativa exigiría consentimiento parental para que plataformas utilicen algoritmos y notificaciones considerados adictivos o perjudiciales para menores. Además, establece configuraciones por defecto más restrictivas, incluyendo la prohibición de notificaciones entre las 21:00 y las 8:00 horas, límites de uso y mayor privacidad de las cuentas. La propuesta se apoya en preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil, como aislamiento, depresión o ciberacoso, y toma como referencia leyes similares de otros estados. Aunque el sector tecnológico alega haber introducido herramientas de seguridad, la medida busca reforzar el control familiar y reducir la exposición de los menores a dinámicas digitales dañinas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en enero de 2026 un amplio paquete legislativo de seguridad online destinado a proteger a menores y afrontar la crisis de salud mental juvenil. Las propuestas refuerzan la protección frente a depredadores, estafas, plataformas de videojuegos, redes sociales y chatbots de IA. Entre las medidas centrales destaca la Stop Online Predators Act, que impondría verificación de edad, configuraciones de máxima privacidad por defecto, desactivación automática de chats abiertos, limitación de contactos con adultos y control parental reforzado, especialmente para menores de 13 años. El paquete incluye además la prohibición de determinadas funciones adictivas, restricciones a la monetización de datos infantiles, salvaguardas frente a IA generativa dañina y la eliminación de material de abuso sexual infantil generado por IA.

El 4 de febrero de 2026, un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito escuchó argumentos sobre leyes de Ohio y Tennessee que exigen consentimiento parental para que menores usen redes sociales. NetChoice, asociación que incluye a Google y Meta, argumenta que las leyes violan los Libertad de expresión de los menores (Primera Enmienda). Los estados sostienen que regulan contratos, no el discurso, y buscan proteger a los menores en línea. NetChoice obtuvo una suspensión permanente en Ohio, pero su solicitud fue denegada en Tennessee. Los jueces cuestionaron la legitimidad de NetChoice para representar los derechos de los menores. Una decisión se espera en los próximos meses y sentará un precedente clave sobre la regulación del acceso juvenil a las plataformas digitales en EE. UU.

El 21 de febrero de 2026, la representante Joy Goeben emitió un comunicado tras la aprobación en la Asamblea de Wisconsin de su paquete de proyectos de ley (AB 961, AB 962 y AB 963) para proteger a los menores en línea. La legislación, que contó con apoyo bipartidista, busca restaurar la autoridad parental aumentando la transparencia de las grandes plataformas tecnológicas y exigiendo responsabilidades a los distribuidores de contenido digital. Goeben argumenta que las empresas diseñan sus plataformas para explotar la vulnerabilidad de los niños, exponiéndolos a depredadores, material explícito y problemas de salud mental. El objetivo es terminar con el desequilibrio que, según ella, deja a los padres «excluidos» del mundo digital de sus hijos, a pesar de ser legal y moralmente responsables de ellos.

Este artículo destaca la introducción en Wisconsin de un proyecto de ley basado en el «Código de Diseño Apropiado para la Edad» (AADC), una normativa inspirada en estándares internacionales para proteger a los niños y adolescentes en el entorno digital. La legislación propuesta exigiría que las empresas tecnológicas prioricen el bienestar y la privacidad de los menores por encima de los intereses comerciales, obligándolas a realizar evaluaciones de impacto sobre el riesgo de sus productos. Entre sus puntos clave, la ley prohibiría el uso de perfiles de usuario para menores, el rastreo de ubicación predeterminado y el uso de técnicas de diseño adictivas («dark patterns»). EPIC elogia esta iniciativa como un paso crucial para crear una internet más segura, subrayando que la responsabilidad de la protección de datos debe recaer en las plataformas y no únicamente en la supervisión de los padres.

Este comunicado destaca el anuncio oficial del Fiscal General Keith Ellison sobre la plena entrada en vigor de la Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de Minnesota (MCDPA). Ellison informa que su oficina ya ha iniciado esfuerzos de cumplimiento, habiendo procesado más de 200 quejas en los primeros meses. Un punto crucial del anuncio es el fin del «período de advertencia» o derecho a subsanar errores sin penalización, lo que significa que las empresas ahora enfrentan consecuencias directas por infracciones. El Fiscal insta a los ciudadanos a ejercer sus nuevos derechos —como solicitar la eliminación de datos o darse de baja de la publicidad dirigida— y enfatiza que las empresas tienen un plazo de 45 días para responder a estas solicitudes. Este aviso marca la transición de una fase educativa a una de aplicación estricta de la ley para garantizar que la privacidad digital sea una realidad protegida para todos los residentes del estado.

Este comunicado informa que el Comité Judicial del Senado de Dakota del Sur aprobó por unanimidad tres proyectos de ley impulsados por el Fiscal General Marty Jackley, diseñados para reforzar la seguridad ciudadana y la privacidad. Entre las propuestas destaca el Proyecto de Ley del Senado 49, que busca salvaguardar la integridad y seguridad de los datos genéticos, imponiendo sanciones civiles por su manejo indebido. Además, el paquete legislativo incluye medidas para otorgar autoridad de citación investigativa en la obtención de registros comerciales (SB 44) y restricciones más estrictas sobre sustancias derivadas del THC para menores de 21 años (SB 45). Jackley enfatizó que estas leyes son fundamentales para proteger a los jóvenes de amenazas en línea y sustancias peligrosas, así como para evitar el robo de información personal sensible, marcando un avance significativo en la agenda legislativa de protección de datos del estado.