Referencias documentales

Este artículo analiza una nueva ola de litigios dirigidos contra instituciones de educación superior por el uso de tecnologías de rastreo, como el Píxel de Meta, en sus sitios web. Los autores explican que estas herramientas pueden capturar y transmitir datos sensibles de estudiantes y solicitantes a plataformas de terceros sin el consentimiento adecuado, lo que podría violar leyes federales como la Ley de Privacidad de Video (VPPA) y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA). El texto ofrece lecciones críticas derivadas de casos recientes en otros sectores, advirtiendo a las universidades sobre los riesgos de responsabilidad civil y daño reputacional. Se recomienda a las instituciones realizar auditorías técnicas de sus portales web, actualizar sus políticas de privacidad y garantizar que las herramientas de marketing digital no comprometan la confidencialidad de la información académica y personal de su comunidad estudiantil.

El 21 de febrero de 2026, la representante Joy Goeben emitió un comunicado tras la aprobación en la Asamblea de Wisconsin de su paquete de proyectos de ley (AB 961, AB 962 y AB 963) para proteger a los menores en línea. La legislación, que contó con apoyo bipartidista, busca restaurar la autoridad parental aumentando la transparencia de las grandes plataformas tecnológicas y exigiendo responsabilidades a los distribuidores de contenido digital. Goeben argumenta que las empresas diseñan sus plataformas para explotar la vulnerabilidad de los niños, exponiéndolos a depredadores, material explícito y problemas de salud mental. El objetivo es terminar con el desequilibrio que, según ella, deja a los padres «excluidos» del mundo digital de sus hijos, a pesar de ser legal y moralmente responsables de ellos.

Este artículo destaca la introducción en Wisconsin de un proyecto de ley basado en el «Código de Diseño Apropiado para la Edad» (AADC), una normativa inspirada en estándares internacionales para proteger a los niños y adolescentes en el entorno digital. La legislación propuesta exigiría que las empresas tecnológicas prioricen el bienestar y la privacidad de los menores por encima de los intereses comerciales, obligándolas a realizar evaluaciones de impacto sobre el riesgo de sus productos. Entre sus puntos clave, la ley prohibiría el uso de perfiles de usuario para menores, el rastreo de ubicación predeterminado y el uso de técnicas de diseño adictivas («dark patterns»). EPIC elogia esta iniciativa como un paso crucial para crear una internet más segura, subrayando que la responsabilidad de la protección de datos debe recaer en las plataformas y no únicamente en la supervisión de los padres.

Este comunicado destaca el anuncio oficial del Fiscal General Keith Ellison sobre la plena entrada en vigor de la Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de Minnesota (MCDPA). Ellison informa que su oficina ya ha iniciado esfuerzos de cumplimiento, habiendo procesado más de 200 quejas en los primeros meses. Un punto crucial del anuncio es el fin del «período de advertencia» o derecho a subsanar errores sin penalización, lo que significa que las empresas ahora enfrentan consecuencias directas por infracciones. El Fiscal insta a los ciudadanos a ejercer sus nuevos derechos —como solicitar la eliminación de datos o darse de baja de la publicidad dirigida— y enfatiza que las empresas tienen un plazo de 45 días para responder a estas solicitudes. Este aviso marca la transición de una fase educativa a una de aplicación estricta de la ley para garantizar que la privacidad digital sea una realidad protegida para todos los residentes del estado.

El 4 de febrero de 2026, un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito escuchó argumentos sobre leyes de Ohio y Tennessee que exigen consentimiento parental para que menores usen redes sociales. NetChoice, asociación que incluye a Google y Meta, argumenta que las leyes violan los Libertad de expresión de los menores (Primera Enmienda). Los estados sostienen que regulan contratos, no el discurso, y buscan proteger a los menores en línea. NetChoice obtuvo una suspensión permanente en Ohio, pero su solicitud fue denegada en Tennessee. Los jueces cuestionaron la legitimidad de NetChoice para representar los derechos de los menores. Una decisión se espera en los próximos meses y sentará un precedente clave sobre la regulación del acceso juvenil a las plataformas digitales en EE. UU.

Una encuesta realizada por la organización MassINC a unos 900 padres de estudiantes de 6º a 12º grado en Massachusetts revela que el 66 % apoya una prohibición “bell-to-bell” del uso de teléfonos móviles en escuelas públicas. La medida, ya aprobada por el Senado estatal y pendiente en la Cámara, obligaría a los distritos a restringir el uso de dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, aunque prevé excepciones por razones de salud y seguridad. Los defensores argumentan que los móviles generan distracción y afectan al aprendizaje y la salud mental. Sin embargo, el 63 % de los padres también desea mecanismos alternativos para comunicarse con sus hijos durante el horario escolar, citando preocupaciones por emergencias y seguridad. El debate se enmarca en una tendencia nacional, con al menos 33 estados que han adoptado políticas similares para limitar el uso de teléfonos en centros educativos.

Connecticut avanza en una propuesta legislativa para reforzar la protección de menores en redes sociales, impulsada por el gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong. La iniciativa exigiría consentimiento parental para que plataformas utilicen algoritmos y notificaciones considerados adictivos o perjudiciales para menores. Además, establece configuraciones por defecto más restrictivas, incluyendo la prohibición de notificaciones entre las 21:00 y las 8:00 horas, límites de uso y mayor privacidad de las cuentas. La propuesta se apoya en preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil, como aislamiento, depresión o ciberacoso, y toma como referencia leyes similares de otros estados. Aunque el sector tecnológico alega haber introducido herramientas de seguridad, la medida busca reforzar el control familiar y reducir la exposición de los menores a dinámicas digitales dañinas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en enero de 2026 un amplio paquete legislativo de seguridad online destinado a proteger a menores y afrontar la crisis de salud mental juvenil. Las propuestas refuerzan la protección frente a depredadores, estafas, plataformas de videojuegos, redes sociales y chatbots de IA. Entre las medidas centrales destaca la Stop Online Predators Act, que impondría verificación de edad, configuraciones de máxima privacidad por defecto, desactivación automática de chats abiertos, limitación de contactos con adultos y control parental reforzado, especialmente para menores de 13 años. El paquete incluye además la prohibición de determinadas funciones adictivas, restricciones a la monetización de datos infantiles, salvaguardas frente a IA generativa dañina y la eliminación de material de abuso sexual infantil generado por IA.

La Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó el proyecto HB 1460, que amplía la protección de datos infantiles más allá de la normativa federal (COPPA), prohibiendo que redes sociales y plataformas vendan datos de localización u otra información sensible de menores a terceros. La iniciativa fue respaldada por mayoría republicana, aunque generó críticas sobre la falta de debate y transparencia en su tramitación, debido a la ausencia de la promotora en la audiencia inicial y a la escasa participación de actores relevantes. También se plantearon dudas sobre su posible impacto presupuestario y la falta de intervención del Departamento de Justicia. Sus defensores sostienen que la medida es clara y se alinea con reformas similares en otros estados. El texto pasa ahora al Comité de Finanzas para nueva revisión.

El artículo informa que California ha introducido nuevos requisitos de verificación de edad para ciertas aplicaciones de software y servicios digitales que probablemente sean accesibles por menores. La normativa exige que los proveedores implementen métodos para comprobar la edad real de los usuarios antes de permitirles acceder a contenidos restringidos, especialmente aquellos con riesgos para la salud o el bienestar infantil. Se discuten las obligaciones de cumplimiento y las implicancias de proteger datos sensibles relacionados con la edad del usuario