Referencias documentales

La organización de los sistemas sanitarios se ha visto afectada por el uso de la tecnología digital. Los objetos conectados, los robots dotados de inteligencia artificial y los algoritmos se han convertido en herramientas indispensables para la organización y la mejora del funcionamiento de los actores sanitarios, los centros, las empresas, los profesionales y las autoridades sanitarias. Si bien este uso generalizado es una fuente de progreso para la salud individual y colectiva, también representa importantes riesgos. El marco jurídico y normativo de la tecnología digital en el ámbito de la salud pasa sin duda por la elaboración de normas vinculantes destinadas a la protección del paciente, pero también por el recurso a normas jurídicas flexibles, dictámenes, recomendaciones, cartas y directrices. El marco jurídico de la tecnología digital en el ámbito de la salud se orienta hacia un enfoque ágil comprometido con la corregulación entre los actores públicos y privados.

La inteligencia artificial se encuentra en una fase de desarrollo que permite plantearse su regulación por parte del derecho. Sus aplicaciones se están materializando y ya no es necesario proyectarse en el futuro para imaginar tanto los avances como los riesgos. De hecho, ya existe un proyecto de normativa, ya que la Comisión Europea publicó el 21 de abril de 2021 una propuesta de reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Los trabajos preparatorios ya están muy avanzados, ya se trate de evaluar las situaciones actuales, comprobar la adaptabilidad de las normas del derecho positivo, preparar las orientaciones que deben adoptarse y las decisiones que deben tomarse, o incluso plantearse los métodos, entre el enfoque ético y el enfoque prescriptivo.
En este contexto, académicos de renombre han aunado sus reflexiones para que cada estudio en su ámbito de especialidad contribuya a una presentación completa de las cuestiones que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

El intercambio de datos entre administraciones es una condición indispensable para la aplicación del principio que rige la simplificación y la búsqueda de la eficiencia del servicio público. Los intercambios electrónicos de información entre administraciones y con los usuarios se han ido consolidando poco a poco desde el punto de vista jurídico, hasta las recientes disposiciones de la ley denominada 3DS, de 21 de febrero de 2022, destinada a acelerar el intercambio de datos entre administraciones en beneficio del usuario, que permiten acercarse al usuario. Ya no se trata solo de que las administraciones intercambien la información necesaria para tramitar una solicitud o una declaración de un usuario del servicio público; ahora este intercambio también es posible para «informar a las personas sobre su derecho a beneficiarse de una prestación o ventaja (…) y para concederles eventualmente dichas prestaciones o ventajas». Así, asistimos a una auténtica revolución jurídica desencadenada por la irrupción de los datos en el servicio público, que lleva a los derechos «reclamables» (abiertos a petición de las personas) por el camino de los derechos «portátiles» (abiertos automáticamente). Si los derechos de las personas sobre sus datos personales son el núcleo de este sistema de intercambio de datos, cabe preguntarse si las expectativas razonables de las personas afectadas no deberían seguir respetándose una vez que estos datos se han seudonimizado, para su reutilización en beneficio del interés general.

El Consejo de Estado constata que el tratamiento de los datos personales relativos a una persona fallecida no entra en el ámbito de aplicación del RGPD, sino de la legislación nacional. Por lo tanto, el único criterio que se aplica es la actividad del establecimiento o del encargado del tratamiento en «territorio francés», independientemente de que el tratamiento se realice o no en Francia. Dado que esta situación no se da en el presente caso, se descarta la aplicación de la ley de 6 de enero de 1978.

Analizar el teletrabajo desde la perspectiva del servicio público revela la resiliencia de este ante el fenómeno de la digitalización del derecho en nombre del principio de mutabilidad, así como ante la crisis sanitaria en nombre del principio de continuidad. En la práctica, el teletrabajo conlleva cambios espaciotemporales en la prestación del servicio público.

El volumen reúne las actas de la Mesa Redonda sobre Big Data y derechos digitales, celebrada en Cagliari el 8 de junio de 2022, en la que se presentaron los resultados del proyecto de investigación Big Data y derechos fundamentales, financiado por la Fundación de Cerdeña en la anualidad 2018, bajo la dirección científica del profesor Gianmario Demuro, en el marco del convenio trienal suscrito con la Universidad

El objetivo de este documento es proporcionar a la ciudadanía información útil y relevante sobre los derechos digitales. Su contenido ha sido elaborado por expertos del BEUC desde una perspectiva europea, con el fin de: formar rápidamente a los equipos profesionales, facilitar el acceso a la información pertinente, permitir que el personal informe mejor a los consumidores sobre sus derechos y sensibilizar a ministerios y autoridades nacionales en materia de derechos digitales

Este libro ofrece una panorámica amplia y actualizada sobre los derechos digitales desde una óptica jurídica aplicada a la sociedad contemporánea. Ziccardi aborda cómo la digitalización ha transformado no solo las comunicaciones y los medios, sino también las libertades y garantías fundamentales de las personas en Internet. El autor examina temas como el control, la libertad de expresión, el odio en línea (hate speech), la protección de datos y la seguridad digital, articulándolos con el desarrollo de capacidades profesionales en el entorno tecnológico. La obra no solo describe los fenómenos tecnológicos, sino que investiga cómo el derecho responde a ellos, señalando tensiones, lagunas y propuestas de regulación. Está dirigida tanto a estudiantes y profesionales del derecho como a un público general interesado en comprender el impacto de las tecnologías digitales en la vida cotidiana y en la configuración de los derechos en el espacio digital.

Obra colectiva que aborda los derechos digitales desde múltiples ángulos, enfocándose en cómo Internet y las tecnologías de la información han transformado derechos tradicionales como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información y la identidad personal. A través de diferentes aportes, el libro examina las implicaciones jurídicas del uso de plataformas digitales, los desafíos en la protección de datos personales, las barreras para ejercer derechos básicos en red y las respuestas normativas necesarias para salvaguardar estos derechos en un contexto digitalizado. La obra combina una aproximación teórica con ejemplos prácticos y referencias al derecho italiano y europeo, ofreciendo un panorama versátil y actualizado sobre los desafíos y las oportunidades para garantizar los derechos fundamentales en la sociedad digita

La inteligencia artificial ha abierto un escenario hasta hace poco desconocido, en el que el Derecho está llamado a operar distinciones e identificar límites, así como a reconocer intereses emergentes, ámbitos de responsabilidad y objetos de tutela.
Con el propósito de ofrecer una perspectiva de análisis amplia y articulada, el volumen, de clara impronta interdisciplinar, examina en primer lugar a la persona y su esfera de derechos y protecciones, también después de la muerte, sin olvidar el baluarte del derecho al olvido. A continuación, se profundiza en el concepto de mercado, con las problemáticas relativas a los contratos, la inteligencia artificial y el smart contract, pasando por la negociación robótica, los tokens y la criptomoneda. La obra analiza asimismo la importancia del Estado y de la Administración pública, atendiendo a las novedades en materia de digitalización y de servicios públicos.
Cierra la exposición el examen de los aspectos relativos a la legalidad y la justicia, tales como, por ejemplo, la responsabilidad penal por daños derivados de la inteligencia artificial o la que se plantea en procesos de elevada automatización, la prueba digital en el proceso civil y la IA en los sistemas de ADR y ODR. En el ámbito de la administración de justicia, se pone de relieve el impacto de la IA, en el presente y, sobre todo, en el futuro, en el procedimiento decisorio del juez y en el razonamiento probatorio, pero también en la previsibilidad de la decisión y en el precedente en la era digital.