Referencias documentales

El artículo analiza la paradoja de la IA sostenible: aunque se presenta como herramienta clave para optimizar recursos y combatir la crisis climática, su desarrollo y uso generan enormes impactos ambientales y sociales. El entrenamiento de modelos como BLOOM o PaLM emite cientos de toneladas de CO₂ y consume millones de litros de agua. Además, la explotación laboral en moderación de contenidos y extracción de minerales evidencia su insostenibilidad social. El RIA introduce requisitos de transparencia y medición de emisiones, pero las críticas señalan que deberían aplicarse a todos los sistemas, no solo a los de alto riesgo.

Los Estados de la Unión Europea impulsan un nuevo marco legal que impondría un año de almacenamiento obligatorio de datos por parte de una amplia gama de servicios digitales, desde proveedores de internet hasta mensajería, plataformas en la nube, servicios financieros, comercio electrónico, VPN, taxis, reparto y fabricantes de automóviles. La propuesta va mucho más allá de las normas anteriores y pretende incluir metadatos que permitan saber quién se comunica, cuándo, dónde y cómo, así como posibles registros de ubicación. Aunque la justicia europea ha declarado ilegales anteriores intentos por ser indiscriminados, varios países quieren reinterpretar la proporcionalidad y ampliar el alcance. También piden que cada Estado defina qué es “delito grave” y que la seguridad nacional quede fuera del control de la UE. La Comisión prevé presentar un proyecto en 2026.

Índice anual que mide el nivel de seguridad digital de la población alemana. La edición 2024 se centra en la ‘seguridad de IA en el día a día’ y refleja un deterioro general de la seguridad digital en Alemania. El informe aborda la creciente cantidad de incidentes en línea, el comportamiento y conocimiento de los usuarios, así como las diferencias entre distintos perfiles de consumidores. También analiza cómo la digitalización afecta ámbitos cotidianos como comunicación, banca, compras, salud y el hogar conectado. Esta edición presta especial atención a la IA, junto con la necesidad de más educación, cooperación y medidas de protección para garantizar una participación digital segura

Esta carta abierta firmada por numerosas organizaciones de defensa de los derechos digitales advierte que el paquete legislativo europeo «igital Omnibus supondría un retroceso histórico en los derechos digitales de la Unión Europea. Según EDRi y más de un centenar de organizaciones sociales y sindicales, la Comisión Europea planea reabrir y modificar pilares esenciales como el RGPD, el marco de ePrivacy y partes del RIA, debilitando protecciones fundamentales sobre privacidad, vigilancia y uso de datos. Ciertos documentos filtrados muestran que, pese a las promesas de no modificar garantías básicas, las reformas podrían convertirse en la mayor erosión de derechos digitales en la historia de la UE. El plan incluye dos nuevas leyes y un “chequeo de adecuación digital” que podría abrir la puerta a más desregulación, afectando normas de responsabilidad de plataformas y protección de consumidores. EDRi denuncia que estas iniciativas responden a presiones de grandes corporaciones y actores estatales, y pide detener el proceso y respetar los mecanismos democráticos europeos.

El Fairwork Germany Report 2025 analiza las condiciones laborales en la economía de plataformas en Alemania y su relevancia para los derechos digitales y laborales. Evalúa siete plataformas (Lieferando, Flink, Helpling, Bolt, Uber, Uber Eats y Wolt) según cinco principios: pago justo, condiciones seguras, contratos claros, gestión transparente y representación colectiva. Los resultados muestran un deterioro respecto a años anteriores: solo Flink garantiza el salario mínimo, Lieferando ofrece representación colectiva y ninguna plataforma asegura transparencia algorítmica ni protección adecuada en salud y seguridad. El informe subraya la urgencia de aplicar la Directiva Europea de Trabajo en Plataformas

Este informe analiza los riesgos del online proctoring (vigilancia de la identidad) en universidades alemanas. Durante la pandemia, estas herramientas se usaron para vigilar exámenes mediante cámaras, micrófonos y escaneos de habitaciones, lo que supone una fuerte intrusión en la privacidad. El estudio distingue entre extensiones de navegador y software independiente, señalando que ambos pueden acceder a datos sensibles, modificar configuraciones y dejar sistemas inseguros tras su desinstalación. El caso de Proctorio muestra permisos excesivos, manipulación de proxies, uso de bibliotecas obsoletas y falta de transparencia en el envío de datos. Según el análisis, estas prácticas vulneran la ley y varios principios constitucionales relativos a la protección de datos.

Explica la importancia de crear capturas de pantalla (screenshots) con validez legal para proteger los derechos digitales frente a la violencia en línea. Señala que los contenidos dañinos (como comentarios de odio, difamaciones o imágenes ilegales) pueden eliminarse rápidamente, dejando a las víctimas sin pruebas para denunciar. También se detalla el contenido mínimo de los datos relativos a la captura de pantalla para su validez. Estas evidencias permiten a las autoridades investigar y perseguir delitos digitales. Se insiste en que la rapidez en la captura es esencial y que los usuarios deben evitar guardar material ilegal sensible.

El documento evalúa un año de aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) en la Unión Europea y su impacto en los derechos digitales. Aunque la norma busca proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales, los resultados muestran deficiencias: un 47% de los contenidos denunciados por incitación al odio, símbolos anticonstitucionales o insultos permanecieron visibles. Los sistemas de moderación fallan, los procesos de denuncia son complejos y las plataformas reaccionan con retraso. Esto genera un efecto silenciador, limita la libertad de expresión y amenaza la estabilidad democrática. Se reclama fortalecer la supervisión nacional y apoyar a la sociedad civil

Este documento ofrece un plan de crisis para personas y organizaciones que sufren violencia digital, subrayando su relevancia en la protección de los derechos digitales. Explica cómo ataques en línea (como amenazas, difusión de datos personales, deepfakes o campañas de difamación) pueden vulnerar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión. Propone estrategias de prevención y respuesta, incluyendo la creación de equipos de crisis, medidas de seguridad digital y analógica, y comunicación responsable. Al proporcionar herramientas prácticas, refuerza la capacidad de los ciudadanos para defender su integridad y ejercer sus derechos en entornos digitales.

El informe incluye un panorama de riesgos para infancia y juventud en internet en 2024 y destaca el fuerte aumento de esos riesgos. Se registraron 17.630 casos, más del doble que en 2023, con un 90 % relacionados con violencia sexual digital. Se analizan fenómenos como extremismo en Discord, islamismo en redes, “gore” como reto viral, ciberacoso en encuestas callejeras, presión por lootboxes y tendencias peligrosas en TikTok. También se denuncian deepfakes sexualizados de menores y la falta de control en plataformas como Telegram y Likee. El informe exige mejores sistemas de verificación de edad, moderación eficaz y responsabilidad de los proveedores