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Vademecum des moyens de droit pour lutter contre la diffusion en ligne d’hypertrucages visuels ou sonores générés par un traitement algorithmique, communément appelés deepfakes
Claire Poirson y Marie Sirot | 2025
El presente artículo ofrece una primera interpretación destinada a los profesionales del derecho sobre los fundamentos y las acciones emprendidas en Francia para retirar un deepfake difundido a través de un servicio de comunicación pública en línea, exigir responsabilidades a los distintos actores implicados y obtener una indemnización.
La police de la désinformation à l’épreuve des deepfakes
Kassandra Goni | 2025
El marco jurídico francés parece hoy en día inadecuado para luchar contra la desinformación difundida por los deepfakes, esos vídeos y/o audios hiperfalsificados generados por inteligencia artificial, que a veces se utilizan para influir o desestabilizar un proceso democrático. La prevención de esta desinformación sigue siendo limitada y se basa, por un lado, en la reciente creación de una policía de sistemas de inteligencia artificial y en la aplicación del marco preventivo existente relativo a la manipulación de la información. Por otro lado, se basa en un refuerzo de la regulación institucional, garantizada esencialmente por la Arcom, cuya eficacia depende, sin embargo, de la cooperación de las plataformas digitales en un marco de autorregulación. Así, la legislación, aún vacilante, tiene dificultades para dar una respuesta adecuada a los retos que plantean estos contenidos generados por la inteligencia artificial y sus posibles repercusiones en los procesos democráticos.
Retour sur les principales dispositions répressives de la loi SREN : deepfake et bannissement numérique
Evan Raschel | 2025
Si, como su nombre indica, la ley n.º 2024-449, de 21 de mayo de 2024, «destinada a proteger y regular el espacio digital » (SREN) es una ley de regulación digital que refuerza las competencias otorgadas en la materia a diferentes instancias o autoridades administrativas, es, en segundo lugar, una ley represiva que ofrece nuevas herramientas al juez en términos de incriminación y sanción. Aquí nos centramos, por un lado, en la ampliación del delito de montaje y, por otro, en la creación de la pena denominada «destierro digital».
Lutte contre les contenus illicites en ligne : la mutation de la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires
Anne-Sophie Chavent-Leclère | 2025
Bajo la influencia de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la ley del 21 de mayo de 2024, la responsabilidad de los proveedores de servicios intermedios está evolucionando hacia un modelo casi represivo. Este cambio tiene por objeto reforzar las obligaciones de diligencia con sanciones económicas disuasorias en caso de incumplimiento. Se basa en la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM) para garantizar una regulación eficaz.
La protection des mineurs en ligne : l’évaluation des risques et la vérification de l’âge au coeur des régulations au sein de l’Union européenne et au Royaume-Uni
Samira Anfi | 2025
La protección de los menores se impone como un eje central de la regulación digital tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. El año 2025 ha visto la materialización de las grandes leyes adoptadas en los últimos años en materia de regulación digital, entre las que destacan el Reglamento Europeo sobre Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que se basan en una lógica de evaluación de riesgos por parte de los proveedores de servicios en línea que pueden ser utilizados por niños y adolescentes. Entre las medidas de mitigación de riesgos recomendadas por los reguladores, la más emblemática es la de verificar la edad de los usuarios para acceder a servicios en línea potencialmente perjudiciales para los menores. Por ello, el pasado 14 de julio, la Comisión Europea publicó sus directrices para «ayudar a los proveedores de plataformas a aplicar estas medidas de protección de los menores».
1° rapporto sull’indipendenza digitale in Italia” (maggio 2025)
Redopen | 2025
La tecnología también facilita que mujeres y hombres participen en los procesos democráticos. Sin embargo, la tecnología también se ha convertido en una plataforma para nuevas formas de acoso contra las mujeres.
Italy’s contribution to the report on ‘The right to privacy in the digital age
Ministero degli Affari Esteri - Comitato interministeriale per i Diritti Umani | 2025
El documento recoge la contribución de Italia al informe de la ONU sobre “El derecho a la privacidad en la era digital” (HRC Res. 54/21). Presenta el papel y la estructura de la Autoridad Italiana de Protección de Datos (Garante per la protezione dei dati personali), autoridad administrativa independiente creada por la Ley 675/1996 y actualmente regulada por el Código de Protección de Datos Personales (D. Leg. 196/2003), modificado por el D. Leg. 101/2018, que la designa como autoridad de control del RGPD conforme al art. 51 del Reglamento 2016/679. Su misión es salvaguardar derechos y libertades fundamentales en el tratamiento de datos personales y garantizar la dignidad de las personas. Funciona como órgano colegiado de cuatro miembros elegidos por el Parlamento por siete años. Entre sus competencias destacan: supervisar la licitud del tratamiento, tramitar reclamaciones, limitar o prohibir tratamientos, emitir recomendaciones, asesorar al legislador, elaborar un informe anual y participar en cooperación europea e internacional. Italia reafirma su compromiso con los mecanismos de derechos humanos de la ONU
Andrea Simoncini y Marina Pietrangelo (Coodr.) | 2025
El Breviario jurídico de la ciberseguridad nace en la fragua del proyecto CybeRights, que reunió a expertos y a jóvenes en formación para trabajar en uno de los frentes más complejos de la actual relación entre Derecho y digitalización: la ciberseguridad. El volumen contiene un análisis sistemático de los principales conceptos jurídico-informáticos recurrentes en la legislación de la que se extraen. Según el modelo del vocabulario, los conceptos examinados se presentan por orden alfabético y se explican con un lenguaje lo más llano posible, a fin de ofrecer una auténtica guía simplificada de la normativa sectorial. Para quienes deseen profundizar, las voces se acompañan de referencias a la principal literatura científica que sirve de base al trabajo de síntesis.
La obra está destinada, en efecto, tanto a los profesionales, que desean tener a mano una guía ágil con los contenidos esenciales de la materia, como a quienes pretenden documentarse por primera vez sobre las implicaciones jurídico-institucionales de las actividades de ciberseguridad.
Carta dei Diritti in Internet: verso un Bill of Rights digitale
Chefuturo.it | 2025
El documento examina la Carta de los Derechos en Internet impulsada en Italia como antecedente de un auténtico Bill of Rights digital, concebido para garantizar una ciudadanía digital plena, inclusiva y respetuosa con la dignidad humana. La Carta se articula en catorce principios fundamentales, entre los que destacan el acceso universal a Internet como derecho fundamental, la neutralidad de la red, la protección de los datos personales, el derecho al olvido y la tutela de la identidad digital. El texto subraya la necesidad de eliminar las brechas sociales, económicas, culturales, generacionales y de género, promoviendo al mismo tiempo la alfabetización y la educación digital. Se destaca el valor cultural y político de la iniciativa, entendida como instrumento para constitucionalizar los derechos en el espacio digital y reforzar la participación democrática, situando a Italia como referente internacional en la protección jurídica del ciberespacio
Digitalising Justice: A fundamental rights-based approach
FRA-European Union Agency for Fundamental Rights | 2025
La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) analizó 31 herramientas y sistemas digitales en siete Estados miembros de la UE, explorando sus posibles efectos positivos y negativos sobre víctimas, demandantes y acusados. Al identificar los riesgos de manera temprana, invertir en competencias y formación, e incorporar protecciones desde el inicio, los responsables políticos y los profesionales pueden construir sistemas de justicia eficaces e inclusivos. Este informe ofrece sugerencias prácticas para contribuir a que los sistemas de justicia digitalizados sean accesibles y garanticen resultados justos para todos.