Referencias documentales

El último proyecto legislativo del estado de Vermont obligaría a incluir una advertencia clara cuando, dentro de los 90 días previos a una elección, se difunda contenido engañoso generado o manipulado mediante inteligencia artificial. La norma exige que el material indique expresamente que ha sido creado con tecnología digital y que representa hechos o declaraciones que no ocurrieron, incluyendo avisos específicos en anuncios audiovisuales. La iniciativa surge tras episodios recientes de “deepfakes” políticos y busca proteger la integridad electoral sin vulnerar la libertad de expresión, optando por la transparencia en lugar de la prohibición. Se excluyen la sátira y los medios informativos que contextualicen adecuadamente el contenido. El incumplimiento conllevaría multas económicas y posibles acciones civiles por parte de las personas afectadas.

La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que exige que cualquier anuncio político en audio o video que utilice “medios sintéticos” incluya una advertencia visible y audible indicando que contiene contenido generado por IA. El aviso deberá aparecer al inicio y al final del anuncio, así como mantenerse durante su emisión. La norma se aplicará a comunicaciones financiadas por candidatos o grupos políticos con intención de influir en el voto, y prevé multas de 1.000 dólares por incumplimiento. La iniciativa responde a precedentes recientes de desinformación electoral mediante IA en otros estados. Además, la Cámara aprobó otra propuesta que prohíbe la difusión de comunicaciones engañosas dentro de los 90 días previos a una elección, permitiendo a las víctimas demandar, aunque excluye medios informativos y sátira.

En torno a ciertos sectores de la ciudadanía de Massachusetts existe cierta preocupación sobre el Massachusetts Data Privacy Act, ya que, aunque valorando positivamente sus objetivos de protección de datos, temen su posible impacto negativo en pequeñas empresas. Se sostiene que limitar la recopilación y el tratamiento de datos al mínimo necesario para prestar un servicio reduciría la eficacia de herramientas publicitarias y analíticas esenciales para que negocios locales compitan con grandes corporaciones. También critica el umbral de aplicación (60.000 consumidores), por considerarlo bajo en comparación con otros estados, lo que podría generar mayores costes de cumplimiento para empresas con menos recursos. Aunque respalda la protección de datos sensibles y la prohibición de publicidad dirigida a menores, defiende un enfoque equilibrado que salvaguarde la privacidad sin perjudicar la competitividad y viabilidad económica de pequeñas empresas.

La Administración Healey-Driscoll ha presentado el Plan Estratégico de Accesibilidad y Equidad Digital de Massachusetts, elaborado por el Digital Accessibility and Equity Governance Board en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 614 de 2023, emitida en el aniversario de la ADA. El plan establece misión, objetivos y estrategias para garantizar que los servicios digitales del gobierno estatal sean accesibles a personas con discapacidad y, en consecuencia, más inclusivos para toda la población. Se articula en seis ejes: financiación y organización del programa, marco de gobernanza y cumplimiento, participación de actores, contratación tecnológica accesible, capacitación del personal público y diseño de servicios digitales inclusivos. La iniciativa consolida un enfoque transversal que integra accesibilidad en la gestión tecnológica pública.

En Rhode Island se está desarrollando una estrategia integral para reducir la brecha digital mediante el refuerzo de instituciones comunitarias clave como bibliotecas y organizaciones sociales. Las bibliotecas públicas se han transformado en centros de conectividad y formación digital, ampliando su capacidad tecnológica para atender a personas con menos recursos y mejorar su acceso al empleo y a la educación. Iniciativas como Beacon 2.0, impulsadas por OSHEAN Inc., extienden ordenadores y centros móviles a zonas con escasa conectividad. Paralelamente, la Communication Service for the Deaf trabaja en la adopción de banda ancha accesible para personas sordas o con discapacidad auditiva, combinando tecnología adaptada y formación especializada. A ello se suma la labor de One Economy Corporation, que fomenta la alfabetización digital juvenil en viviendas asequibles, generando efectos multiplicadores en las comunidades.

El senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse impulsa, junto al republicano Lindsey Graham, una iniciativa bipartidista para derogar la Sección 230 de la Communications Decency Act, norma clave para el funcionamiento del internet moderno. Dicha disposición exime a las plataformas de responsabilidad por contenidos generados por terceros, permitiendo la existencia de foros, redes sociales y medios independientes. Expertos y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten que su eliminación provocaría una moderación extrema o la retirada masiva de contenidos para evitar litigios, generando un grave efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. Aunque la propuesta se presenta como un intento de aumentar la responsabilidad de las grandes tecnológicas, sus críticos sostienen que facilitaría una censura indirecta y pondría en riesgo a pequeñas plataformas, el activismo digital y el pluralismo informativo.

La inteligencia artificial ya es una realidad en Rhode Island y el Estado busca posicionarse como referente nacional mediante una estrategia pública responsable e inclusiva. El gobernador Dan McKee impulsó en 2024 el Rhode Island AI Task Force, que acaba de publicar un informe con recomendaciones para anticipar impactos y aprovechar oportunidades. El plan propone que el sector público lidere la adopción ética de la IA, con gobernanza, transparencia y control de sesgos, a la vez que refuerza la formación del personal. Destaca la preparación de estudiantes y trabajadores “AI-ready”, desde K-12 hasta la educación superior, y la atracción de empresas mediante una fuerza laboral capacitada. Expertos como Jim Langevin subrayan que la IA transformará empleo, educación y servicios públicos, mejorando la eficiencia y la experiencia ciudadana si se implementa con responsabilidad.

Esl estado de Rhode Island plantea una nueva legislación (S 2203) sobre privacidad genética en el ámbito de las empresas de tests genéticos directos al consumidor, enmarcándola dentro de una tendencia más amplia que incluye a otros estados como Dakota del Sur y Vermont. En el caso de Rhode Island, la iniciativa establece un régimen exigente basado en información clara, consentimiento expreso y control efectivo del usuario sobre sus datos genéticos y muestras biológicas. Obliga a informar de manera accesible sobre los usos de los datos, a recabar consentimientos separados para usos secundarios, conservación de muestras y cesiones a terceros, y a garantizar derechos de acceso, supresión y revocación del consentimiento. El texto subraya que, aunque Rhode Island comparte objetivos con otros estados, cada legislación introduce matices distintos en obligaciones, excepciones y alcance, evidenciando un mosaico regulatorio estatal en evolución frente a los riesgos para la intimidad genética.

El estado de Rhode Island plantea una iniciativa legislativa (S 2021) orientada a facilitar el uso cotidiano de Bitcoin mediante la exención fiscal de pequeñas transacciones. El proyecto propone que tanto particulares como empresas puedan vender o intercambiar hasta 5.000 dólares mensuales o 20.000 anuales en Bitcoin sin que dichas operaciones tributen en el impuesto estatal sobre la renta. La medida, prevista para el periodo 2027–2028, busca simplificar las obligaciones fiscales de operaciones cripto de escasa cuantía, fomentando el cumplimiento mediante un sistema de autocertificación anual y requisitos de registro razonables. El texto subraya que la exención no está pensada para inversiones especulativas, sino para el uso ordinario de Bitcoin como medio de pago. La norma será evaluada tras un año para valorar su impacto económico y fiscal, con posibilidad de modificación o prórroga.

La legislatura de Connecticut ha iniciado su sesión de 2026 con un amplio paquete de proyectos de ley tecnológicos centrados en privacidad, menores, reconocimiento facial e inteligencia artificial. Destaca una propuesta del senador Bob Duff para prohibir el uso de reconocimiento facial en comercios, ante el riesgo que supone la recopilación de datos biométricos sin un consentimiento real. En paralelo, se han presentado iniciativas para limitar el acceso de menores a redes sociales, exigir consentimiento parental, restringir notificaciones nocturnas y reforzar la privacidad infantil. También se apoya una prohibición del uso de teléfonos móviles en aulas K-12. Asimismo, el fiscal general William Tong impulsa una reforma de la legislación de protección de datos para adaptarla a la IA y la geolocalización. Finalmente, se prevé reabrir el debate sobre una regulación estatal de la inteligencia artificial que combine protección de derechos, innovación y capacitación digital.