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Will this be the year RI’s public records become easier to access? What advocates want.
Katherine Gregg | 2025
El artículo aborda el intento legislativo de reformar la Access to Public Records Act (APRA) en Rhode Island. La propuesta incluye reducir tarifas, ampliar el acceso a grabaciones policiales y establecer sanciones por incumplimiento. También introduce medidas contra solicitudes maliciosas y permite solicitar exenciones de pago por interés público. Defensores como ACLU y Common Cause apoyan la reforma, mientras agencias gubernamentales expresan preocupaciones sobre privacidad y carga administrativa.
La página describe las obligaciones bajo la ley de registros públicos de Oregón de conservar los contenidos generados en redes sociales por agencias gubernamentales como “records públicos”, independientemente de su formato. Se menciona que las agencias deben establecer políticas de retención de contenido social, moderación de comentarios y cumplimiento con la Ley de Registros Públicos del Estado (ORS 192) para asegurar transparencia e integridad en los registros digitales gubernamentales.
El vídeo explica cómo los ciudadanos pueden acceder a registros públicos en Florida a través de plataformas en línea. Se detallan los tipos de registros disponibles, como certificados de nacimiento, licencias de matrimonio, registros judiciales y de propiedad. También se mencionan las agencias responsables y los pasos para realizar solicitudes. El contenido promueve la transparencia gubernamental y el derecho de los ciudadanos a consultar información pública de forma digital.
Last-minute change to Ky police records bill could give agencies more power to conceal records
Sylvia Goodman | 2025
El artículo analiza los cambios de última hora introducidos en el proyecto de ley HB 520 de Kentucky, que modifica la Ley de Registros Abiertos. La nueva redacción permite a las agencias policiales negar el acceso a registros de investigaciones abiertas si consideran que su divulgación “podría” causar daño, en lugar de demostrar que “lo haría”. También exime al fiscal general de publicar registros incluso tras el cierre de los casos, lo que ha generado críticas por debilitar la transparencia gubernamental.
Indiana updates public records access laws to improve transparency and retention
CitizenPortal.ai | 2025
El artículo analiza la Ley HB 1148 de Indiana, que reforma el acceso a registros públicos. Establece que documentos confidenciales serán accesibles tras 75 años, y los registros de nacimientos y mortinatos tras 99 años, con excepciones para adopciones. La medida busca equilibrar transparencia y privacidad, facilitando investigaciones genealógicas y estudios de salud pública, aunque genera debate sobre la exposición de datos sensibles.
La página describe la Alaska Public Records Act (APRA), que regula el acceso a registros públicos estatales y locales (excepto ramas legislativa/judicial). Explica el procedimiento para solicitudes (plazo inicial de 10 días laborales), posibles extensiones, cargos por búsquedas extensas, recursos para apelaciones y excepciones (información personal, borradores, comunicaciones privadas). También señala que algunas entidades como universidades o agencias locales pueden tener sus propias reglas bajo el marco de la APRA.
Mississippi Public Records Laws and Social Media Records
CivicPlus | 2025
El informe explica cómo la Ley de Registros Públicos de Mississippi considera los contenidos en redes sociales como documentos oficiales, sujetos a conservación y divulgación. Se incluyen definiciones legales, interpretaciones del Comité de Ética y ejemplos prácticos como el caso de la ciudad de Greenville. Se destaca la necesidad de políticas claras para el uso de redes sociales por parte de empleados públicos, y se advierte sobre los riesgos legales de no cumplir con las normativas de retención.
Public Records Access and Data Security in Mississippi
CaseGuard | 2022
El artículo explica la Ley de Registros Públicos de Mississippi, que garantiza el acceso ciudadano a documentos gubernamentales. Se detallan los derechos de los residentes, los deberes de los organismos públicos, los tipos de información exenta (como datos médicos, fiscales o personales) y las sanciones por incumplimiento. También se aborda la obligación de proteger datos sensibles mediante redacción y el uso de software accesible, promoviendo la transparencia y la seguridad de la información pública.