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New state law will give Montanans more control over their personal data online
John Hooks | 2024
El artículo informa sobre la aprobación de una nueva ley en Montana que otorga a los ciudadanos mayor control sobre sus datos personales en línea. La normativa exige a las empresas informar sobre el uso de datos, obtener consentimiento explícito y permitir a los usuarios acceder, corregir o eliminar su información. Se trata de una medida que refuerza la privacidad digital y se alinea con tendencias legislativas similares en otros Estados.
El artículo analiza dos leyes clave en Missouri: la Missouri Online Protection of Privacy Act (MOPPA), que exige a sitios web y servicios online publicar una política de privacidad clara y permite a los usuarios solicitar la eliminación de sus datos, y la Ley de Notificación de Brechas de Datos (PIPA), que obliga a empresas y entidades gubernamentales a informar a las personas afectadas cuando ocurre una violación de seguridad. Ambas normativas incluyen obligaciones de seguridad como cifrado y actualizaciones regulares, y contemplan sanciones por incumplimiento.
Connecticut Act Expands Online Privacy, Data and Safety Protections
Michael Young | 2023
La Connecticut Act concerning Online Privacy, Data and Safety Protections (Public Act 23-56), aprobada el 26 de junio de 2023 modifica la Connecticut Data Privacy Act (CTDPA), incorporando como dato personal la información de salud física, mental, reproductiva o de afirmación de género. Para procesar esta información, las empresas deberán obtener consentimiento, permitir acceso y eliminación, y se prohíbe el uso de geofences para rastrear, notificar o identificar a los usuarios. Respecto a menores, se concede el derecho a eliminar o “despublicar” cuentas en redes sociales, se limita el diseño de sistemas que prolonguen su uso y se prohíbe la publicidad dirigida o la venta de sus datos. Además, se exige consentimiento parental para menores de 13 años.
Connecticut Act Expands Online Privacy, Data and Safety Protections
Michael Young | 2023
La Connecticut Act concerning Online Privacy, Data and Safety Protections (Public Act 23-56), aprobada el 26 de junio de 2023 modifica la Connecticut Data Privacy Act (CTDPA), incorporando como dato personal la información de salud física, mental, reproductiva o de afirmación de género. Para procesar esta información, las empresas deberán obtener consentimiento, permitir acceso y eliminación, y se prohíbe el uso de geofences para rastrear, notificar o identificar a los usuarios. Respecto a menores, se concede el derecho a eliminar o “despublicar” cuentas en redes sociales, se limita el diseño de sistemas que prolonguen su uso y se prohíbe la publicidad dirigida o la venta de sus datos. Además, se exige consentimiento parental para menores de 13 años.
Iowa becomes sixth U.S. state to enact comprehensive consumer privacy legislation
Staff, IAPP — International Association of Privacy Professionals | 2023
En mayo de 2023, Iowa se convirtió en el sexto Estado de EE. UU. en aprobar una ley integral de privacidad del consumidor. La normativa otorga a los residentes derechos sobre sus datos personales, como acceso, eliminación y exclusión de la venta de datos. También impone obligaciones a las empresas para garantizar prácticas responsables de recolección y uso de información. Aunque menos estricta que leyes similares en otros Estados, representa un paso importante hacia una mayor protección de la privacidad digital.
Florida Enacts the Digital Bill of Rights, Joining the Growing Privacy Landscape
F. Paul Pittman, Abdul M. Hafiz, Yuhan Wang | 2023
El artículo analiza la Ley de Derechos Digitales de Florida (FDBR), que entrará en vigor el 1 de julio de 2024. La ley impone obligaciones estrictas a grandes empresas tecnológicas, otorga derechos de control sobre los datos personales a los consumidores y protege especialmente a menores en entornos digitales. También prohíbe el uso de patrones oscuros y limita la recopilación de datos sensibles, incluyendo geolocalización y biometría.
La Oklahoma Computer Data Privacy Act (HB 1030) establece derechos de privacidad para consumidores, incluyendo el consentimiento para la recopilación y venta de datos personales. Requiere que las empresas informen sobre qué datos recopilan, cómo los usan y con quién los comparten. También impone medidas de ciberseguridad y limita el uso de datos. La ley no permite acciones privadas, pero otorga al fiscal general autoridad para imponer sanciones por incumplimiento.
F. Paul Pittman,
Abdul M. Hafiz,
Andrew Hamm | 2023
El 11 de septiembre de 2023, Delaware aprobó la Delaware Personal Data Privacy Act, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Esta ley impone obligaciones de transparencia a empresas que procesen datos personales de al menos 35.000 residentes o que obtengan ingresos significativos por su venta. A diferencia de otras leyes estatales, no exime a organizaciones sin fines de lucro ni a instituciones educativas. Reconoce derechos como acceso, corrección, eliminación y portabilidad de datos, y exige consentimiento para tratar datos sensibles. También obliga a realizar evaluaciones de impacto y a establecer contratos detallados entre controladores y procesadores.
The Data of the Most Vulnerable People is the Least Protected
Wille, Belkis (Human Rights Watch) | 2023
Análisis sistemático de las prácticas de recopilación y gestión de datos personales —incluidos datos biométricos— de personas en contextos humanitarios por parte de organismos de la ONU. Identifica como laguna estructural la inmunidad de las organizaciones internacionales frente a las jurisdicciones nacionales de protección de datos, que priva a los refugiados de vías de recurso efectivas. Documenta casos en Bangladesh, Jordania y Kenia.
Política General de Protección de Datos Personales y Privacidad (GDPP)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | 2022
Política institucional del ACNUR que establece el marco unificado para la recopilación, uso e intercambio de datos personales de todas las personas con las que trabaja la organización. Reconoce expresamente que en contextos humanitarios no siempre es posible obtener el consentimiento libre e informado, y habilita el tratamiento bajo bases jurídicas alternativas como el interés vital o el mandato institucional. Plantea interrogantes no resueltos sobre la autonomía informativa de los refugiados como titulares de derechos digitales.