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Si bien, en principio, los menores están sujetos a una incapacidad general para ejercer sus derechos, diversos mecanismos les reconocen una capacidad jurídica real en el ámbito digital. No obstante, un equilibrio entre la protección de sus intereses y el reconocimiento jurídico de su autonomía resulta siempre indispensable.
Protéger et développer le droit à l’information: une urgence démocratique
Vie Publique | 2024
Los Estados Generales de la Información fueron lanzados en octubre de 2023 por el Gobierno. Cinco grupos de trabajo reflexionaron sobre el futuro de la información, en torno a los siguientes temas: 1. Innovación tecnológica y espacio informativo; 2. Información, ciudadanía y democracia; 3. El futuro de los medios de comunicación y el periodismo; 4. Soberanía y lucha contra las injerencias extranjeras; 5. El Estado y la regulación. Cada grupo de trabajo formuló propuestas destinadas a contribuir a la elaboración de una política general de salvaguardia del espacio informativo y del espacio público. Retomando parte de sus conclusiones e inspirándose en las aportaciones de los participantes, el Comité Directivo formuló seguidamente nueve propuestas para preservar el espacio público de la información francés; seis propuestas para contribuir a la construcción del espacio público europeo; y dos recomendaciones a los profesionales de la información.
La libertad de expresión es esencial para la democracia, pero las nuevas tecnologías y las redes sociales han transformado el espacio público. En Francia se han aprobado varias leyes para regular estos cambios, como la ley SREN de 2024. El texto defiende mantener la ley de 1881 sobre la libertad de prensa, considerada sólida y equilibrada, y señala que el verdadero reto es garantizar una justicia eficaz y la responsabilidad de las grandes plataformas sin limitar la libertad de expresión.
Lutte contre les contenus illicites en ligne : plaidoyer en faveur d’un retour au juge
Mathilde Grandjean | 2024
Analizar el papel respectivo del juez penal y de los actores digitales en su misión común de controlar los excesos de la libertad de expresión en la web 2.0, también conocida como web participativa, podría parecer casi una ilusión, dada la tendencia actual a excluir al juez de su función natural de interpretar los abusos de la libertad de expresión, en beneficio de actores cuya legitimidad y modalidades de actuación son cuestionables. Si bien no podemos sino aplaudir la voluntad de los Estados de actuar con mayor eficacia contra la difusión masiva de contenidos ilícitos en línea, que sin duda destruyen el vínculo social, la decisión de recurrir a otros actores en detrimento del juez penal no deja de suponer un peligro para la libertad de expresión.
Nouvelle restriction judiciaire mise à l’exercice d’un droit de réponse en ligne. TJ Paris, ord. réf., 19 novembre 2024, n° 24/55940, Association SOS Méditerranée c/ Marc F. et a.
Emmanuel Dreyer | 2025
Tras recibir una solicitud de inserción forzosa de un derecho de réplica en línea, el juez de medidas cautelares señala que las disposiciones aplicables son las vigentes en el momento de su ejercicio, en este caso el nuevo artículo 1-1-III de la Ley de confianza en la economía digital (LCEN), introducido por la Ley de 21 de mayo de 2024 destinada a proteger y regular el espacio digital (SREN). Este artículo es aplicable, aunque aún no se haya publicado el decreto de aplicación correspondiente. El juez considera además que la aplicación directa del nuevo artículo 1-1-III de la LCEN debe reservarse a los casos de rectificación fáctica, excluyendo así su aplicación a un foro de opinión.
Plateformes en ligne et modération des contenus : la liberté d’expression à l’épreuve du concept d’évidence
Nathalie Mallet-Poujol | 2025
La multiplicación en Internet de mensajes a menudo anónimos, llenos de odio o desinformación, principalmente a través de las redes sociales, sitúa el tema de su moderación en el centro del debate. Los proveedores técnicos de acceso y alojamiento son ahora los nuevos auxiliares de la publicación, en lugar de los impresores y vendedores ambulantes. La moderación previa notificación —o moderación ex post— frente a contenidos manifiestamente nocivos se ha complementado con la DSA mediante una moderación masiva, espontánea o previa denuncia, para las grandes plataformas, con respecto a contenidos manifiestamente prohibidos. La primera parte de este estudio se centra en los mecanismos de moderación de los contenidos de odio en línea manifiestamente ilícitos, por un lado, y los contenidos que requieren un olvido digital, manifiestamente perjudiciales, por otro.
Lutte contre les contenus illicites en ligne : la mutation de la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires
Anne-Sophie Chavent-Leclère | 2025
Bajo la influencia de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la ley del 21 de mayo de 2024, la responsabilidad de los proveedores de servicios intermedios está evolucionando hacia un modelo casi represivo. Este cambio tiene por objeto reforzar las obligaciones de diligencia con sanciones económicas disuasorias en caso de incumplimiento. Se basa en la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM) para garantizar una regulación eficaz.
Outrage en ligne censuré par le Conseil constitutionnel
Agathe Lepage | 2024
La Ley destinada a proteger y regular el espacio digital, creó un nuevo delito de injurias en línea, posteriormente censurado por el Consejo Constitucional francés por considerar que atentaba contra la libertad de expresión de forma innecesaria, inadecuada y desproporcionada (Cons. const., 17 de mayo de 2024, n.º 2024-866 DC). No obstante, a falta de una tipificación específica del delito de injurias en línea, existen numerosas tipos penales que permiten reprimir los hechos susceptibles de constituir tales abusos.
Artículo que analiza las dificultades que encuentras las víctimas de comentarios denigrantes o difamatorios en espacios digitales para identificar a sus autores y conseguir la retirada de tales contenidos. El autor centra su estudio en la legislación francesa (Loi visant à Sécuriser et Réguler l’Espace Numérique – Loi SREN) e, indirectamente, en el Reglamento de Servicios Digitales, que aquella transpone, y concluye advirtiendo de la necesidad de nuevas reformas normativas que ofrezcan mayor protección y garantías a las víctimas.