Referencias documentales

El artículo informa que la “Transparency for Deepfakes in Political Advertising Act” (HB1513) avanzó en la Cámara de Representantes de Tennessee tras su aprobación en un subcomité. La propuesta exige que cualquier anuncio político que utilice contenido manipulado con IA para simular acciones o declaraciones de un candidato incluya un descargo de responsabilidad específico. Para audio, el anuncio debe afirmar al inicio y al final: “This communication contains fake content impersonating speech that did not occur.” Para video, el mensaje debe aparecer en pantalla durante toda la pieza, indicando que las acciones y/o discursos mostrados no ocurrieron realmente. El incumplimiento constituiría un delito menor de Clase C, y el candidato afectado podría reclamar daños y obtener medidas de protección legales. El impulso del proyecto se produce en medio de crecientes preocupaciones por la desinformación generada por IA en campañas electorales.

El artículo reporta la reacción del representante estatal de Arkansas, Scott Richardson, tras la filtración de un borrador de orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que impediría que los estados regulen la inteligencia artificial, incluidas las leyes destinadas a combatir deepfakes, pornografía sintética y otros riesgos asociados a modelos generativos. Según la cobertura, la medida federal —apodada el “Big Beautiful Bill”— podría bloquear las recientes leyes estatales de Arkansas orientadas a proteger a los residentes frente al uso abusivo de IA, especialmente en contextos de explotación sexual digital, deepfake porn y suplantación con fines de daño. Richardson afirma que las regulaciones estatales responden a necesidades urgentes de seguridad y privacidad, y que una prohibición federal de legislar limitaría la capacidad de los estados para proteger a sus ciudadanos frente a tecnologías emergentes. El legislador sostiene que el Congreso debería establecer estándares mínimos sin impedir que los estados actúen donde consideren necesario.

El artículo explica que en Texas la creación o distribución de pornografía deepfake —imágenes o videos sexualizados generados con IA sin consentimiento— constituye un delito bajo el Código Penal de Texas § 21.165, reforzado por reformas legislativas recientes que ampliaron su alcance a todos los tipos de representaciones visuales. El texto detalla que la ley penaliza tanto la producción como el envío de contenido falsificado que muestre a una persona desnuda o en actos sexuales sin su autorización, y que en 2025 se añadieron nuevas prohibiciones, incluidas amenazas de crear o divulgar deepfakes con intención de intimidar o extorsionar.

El 11 de febrero de 2026, la Cámara de Representantes de Maine dio aprobación inicial al proyecto LD 1822, impulsado por la representante Amy Kuhn, destinado a reforzar la normativa estatal sobre privacidad de datos. La iniciativa se basa en el principio de minimización de datos, limitando a las empresas a recopilar únicamente la información estrictamente necesaria para prestar un servicio específico. Asimismo, restringe la recopilación y prohíbe la venta de datos sensibles, como raza, religión o salud, y prohíbe la comercialización o uso publicitario de datos de menores. El texto busca reducir riesgos de perfilado y usos discriminatorios, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el uso indebido de información personal. La medida, apoyada por la Fiscalía General de Maine y EPIC (Electronic Privacy Information Center), entraría en vigor el 1 de julio de 2027 si supera las votaciones pendientes.

Diversas organizaciones en Maine han anunciado que continuarán sus esfuerzos para mejorar la conectividad a internet pese a la cancelación, por parte de la Adminitración Trump, de 35 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a zonas rurales y remotas. Los fondos procedían de la Digital Equity Act, actualmente paralizada, mientras el estado espera más de 200 millones para infraestructura digital. Según la Maine Connectivity Authority, unas 24.000 viviendas y negocios carecen aún de conexión fiable, y cerca del 90% de la población se ve afectada por la brecha digital. Las iniciativas no solo buscan ampliar el acceso, sino también proporcionar dispositivos y formación en competencias digitales, especialmente a personas mayores, pequeños negocios y veteranos. Ante la incertidumbre financiera, se están impulsando nuevas campañas de recaudación y colaboración con entidades locales para sostener programas educativos y de apoyo técnico.

La Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó el proyecto HB 1460, que amplía la protección de datos infantiles más allá de la normativa federal (COPPA), prohibiendo que redes sociales y plataformas vendan datos de localización u otra información sensible de menores a terceros. La iniciativa fue respaldada por mayoría republicana, aunque generó críticas sobre la falta de debate y transparencia en su tramitación, debido a la ausencia de la promotora en la audiencia inicial y a la escasa participación de actores relevantes. También se plantearon dudas sobre su posible impacto presupuestario y la falta de intervención del Departamento de Justicia. Sus defensores sostienen que la medida es clara y se alinea con reformas similares en otros estados. El texto pasa ahora al Comité de Finanzas para nueva revisión.

Vermont recibirá 93 millones de dólares en fondos federales para ampliar la red de banda ancha en zonas rurales remotas, acercándose a una cobertura superior al 99% de la población. La financiación procede del programa BEAD y, junto con aportaciones estatales y privadas, supone una inversión total de 162 millones. Una parte significativa se destinará a proveedores municipales de fibra óptica en el Northeast Kingdom, mientras que las direcciones demasiado costosas de conectar por fibra, algunas con costes estimados de hasta 50.000 dólares, serán atendidas mediante internet satelital de órbita baja. Sin embargo, persiste incertidumbre sobre el uso del resto de fondos federales y sobre los criterios de coste impuestos por la administración federal. El debate refleja la tensión entre eficiencia presupuestaria y equidad territorial en el acceso digital.

La Administración Healey-Driscoll ha presentado el Plan Estratégico de Accesibilidad y Equidad Digital de Massachusetts, elaborado por el Digital Accessibility and Equity Governance Board en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 614 de 2023, emitida en el aniversario de la ADA. El plan establece misión, objetivos y estrategias para garantizar que los servicios digitales del gobierno estatal sean accesibles a personas con discapacidad y, en consecuencia, más inclusivos para toda la población. Se articula en seis ejes: financiación y organización del programa, marco de gobernanza y cumplimiento, participación de actores, contratación tecnológica accesible, capacitación del personal público y diseño de servicios digitales inclusivos. La iniciativa consolida un enfoque transversal que integra accesibilidad en la gestión tecnológica pública.

En Rhode Island se está desarrollando una estrategia integral para reducir la brecha digital mediante el refuerzo de instituciones comunitarias clave como bibliotecas y organizaciones sociales. Las bibliotecas públicas se han transformado en centros de conectividad y formación digital, ampliando su capacidad tecnológica para atender a personas con menos recursos y mejorar su acceso al empleo y a la educación. Iniciativas como Beacon 2.0, impulsadas por OSHEAN Inc., extienden ordenadores y centros móviles a zonas con escasa conectividad. Paralelamente, la Communication Service for the Deaf trabaja en la adopción de banda ancha accesible para personas sordas o con discapacidad auditiva, combinando tecnología adaptada y formación especializada. A ello se suma la labor de One Economy Corporation, que fomenta la alfabetización digital juvenil en viviendas asequibles, generando efectos multiplicadores en las comunidades.

Paolo Balboa, recién nombrado chief digital equity officer de la ciudad, plantea nuevas estrategas para el estado de Nueva York con vistas a mejorar la equidad digital. Balboa subraya que el principal reto no es tanto el acceso a internet como la adopción efectiva de la tecnología, que depende de factores como la confianza, la asequibilidad y el acompañamiento. Defiende un enfoque integral en el que bibliotecas, programas públicos y personal capacitado actúen como “navegadores digitales” para apoyar a colectivos vulnerables. Iniciativas como Big Apple Connect y Liberty Link buscan ofrecer conectividad de alta calidad a residentes de viviendas públicas y asequibles, reforzando además oportunidades económicas y de empleo. La equidad digital se concibe como un ecosistema interconectado, alineado con prioridades de desarrollo económico, vivienda y formación, y con continuidad política ante el cambio de alcaldía, consolidando el papel del sector público como facilitador de inclusión tecnológica.