Referencias documentales

La Ciudad de Newark ha sido reconocida por tercer año consecutivo como Digital Inclusion Trailblazer 2025 por la National Digital Inclusion Alliance, en reconocimiento a una estrategia sostenida y estructural para reducir la brecha digital. El galardón destaca especialmente la colaboración multisectorial, la participación directa de los residentes en la recogida de datos y la creación de espacios avanzados donde la juventud integra tecnología con la tradición cultural y artística local. Según su alcalde, Ras J. Baraka, la igualdad real no es posible sin acceso universal a internet asequible y a competencias digitales. El reconocimiento sitúa a Newark como referente nacional en políticas locales de inclusión digital.

La Administración Healey-Driscoll ha presentado el Plan Estratégico de Accesibilidad y Equidad Digital de Massachusetts, elaborado por el Digital Accessibility and Equity Governance Board en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 614 de 2023, emitida en el aniversario de la ADA. El plan establece misión, objetivos y estrategias para garantizar que los servicios digitales del gobierno estatal sean accesibles a personas con discapacidad y, en consecuencia, más inclusivos para toda la población. Se articula en seis ejes: financiación y organización del programa, marco de gobernanza y cumplimiento, participación de actores, contratación tecnológica accesible, capacitación del personal público y diseño de servicios digitales inclusivos. La iniciativa consolida un enfoque transversal que integra accesibilidad en la gestión tecnológica pública.

En Rhode Island se está desarrollando una estrategia integral para reducir la brecha digital mediante el refuerzo de instituciones comunitarias clave como bibliotecas y organizaciones sociales. Las bibliotecas públicas se han transformado en centros de conectividad y formación digital, ampliando su capacidad tecnológica para atender a personas con menos recursos y mejorar su acceso al empleo y a la educación. Iniciativas como Beacon 2.0, impulsadas por OSHEAN Inc., extienden ordenadores y centros móviles a zonas con escasa conectividad. Paralelamente, la Communication Service for the Deaf trabaja en la adopción de banda ancha accesible para personas sordas o con discapacidad auditiva, combinando tecnología adaptada y formación especializada. A ello se suma la labor de One Economy Corporation, que fomenta la alfabetización digital juvenil en viviendas asequibles, generando efectos multiplicadores en las comunidades.

Rhode Island ha avanzado de forma significativa en la implementación del programa federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) tras la aprobación de su Propuesta Final por la National Telecommunications and Information Administration en diciembre de 2025. La Rhode Island Commerce Corporation actualizó su proceso de selección de subbeneficiarios conforme a la reestructuración del programa, adoptando un enfoque tecnológicamente neutral. Gracias a ello, el Estado prevé cubrir el 100 % de las ubicaciones elegibles con una combinación de fibra óptica, redes inalámbricas fijas y satélite de órbita baja. El nuevo modelo ha permitido reducir en un 86 % el gasto inicialmente previsto, fomentar la entrada de nuevos operadores y promover el desarrollo económico y el empleo, asegurando un acceso fiable y equitativo a internet en todo el territorio.

El texto aborda la brecha digital en el ámbito sanitario como una manifestación de desigualdad social que afecta especialmente a las personas mayores. A partir de una experiencia personal, se expone cómo la falta de acceso a internet, dispositivos adecuados y competencias digitales limita el uso de la telemedicina, pese a su expansión durante la pandemia. Los estudios citados muestran que las personas mayores de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen menos probabilidades de acceder a servicios digitales de salud, no por falta de voluntad, sino por barreras estructurales y diseños tecnológicos poco inclusivos. El artículo subraya que las políticas públicas pueden reducir estas desigualdades cuando tratan el acceso digital como un bien público, por ejemplo mediante cobertura de telemedicina, formación y diseño accesible. Se defiende un enfoque de justicia social que redistribuya recursos, respete la autonomía de las personas mayores y las incluya en el diseño de sistemas de salud digitales.

New Hampshire recibirá 18,6 millones de dólares del programa federal BEAD para ampliar el acceso a banda ancha, una cifra muy inferior a los 196,5 millones inicialmente previstos. La reducción responde a cambios federales que priorizan proyectos de menor coste, lo que ha disminuido el número de ubicaciones beneficiadas, especialmente en zonas rurales. Aun así, autoridades estatales y federales, de ambos partidos, celebran la financiación como un paso hacia la conectividad universal. El plan aprobado combina fibra, coaxial y satélite, con el objetivo de completar la cobertura en el próximo año. La inversión busca fortalecer el crecimiento económico, el acceso a la educación y la atención sanitaria en comunidades remotas, aunque persisten críticas por el recorte y su posible impacto en la calidad del servicio

A fecha de octubre de 2025, New Hampshire se aproxima a una cobertura casi total de banda ancha, con más del 98% de hogares y negocios con acceso cercano a conexiones de fibra u otras tecnologías, culminando décadas de inversión pública y privada en infraestructura digital. Solo unas 5.000 direcciones, principalmente viviendas aisladas, quedan pendientes de conexión final, generalmente a cargo de proveedores privados o mediante soluciones satelitales como Starlink. La expansión reciente se financió con fondos federales BEAD, que asignaron cerca de 197 millones de dólares al estado. Sin embargo, cambios federales han puesto en duda el uso de aproximadamente 160 millones destinados a iniciativas no relacionadas directamente con despliegue físico, como formación digital y ciberseguridad. Esta incertidumbre afecta los planes estatales para avanzar en equidad digital y desarrollo de capacidades complementarias.

La Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó el proyecto HB 1460, que amplía la protección de datos infantiles más allá de la normativa federal (COPPA), prohibiendo que redes sociales y plataformas vendan datos de localización u otra información sensible de menores a terceros. La iniciativa fue respaldada por mayoría republicana, aunque generó críticas sobre la falta de debate y transparencia en su tramitación, debido a la ausencia de la promotora en la audiencia inicial y a la escasa participación de actores relevantes. También se plantearon dudas sobre su posible impacto presupuestario y la falta de intervención del Departamento de Justicia. Sus defensores sostienen que la medida es clara y se alinea con reformas similares en otros estados. El texto pasa ahora al Comité de Finanzas para nueva revisión.

Vermont recibirá 93 millones de dólares en fondos federales para ampliar la red de banda ancha en zonas rurales remotas, acercándose a una cobertura superior al 99% de la población. La financiación procede del programa BEAD y, junto con aportaciones estatales y privadas, supone una inversión total de 162 millones. Una parte significativa se destinará a proveedores municipales de fibra óptica en el Northeast Kingdom, mientras que las direcciones demasiado costosas de conectar por fibra, algunas con costes estimados de hasta 50.000 dólares, serán atendidas mediante internet satelital de órbita baja. Sin embargo, persiste incertidumbre sobre el uso del resto de fondos federales y sobre los criterios de coste impuestos por la administración federal. El debate refleja la tensión entre eficiencia presupuestaria y equidad territorial en el acceso digital.

El 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts resolvió por unanimidad que, cuando una detención se basa en información obtenida mediante vigilancia en redes sociales, corresponde a las fuerzas de seguridad demostrar que no incurrieron en perfilado racial. El caso Commonwealth v. Nathaniel Rodriguez examinó la actuación de una unidad policial que creó cuentas encubiertas en Snapchat con identidad aparentemente “no blanca” para monitorizar de forma masiva publicaciones de usuarios, especialmente en viviendas sociales culturalmente diversas. Las investigaciones no se dirigían a sospechosos concretos, sino a una amplia comunidad digital, y todas las personas finalmente acusadas eran “no blancas”. El tribunal consideró que existían indicios razonables de aplicación selectiva por motivos raciales y ordenó nuevas diligencias probatorias, reforzando así los límites frente a prácticas discriminatorias en la vigilancia digital.