Referencias documentales

En esta entrada se exponen argumentos contra el uso de software de control de identidad de estudiantes en universidades alemanas durante la pandemia. Estas herramientas, como Wiseflow, empleaban reconocimiento facial y acceso remoto al ordenador para detectar trampas, lo que vulneraba la privacidad, la seguridad informática y podía discriminar a personas racializadas. Tras una demanda, el Thüringer Oberlandesgericht dictaminó en 2025 que la recopilación de datos biométricos era ilegal bajo el RGPD. Se subraya que existen alternativas menos invasivas, como los exámenes a libro abierto, y que la sentencia marca un precedente contra la vigilancia desproporcionada en educación y otros ámbitos.

La noticia describe un debate parlamentario sobre cómo fortalecer la soberanía digital en Alemania y Europa. Se discutieron dos propuestas del grupo parlamentario ecologista. La primera, que pedía una estrategia nacional de soberanía digital, fue rechazada. Esta iniciativa solicitaba analizar las dependencias tecnológicas de proveedores no europeos, fijar objetivos medibles, priorizar estándares abiertos y reforzar el uso de software libre. La segunda propuesta, remitida a comisión, busca acelerar la aplicación del RIA, garantizando recursos suficientes para la autoridad supervisora y creando una cámara independiente de control de IA. También plantea mejorar la cooperación entre autoridades mediante una plataforma digital común y asegurar que las Administraciones públicas cuenten con infraestructura y formación para cumplir la normativa.

Esta página parte de la constatación de que la digitalización forma parte esencial de la vida de niños y adolescentes, por lo que sus derechos deben garantizarse también en el entorno digital. Casi todos los derechos recogidos en la Convención de la ONU (acceso a la información, privacidad, protección frente a violencia y explotación, libertad de expresión, participación, juego y educación) se ven afectados por el uso de Internet. El Deutsches Kinderhilfswerk impulsa proyectos, estudios y acciones políticas para fortalecer estos derechos y sensibilizar a familias, instituciones y proveedores tecnológicos. La página destaca oportunidades de la digitalización, como la creatividad, la participación social y la superación de barreras, pero también riesgos: contenidos inapropiados, ciberacoso, grooming, exposición de datos o contratos no comprendidos. Subraya que la responsabilidad recae en Estados, empresas, familias y educadores, y que los niños necesitan apoyo, información y competencias digitales para ejercer sus derechos de forma autónoma y segura.

Índice anual que mide el nivel de seguridad digital de la población alemana. La edición 2024 se centra en la ‘seguridad de IA en el día a día’ y refleja un deterioro general de la seguridad digital en Alemania. El informe aborda la creciente cantidad de incidentes en línea, el comportamiento y conocimiento de los usuarios, así como las diferencias entre distintos perfiles de consumidores. También analiza cómo la digitalización afecta ámbitos cotidianos como comunicación, banca, compras, salud y el hogar conectado. Esta edición presta especial atención a la IA, junto con la necesidad de más educación, cooperación y medidas de protección para garantizar una participación digital segura

Guía rápida con pasos concretos para mejorar la privacidad y seguridad en dispositivos y navegación. Pensada para ciudadanía no técnica. Ofrece una serie de recomendaciones, como cambiar el navegador de internet a Firefox y ajustar su seguridad, sustituir Google por buscadores como MetaGer o DuckDuckGo, configurar bloqueos contra rastreo con uBlock Origin, usar OpenStreetMap u OsmAnd en lugar de Google Maps, adoptar Signal como mensajería segura y gestionar contraseñas con KeePass. Con pequeños pasos accesibles, cualquier persona puede reducir la vigilancia comercial y fortalecer su seguridad digital sin grandes conocimientos técnicos

La organización Digitale Gesellschaft analiza críticamente el borrador del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y plantea nueve demandas para garantizar una regulación de plataformas que proteja los derechos fundamentales. Señalan que el DSA, tal como está planteado, pierde la oportunidad de crear un marco realmente coherente y centrado en las personas, debido a numerosas excepciones y a la influencia de grandes plataformas. Entre sus exigencias destacan: que las reglas que afectan a la formación de opinión pública sean definidas democráticamente; evitar que las plataformas actúen como jueces privados sobre contenidos; reforzar mecanismos de notificación y acción sin automatismos; prohibir la vigilancia generalizada; vetar la publicidad basada en comportamiento; exigir transparencia real sobre algoritmos; crear un sistema de supervisión independiente; evitar privilegios para “informantes de confianza”; y garantizar interoperabilidad sin comprometer la seguridad.

La organización Digitale Gesellschaft critica la reforma del marco legal que regula la retirada de contenidos ilícitos en redes sociales. Advierte que los plazos estrictos para borrar publicaciones fomentan la eliminación excesiva y afectan la libertad de expresión, sobre todo en plataformas pequeñas. Señala que se delegan funciones propias del Estado a empresas privadas y que el uso de sistemas automáticos para detectar contenidos es impreciso y peligroso. Aunque valora mejoras en transparencia y mecanismos de reclamación, reclama una evaluación completa de la normativa, mayor protección de datos y más recursos públicos para combatir delitos en línea.

La organización Digitale Gesellschaft, junto con otras doce entidades, firma una carta dirigida al Ministerio de Justicia para alertar sobre graves riesgos en dos propuestas legislativas destinadas a combatir delitos de odio. Denuncian que permitir a las autoridades exigir contraseñas y obligar a redes sociales a enviar direcciones IP y otros datos supone una intromisión desproporcionada en la privacidad y la libertad de información. También critican la creación de categorías de víctimas y agresores, que podría derivar en registros sensibles y peligrosos. Señalan que muchas medidas son ineficaces contra el extremismo y piden evitar que plataformas privadas asuman funciones estatales.

La organización Digitale Gesellschaft valora la intención del Gobierno de combatir delitos motivados por odio, pero considera que el proyecto legislativo propuesto es ineficaz y perjudicial. Advierte que las medidas planteadas implican fuertes invasiones en la privacidad y en la seguridad de la información, afectando también a personas no involucradas en delitos. Critica que el plan se centre casi exclusivamente en vigilancia y persecución penal dentro de redes sociales, ignorando causas sociales y la protección de víctimas. Señala que endurecer delitos y ampliar obligaciones de entrega de datos es desproporcionado, poco útil y puede erosionar la confianza en las instituciones.

La digitalización en las escuelas avanza, pero usar tablets no garantiza que el alumnado comprenda los riesgos del entorno digital. El artículo defiende que la educación en medios (identificar fuentes fiables, reconocer estafas, distinguir información falsa y entender cómo funcionan las plataformas) debe ocupar un lugar central en el currículo. Dado que gran parte de la vida de niños y jóvenes ocurre en Internet, la escuela tiene la responsabilidad de enseñar seguridad, análisis crítico, derechos digitales y hábitos de consumo responsables. Aunque algunos contenidos se integran en asignaturas como informática, se plantea que un nuevo curso específico permitiría una formación más profunda. La falta de profesorado y recursos técnicos dificulta su implantación, pero reforzar estas competencias es esencial para una participación segura en la sociedad digital.