Referencias documentales

Este capítulo introductorio presenta el marco general de la obra dedicada a la gobernanza de los intereses informacionales en las sociedades digitales. En primer lugar, identifica tres grandes enfoques reguladores: la aplicación de principios jurídicos tradicionales, la adopción de normativas específicas y el uso de soluciones tecnológicas con fines regulatorios. A partir de este trasfondo, se examina el panorama de derechos y vulneraciones informacionales, destacando su creciente complejidad. El texto muestra cómo algunos intereses se configuran como auténticos derechos subjetivos, mientras que otros se manifiestan como prácticas lesivas que reclaman intervención normativa. Asimismo, se ofrece una síntesis sistemática de las contribuciones incluidas en el volumen, cada una centrada en un aspecto particular de los desafíos regulatorios contemporáneos. El capítulo cumple así una función metodológica esencial, al proporcionar las claves interpretativas necesarias para comprender las transformaciones jurídicas inducidas por las tecnologías digitales.

El documento analiza el papel de las licencias Creative Commons en la facilitación del acceso abierto a obras protegidas por derechos de autor y su relevancia en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa. Se destaca que estas licencias permiten el uso de contenidos sin necesidad de autorizaciones individuales, siempre que se respeten sus condiciones específicas. En el contexto europeo, la excepción para la minería de textos y datos proporciona un marco jurídico claro, habilitando el uso incluso con fines comerciales, salvo manifestación expresa en contrario por parte del titular. En Estados Unidos, en cambio, se aplica la doctrina del fair use, caracterizada por una mayor flexibilidad pero también por una menor previsibilidad. Para armonizar estos enfoques, Creative Commons está desarrollando sistemas de “señales de preferencia” que permiten a los autores expresar sus decisiones respecto al uso de sus obras en sistemas de inteligencia artificial, reforzando así la transparencia y la autonomía autoral.

El artículo examina el actual panorama regulatorio europeo, caracterizado por una intensa producción normativa en materia digital, representada por instrumentos como el Reglamento General de Protección de Datos, el AI Act y la Directiva NIS2. Este entorno impone a las organizaciones un enfoque basado en el riesgo, que suele adoptar una lógica reactiva, interviniendo cuando los daños ya se han materializado. Frente a este modelo, los autores proponen la incorporación de técnicas de foresight estratégico para avanzar hacia una “anticipatory compliance”. A diferencia del risk management tradicional, centrado en probabilidades conocidas, estas metodologías permiten explorar escenarios de incertidumbre real e identificar señales tempranas de cambio. El texto sostiene que una postura regulatoria anticipatoria reduce la asimetría informativa, refuerza la resiliencia institucional y favorece un equilibrio entre innovación tecnológica, cumplimiento normativo y responsabilidad ética.

En este ensayo, Juan Carlos De Martin interpreta la historia reciente como un proceso progresivo de informatización del mundo, iniciado con el desarrollo de los primeros ordenadores y culminado en la actual fase de la inteligencia artificial. El autor sostiene que el smartphone se ha convertido en una extensión imprescindible de la acción social, pero advierte que su expansión está dominada por un reducido número de grandes empresas tecnológicas. Esta concentración genera una forma de “colonialismo digital”, mediante la cual numerosos Estados pierden el control sobre sus infraestructuras estratégicas. Como respuesta, se propone una visión ética y cooperativa orientada al interés colectivo. Entre sus objetivos destacan la garantía de la autonomía tecnológica nacional, la firma de acuerdos internacionales contra las armas autónomas y la distribución equitativa de recursos computacionales. El propósito último es promover una tecnología orientada a la paz, la solidaridad y la justicia global.

El documento forma parte de las cinco linee guida operativas del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), instrumento estratégico del Ministerio de Cultura italiano para guiar la transformación digital de archivos, bibliotecas, museos y otros lugares de cultura en el periodo 2022-2026. Esta tercera guía se centra en las prácticas relacionadas con la adquisición, circulación y reutilización de reproducciones digitales de bienes culturales, proporcionando un marco técnico y metodológico que ayuda a distinguir entre usos permisibles y restricciones legales, especialmente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. Ofrece criterios para la gestión de reproducciones digitales, su disponibilidad en entornos web y las condiciones de reutilización de contenidos, con miras a facilitar la interoperabilidad, preservación y acceso responsable de recursos culturales.

En estas líneas guía, el Garante examina el tratamiento de datos personales en el contexto de servicios en línea, especialmente en relación con la perfilación de usuarios a través de datos recogidos por proveedores de servicios de la sociedad de la información. Se clarifican obligaciones de los responsables de tratamiento, con especial atención a los requisitos de información transparente a los interesados, la necesidad de consentimiento previo para finalidades de perfilación, y el respeto de principios jurídicos clave como finalidad y minimización del tratamiento. El documento diferencia entre usuarios autenticados y no autenticados, detalla cómo estructurar mecanismos de obtención y documentación del consentimiento, y subraya que la utilización de técnicas como fingerprinting y el cruce de datos requiere consentimiento explícito

El informe destaca la intensa actividad de supervisión y sanción desarrollada por el Garante en 2024, con un total de 835 medidas colegiadas, de las cuales 468 fueron sanciones o correcciones, acumulando más de 24 millones de euros en multas. Se recibieron 4 090 reclamaciones y 93 877 notificaciones, que abarcaron áreas diversas como telecomunicaciones, datos públicos, sanidad, trabajo, justicia, seguridad informática y protección de menores frente al cyberbullying y otras formas de abuso digital. El informe subraya la evolución de los riesgos asociados a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, el web scraping en el entrenamiento de modelos, y la protección de datos personales tanto en el sector privado como en el público. Además de las actuaciones correctivas, el Garante intensificó la actividad de prevención y orientación normativa, especialmente frente a la digitalización de la administración pública, la gestión de datos en sanidad y la organización del trabajo con sistemas automatizados. El documento también describe la participación activa de la Autoridad en foros internacionales y en iniciativas europeas, en particular en el contexto de la regulación de la inteligencia artificial, reforzando la cooperación con otros órganos supranacionales para la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la digitalización.

El Programa Nacional constituye uno de los principales pilares de la Agenda Digital Italiana, definida por la Cabina de Regia en torno a seis ejes estratégicos (Infraestructuras y seguridad, eGov/Open Data, eCommerce, competencias digitales, comunidades inteligentes, investigación e innovación), y se propone favorecer el desencadenamiento de un círculo virtuoso entre la demanda de servicios y de participación, la oferta por parte de las organizaciones públicas y privadas, y el desarrollo de perfiles profesionales innovadores y adecuados para la revolución digital.
El desarrollo de la cultura y de las competencias digitales es un tema clave para el crecimiento del país: resulta urgente crear competencias digitales para responder a la creciente demanda de profesionales con alto perfil TIC, a las necesidades en continua evolución de empresas e industrias, y a la exigencia de que todos los ciudadanos, a lo largo de su vida, adquieran la necesaria conciencia digital. Una empresa de tal envergadura requiere responsabilidades compartidas entre todos los stakeholders (las instituciones, tanto a nivel nacional como territorial, el mundo empresarial y profesional, el ámbito educativo, las organizaciones sindicales, las asociaciones y las organizaciones de la sociedad civil) y se basa en una implicación amplia, condición necesaria para que todas las necesidades y experiencias sean tomadas en consideración y para que, por tanto, sea posible el tránsito de una lógica de proyectos a una lógica de sistema.

Una de las principales ambiciones del Programa Nacional es la de “convertirse en plataforma”, construyendo las condiciones para establecer un sistema eficaz de knowledge management entre las experiencias e iniciativas ya presentes en el país, así como de coordinación, sobre todo con el fin de alcanzar una mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos, en la interlocución europea y en las sinergias de carácter proyectual.

El texto expone cómo la acelerada evolución de las tecnologías digitales ha transformado de manera transversal las sociedades, las economías y la vida cotidiana, pero también ha intensificado desigualdades estructurales conocidas como brecha digital. Pese a los avances recientes, en 2024 permanecían desconectadas 2.600 millones de personas, lo que revela una distribución profundamente desigual del acceso y del uso de Internet y de tecnologías como la inteligencia artificial. La brecha se manifiesta, en primer lugar, entre países: los Estados de renta baja y media-baja presentan niveles de conectividad muy inferiores a los de renta media-alta y alta. En segundo término, dentro de cada país persisten diferencias relevantes entre áreas urbanas y rurales, asociadas sobre todo a déficits de infraestructura. A ello se suman factores sociales que agravan la exclusión digital, afectando especialmente a mujeres y jóvenes, con notables carencias de competencias digitales. Las consecuencias son amplias: reducción de oportunidades laborales, exclusión del acceso a servicios sanitarios esenciales, freno al crecimiento económico y debilitamiento de la inclusión financiera. Asimismo, las desigualdades digitales tienen impactos políticos, al disminuir la participación cívica y comprometer procesos democráticos. Por ello, cerrar la brecha digital no es solo un reto técnico, sino una condición para promover igualdad, inclusión y participación.

El texto expone la concepción y objetivos de la innovazione digitale inclusiva como eje de las políticas de gobierno abierto, orientada a modernizar la administración pública, mejorar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas y fomentar la transparencia y la participación cívica mediante tecnologías digitales. Para garantizar la cittadinanza digitale es preciso eliminar las barreras legales y tecnológicas y cerrar los brechas digitales no solo infraestructurales sino también socioculturales, generacionales y de género, dotando a la población de competencias digitales básicas y reforzando la accesibilidad y usabilidad de las plataformas públicas. El documento remarca la importancia de marcos normativos como el Codice dell’Amministrazione Digitale, la Declaration of Internet Rights y planes de acción nacionales que promueven la inclusión, formación y participación activa de todos los actores sociales en procesos de innovación digital.