Referencias documentales

El último proyecto legislativo del estado de Vermont obligaría a incluir una advertencia clara cuando, dentro de los 90 días previos a una elección, se difunda contenido engañoso generado o manipulado mediante inteligencia artificial. La norma exige que el material indique expresamente que ha sido creado con tecnología digital y que representa hechos o declaraciones que no ocurrieron, incluyendo avisos específicos en anuncios audiovisuales. La iniciativa surge tras episodios recientes de “deepfakes” políticos y busca proteger la integridad electoral sin vulnerar la libertad de expresión, optando por la transparencia en lugar de la prohibición. Se excluyen la sátira y los medios informativos que contextualicen adecuadamente el contenido. El incumplimiento conllevaría multas económicas y posibles acciones civiles por parte de las personas afectadas.

La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que exige que cualquier anuncio político en audio o video que utilice “medios sintéticos” incluya una advertencia visible y audible indicando que contiene contenido generado por IA. El aviso deberá aparecer al inicio y al final del anuncio, así como mantenerse durante su emisión. La norma se aplicará a comunicaciones financiadas por candidatos o grupos políticos con intención de influir en el voto, y prevé multas de 1.000 dólares por incumplimiento. La iniciativa responde a precedentes recientes de desinformación electoral mediante IA en otros estados. Además, la Cámara aprobó otra propuesta que prohíbe la difusión de comunicaciones engañosas dentro de los 90 días previos a una elección, permitiendo a las víctimas demandar, aunque excluye medios informativos y sátira.

En torno a ciertos sectores de la ciudadanía de Massachusetts existe cierta preocupación sobre el Massachusetts Data Privacy Act, ya que, aunque valorando positivamente sus objetivos de protección de datos, temen su posible impacto negativo en pequeñas empresas. Se sostiene que limitar la recopilación y el tratamiento de datos al mínimo necesario para prestar un servicio reduciría la eficacia de herramientas publicitarias y analíticas esenciales para que negocios locales compitan con grandes corporaciones. También critica el umbral de aplicación (60.000 consumidores), por considerarlo bajo en comparación con otros estados, lo que podría generar mayores costes de cumplimiento para empresas con menos recursos. Aunque respalda la protección de datos sensibles y la prohibición de publicidad dirigida a menores, defiende un enfoque equilibrado que salvaguarde la privacidad sin perjudicar la competitividad y viabilidad económica de pequeñas empresas.

La ACLU (American Civil Liberties Union) de Massachusetts denuncia que más de 40 departamentos policiales del estado utilizan lectores automáticos de matrículas (LPR) de la empresa Flock Safety y comparten esos datos en una red nacional con más de 7.000 agencias. Esto permite que policías de otros estados puedan rastrear en tiempo real a conductores en Massachusetts sin orden judicial ni sospecha razonable. Aunque la ley estatal “Shield Law” busca proteger a quienes acceden a servicios sanitarios legales en Massachusetts, el sistema de intercambio masivo de datos debilita esa protección. La ACLU reclama una ley estatal que limite el uso, conservación y cesión de estos datos, exija órdenes judiciales y refuerce las garantías de privacidad frente a esta vigilancia masiva.

El 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts resolvió por unanimidad que, cuando una detención se basa en información obtenida mediante vigilancia en redes sociales, corresponde a las fuerzas de seguridad demostrar que no incurrieron en perfilado racial. El caso Commonwealth v. Nathaniel Rodriguez examinó la actuación de una unidad policial que creó cuentas encubiertas en Snapchat con identidad aparentemente “no blanca” para monitorizar de forma masiva publicaciones de usuarios, especialmente en viviendas sociales culturalmente diversas. Las investigaciones no se dirigían a sospechosos concretos, sino a una amplia comunidad digital, y todas las personas finalmente acusadas eran “no blancas”. El tribunal consideró que existían indicios razonables de aplicación selectiva por motivos raciales y ordenó nuevas diligencias probatorias, reforzando así los límites frente a prácticas discriminatorias en la vigilancia digital.

La Cámara de Representantes de Massachusetts, a través del Comité Conjunto sobre Tecnologías Avanzadas, Ciberseguridad e Internet, ha emitido un informe favorable a la versión revisada de la Massachusetts Consumer Data Privacy Act (H. 4746). Si se aprueba, sería una de las leyes estatales de privacidad más estrictas del país. La propuesta refuerza principios de minimización de datos, limita la recopilación y uso de información sensible, prohíbe la venta de datos de geolocalización precisa y establece garantías contra la discriminación digital. Introduce además una acción privada bajo la legislación de protección al consumidor (capítulo 93A) frente a grandes empresas, amplía la definición de datos sensibles, exige consentimiento afirmativo más estricto y obliga a eliminar datos cuando ya no sean necesarios. También impone señales globales de exclusión voluntaria en navegadores, fortaleciendo el control ciudadano sobre su información.

La Administración Healey-Driscoll ha presentado el Plan Estratégico de Accesibilidad y Equidad Digital de Massachusetts, elaborado por el Digital Accessibility and Equity Governance Board en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 614 de 2023, emitida en el aniversario de la ADA. El plan establece misión, objetivos y estrategias para garantizar que los servicios digitales del gobierno estatal sean accesibles a personas con discapacidad y, en consecuencia, más inclusivos para toda la población. Se articula en seis ejes: financiación y organización del programa, marco de gobernanza y cumplimiento, participación de actores, contratación tecnológica accesible, capacitación del personal público y diseño de servicios digitales inclusivos. La iniciativa consolida un enfoque transversal que integra accesibilidad en la gestión tecnológica pública.

El estado de Rhode Island ha aprobado la Rhode Island Data Transparency and Privacy Protection Act (RIDTPPA), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y refuerza el derecho a la privacidad frente a riesgos de cibercrimen e identidad digital. La ley impone obligaciones de transparencia y responsabilidad a empresas con ánimo de lucro que operen o dirijan servicios a residentes del estado y superen determinados umbrales de tratamiento o venta de datos. Define ampliamente el concepto de datos personales y establece una categoría reforzada de datos sensibles, incluyendo salud, biometría, orientación sexual o geolocalización precisa. Reconoce derechos clásicos a los ciudadanos (acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición) y exige consentimiento expreso para el tratamiento de datos sensibles. La aplicación corresponde exclusivamente al Fiscal General, sin acción privada, previendo sanciones de hasta 10.000 dólares por infracción y multas adicionales por divulgaciones intencionadas.

En Rhode Island se está desarrollando una estrategia integral para reducir la brecha digital mediante el refuerzo de instituciones comunitarias clave como bibliotecas y organizaciones sociales. Las bibliotecas públicas se han transformado en centros de conectividad y formación digital, ampliando su capacidad tecnológica para atender a personas con menos recursos y mejorar su acceso al empleo y a la educación. Iniciativas como Beacon 2.0, impulsadas por OSHEAN Inc., extienden ordenadores y centros móviles a zonas con escasa conectividad. Paralelamente, la Communication Service for the Deaf trabaja en la adopción de banda ancha accesible para personas sordas o con discapacidad auditiva, combinando tecnología adaptada y formación especializada. A ello se suma la labor de One Economy Corporation, que fomenta la alfabetización digital juvenil en viviendas asequibles, generando efectos multiplicadores en las comunidades.

El senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse impulsa, junto al republicano Lindsey Graham, una iniciativa bipartidista para derogar la Sección 230 de la Communications Decency Act, norma clave para el funcionamiento del internet moderno. Dicha disposición exime a las plataformas de responsabilidad por contenidos generados por terceros, permitiendo la existencia de foros, redes sociales y medios independientes. Expertos y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten que su eliminación provocaría una moderación extrema o la retirada masiva de contenidos para evitar litigios, generando un grave efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. Aunque la propuesta se presenta como un intento de aumentar la responsabilidad de las grandes tecnológicas, sus críticos sostienen que facilitaría una censura indirecta y pondría en riesgo a pequeñas plataformas, el activismo digital y el pluralismo informativo.