Referencias documentales

El estudio examina los llamados “derechos de ciudadanía digital” en la legislación nacional, a la luz de las recientes orientaciones políticas supranacionales. El análisis pone de manifiesto los límites del marco normativo interno, en el que dichos derechos se concentran casi exclusivamente en la dimensión administrativa de la relación público-privada y aparecen con frecuencia excesivamente “tecnificados”, en la medida en que su ejercicio se identifica con el uso de soluciones informáticas. De ello resulta una ciudadanía digital desequilibrada a favor del rendimiento de la Administración, sin un correlativo refuerzo de la participación democrática.

El artículo analiza la evolución de los derechos digitales en la Unión Europea y su relevancia para las administraciones públicas y la ciudadanía europea. Examina el desarrollo del mercado único digital, los servicios públicos digitales y la interoperabilidad de los datos, así como el concepto de ciudadanía digital europea en sus dimensiones administrativa y social, proponiendo un enfoque equilibrado entre derechos y deberes.

La Ley italiana 4/2004 garantiza a las personas con discapacidad el derecho de acceso a los instrumentos informáticos y a los servicios digitales de la Administración Pública, sentando las bases de un ecosistema digital inclusivo. No obstante, persisten carencias en materia de estrategias sectoriales específicas. La pandemia de COVID-19 puso de relieve graves deficiencias, aunque también aceleró la adopción de herramientas con alto potencial, como la telerehabilitación

Obra colectiva que aborda los derechos digitales desde múltiples ángulos, enfocándose en cómo Internet y las tecnologías de la información han transformado derechos tradicionales como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información y la identidad personal. A través de diferentes aportes, el libro examina las implicaciones jurídicas del uso de plataformas digitales, los desafíos en la protección de datos personales, las barreras para ejercer derechos básicos en red y las respuestas normativas necesarias para salvaguardar estos derechos en un contexto digitalizado. La obra combina una aproximación teórica con ejemplos prácticos y referencias al derecho italiano y europeo, ofreciendo un panorama versátil y actualizado sobre los desafíos y las oportunidades para garantizar los derechos fundamentales en la sociedad digita

El presente estudio sobre los perfiles privatísticos del Derecho de las nuevas tecnologías digitales surge en los años de la emergencia sanitaria global por Sars-Cov-2. La pandemia ha transformado no solo nuestras existencias, sino también los mercados digitales, que salen extraordinariamente fortalecidos, en particular como consecuencia de los confinamientos sanitarios: especialmente los grandes actores digitales globales alcanzan posiciones de fuerza económica y regulatoria más allá de toda imaginación.

La identidad es la expresión de una “verdad” relativa a la persona, esto es, el hecho, objetivamente incontrovertible, de que cada sujeto es semejante, pero no igual a los demás. El Derecho conoce esta “verdad”, tanto como cualidad del sujeto, cuanto como exigencia de afirmar dicha cualidad en la vida de relación. La identidad, en cuanto expresión de una “verdad” subjetiva, constituye el contenido de un derecho personal: es el derecho que tiene cada persona a ser ella misma, esto es, a distinguirse y a ser distinguida; no importa cuáles sean, en concreto, las cualidades específicas de la persona, ni cómo o por qué sea distinta de las demás. Basta con que se trate de una persona para que exista el derecho a la identidad, puesto que todas las personas poseen una individualidad específica y el interés de afirmarla. La identidad personal se concreta, por ello, en el derecho a ser uno mismo, y su tutela pretende garantizar la representación real de la personalidad del individuo y de los comportamientos en los que esta se manifiesta en el contexto social.
Estrechamente vinculada a la identidad personal se encuentra la denominada “identidad digital”, es decir, la identidad informática, la identidad utilizada en las actividades informáticas y, en particular, en las numerosas aplicaciones de Internet. La irrupción de la era digital ha redefinido el concepto de espacio y tiempo y, por reflejo, ha rozado también la esencia misma del individuo, esto es, su identidad. Aunque carece de referencias normativas específicas, la noción de “identidad digital” se configura de dos maneras distintas. En una primera acepción, la expresión se emplea como sinónimo de identidad “en la red” o virtual; un segundo significado, más restringido, es utilizado por los expertos en informática y por los estudiosos del Derecho de la informática y designa “el conjunto de informaciones y de recursos concedidos por un sistema informático a un usuario del mismo”; informaciones que se hallan protegidas por un sistema de autenticación que puede realizarse mediante una palabra clave (password), características biológicas (iris, huella digital o vocal, reconocimiento facial) o a través de un determinado objeto (tarjeta magnética, smart card).

Frente a la vertiginosa evolución de la tecnología y a la imponente acción normativa y de soft law europea, este estudio de la Escuela Superior de la Magistratura aborda el tema del domicilio y de la identidad de manera transversal, con el propósito de suscitar en los intérpretes reflexiones adecuadas y una correcta reubicación de los institutos.

El artículo de Massimiliano Capitanio sostiene la necesidad de reconocer constitucionalmente la identidad digital como presupuesto indispensable para la garantía efectiva de los derechos fundamentales en la sociedad contemporánea. Partiendo de la constatación de que la vida personal, social y administrativa se desarrolla de forma integrada entre lo físico y lo digital, el autor propone una reinterpretación del artículo 2 de la Constitución italiana, incorporando explícitamente la red como espacio de ejercicio de los derechos inviolables. La identidad digital se configura así como derecho de la personalidad, esencial para la participación, la igualdad de acceso a los servicios públicos, la protección de datos y la dignidad individual, reforzando una tutela constitucional continua entre esfera offline y online

Esa disposición del Garante per la protezione dei dati personali n. 10065862 consiste en un provvedimento sancionador y de orientación interpretativa en materia de protección de datos personales, centrado en la licitud del tratamiento, el consentimiento informado, la transparencia y la tutela efectiva de los derechos del interesado. Analiza un caso concreto de tratamiento indebido de datos personales, examinando la insuficiencia de la información proporcionada a los usuarios, la invalidez del consentimiento recabado y la vulneración de los principios de licitud, corrección, minimización y limitación de la finalidad, conforme al Reglamento (UE) 2016/679. El Garante subraya la necesidad de garantizar un control real y consciente por parte del interesado, insiste en la prohibición de prácticas elusivas o manipulativas y refuerza la centralidad del principio de accountability. El acto concluye con la imposición de medidas correctoras, prescripciones operativas y, en su caso, sanciones administrativas, destacando el valor estructural de la protección de datos como derecho fundamental

El Informe AGCOM 2024 sobre el monitoreo del proyecto “Alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori” (AMD) analiza el grado de exposición de niños y adolescentes a los entornos digitales, los riesgos asociados al uso intensivo de plataformas en línea y la eficacia de las políticas públicas de educación digital. El documento estudia hábitos de navegación, consumo de redes sociales, videojuegos y contenidos audiovisuales, así como los niveles de competencia digital y crítica. Se subraya la persistencia de brechas generacionales, territoriales y socioeconómicas, junto con la vulnerabilidad específica frente a la desinformación, el ciberacoso y la explotación comercial de datos personales. El informe propone reforzar la formación escolar, la implicación de las familias, la corresponsabilidad de las plataformas y la coordinación institucional, configurando la alfabetización digital como garantía estructural de los derechos fundamentales en la infancia.