Referencias documentales

La Security Breach Notice Act (9 V.S.A. § 2435) impone obligaciones legales al estado de Vermont sobre destrucción segura de datos y gestión de residuos electrónicos en 2025. Aunque no existe una ley integral de privacidad de datos, se recomienda aplicar el estándar NIST SP 800-88 para la sanitización o destrucción física de dispositivos. En paralelo, el programa E-Cycles regula el reciclaje de equipos electrónicos y prohíbe su eliminación sin previa destrucción de datos. El cumplimiento requiere trazabilidad, cadena de custodia documentada y alineación con normas federales como HIPAA o GLBA.

La inteligencia artificial está transformando la atención sanitaria en Vermont, desde la gestión de citas hasta el diagnóstico de fracturas y accidentes cerebrovasculares. Sistemas como RapidAI permiten detectar ictus en minutos, mientras herramientas como Abridge automatizan la transcripción clínica, reduciendo hasta un 60% el tiempo dedicado a documentación y aliviando la carga cognitiva del personal médico. Otras aplicaciones optimizan radiografías, predicen reingresos hospitalarios y agilizan la comunicación con pacientes. Aunque la decisión terapéutica sigue en manos humanas, la IA mejora eficiencia y reduce el agotamiento profesional en un sistema tensionado por escasez de personal. También se exploran desarrollos avanzados, como modelos predictivos para tratar la sepsis mediante simulaciones digitales, evidenciando el potencial y los límites actuales de la tecnología.

La Agency of Digital Services (ADS) de Vermont presenta su estrategia 2026-2028 orientada a modernizar y unificar la tecnología estatal bajo el enfoque “One ADS”. La agencia, creada como entidad única de servicios digitales tras la reforma de 2019, busca automatizar y hacer más fiables los servicios públicos, mejorar la experiencia digital de la ciudadanía y reforzar la ciberseguridad. La estrategia se apoya en cuatro ejes: experiencia de usuario, estándares comunes, reducción de complejidad técnica y presupuestación basada en servicios. Además, articula iniciativas de liderazgo organizativo, estandarización de servicios, alineación de inversiones y modelo financiero sostenible. El plan estratégico persigue una administración digital más accesible, segura y eficiente a largo plazo.

El último proyecto legislativo del estado de Vermont obligaría a incluir una advertencia clara cuando, dentro de los 90 días previos a una elección, se difunda contenido engañoso generado o manipulado mediante inteligencia artificial. La norma exige que el material indique expresamente que ha sido creado con tecnología digital y que representa hechos o declaraciones que no ocurrieron, incluyendo avisos específicos en anuncios audiovisuales. La iniciativa surge tras episodios recientes de “deepfakes” políticos y busca proteger la integridad electoral sin vulnerar la libertad de expresión, optando por la transparencia en lugar de la prohibición. Se excluyen la sátira y los medios informativos que contextualicen adecuadamente el contenido. El incumplimiento conllevaría multas económicas y posibles acciones civiles por parte de las personas afectadas.

El Tribunal Superior de Vermont (Washington Unit) estimó la moción de desestimación presentada por Clearview AI y archivó la demanda del Estado por falta de jurisdicción personal. Vermont había acusado a la empresa de vulnerar su Consumer Protection Act al recopilar y tratar datos biométricos faciales y metadatos extraídos de imágenes públicas en internet, incluyendo supuestamente datos de residentes (y menores) sin consentimiento, con efectos de invasión de privacidad, riesgo de fraude y “enfriamiento” de libertades civiles. Sin embargo, el tribunal concluye que Clearview no tiene contactos suficientes con Vermont: no opera ni tiene clientes en el estado, no dirige su actividad al mercado local y la mera presencia incidental de datos de residentes o el registro como “data broker” no prueba “purposeful availment”. Por ello, la demanda se desestima conforme a la garantía de debido proceso

La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que exige que cualquier anuncio político en audio o video que utilice “medios sintéticos” incluya una advertencia visible y audible indicando que contiene contenido generado por IA. El aviso deberá aparecer al inicio y al final del anuncio, así como mantenerse durante su emisión. La norma se aplicará a comunicaciones financiadas por candidatos o grupos políticos con intención de influir en el voto, y prevé multas de 1.000 dólares por incumplimiento. La iniciativa responde a precedentes recientes de desinformación electoral mediante IA en otros estados. Además, la Cámara aprobó otra propuesta que prohíbe la difusión de comunicaciones engañosas dentro de los 90 días previos a una elección, permitiendo a las víctimas demandar, aunque excluye medios informativos y sátira.

En torno a ciertos sectores de la ciudadanía de Massachusetts existe cierta preocupación sobre el Massachusetts Data Privacy Act, ya que, aunque valorando positivamente sus objetivos de protección de datos, temen su posible impacto negativo en pequeñas empresas. Se sostiene que limitar la recopilación y el tratamiento de datos al mínimo necesario para prestar un servicio reduciría la eficacia de herramientas publicitarias y analíticas esenciales para que negocios locales compitan con grandes corporaciones. También critica el umbral de aplicación (60.000 consumidores), por considerarlo bajo en comparación con otros estados, lo que podría generar mayores costes de cumplimiento para empresas con menos recursos. Aunque respalda la protección de datos sensibles y la prohibición de publicidad dirigida a menores, defiende un enfoque equilibrado que salvaguarde la privacidad sin perjudicar la competitividad y viabilidad económica de pequeñas empresas.

La ACLU (American Civil Liberties Union) de Massachusetts denuncia que más de 40 departamentos policiales del estado utilizan lectores automáticos de matrículas (LPR) de la empresa Flock Safety y comparten esos datos en una red nacional con más de 7.000 agencias. Esto permite que policías de otros estados puedan rastrear en tiempo real a conductores en Massachusetts sin orden judicial ni sospecha razonable. Aunque la ley estatal “Shield Law” busca proteger a quienes acceden a servicios sanitarios legales en Massachusetts, el sistema de intercambio masivo de datos debilita esa protección. La ACLU reclama una ley estatal que limite el uso, conservación y cesión de estos datos, exija órdenes judiciales y refuerce las garantías de privacidad frente a esta vigilancia masiva.

El 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts resolvió por unanimidad que, cuando una detención se basa en información obtenida mediante vigilancia en redes sociales, corresponde a las fuerzas de seguridad demostrar que no incurrieron en perfilado racial. El caso Commonwealth v. Nathaniel Rodriguez examinó la actuación de una unidad policial que creó cuentas encubiertas en Snapchat con identidad aparentemente “no blanca” para monitorizar de forma masiva publicaciones de usuarios, especialmente en viviendas sociales culturalmente diversas. Las investigaciones no se dirigían a sospechosos concretos, sino a una amplia comunidad digital, y todas las personas finalmente acusadas eran “no blancas”. El tribunal consideró que existían indicios razonables de aplicación selectiva por motivos raciales y ordenó nuevas diligencias probatorias, reforzando así los límites frente a prácticas discriminatorias en la vigilancia digital.

La Cámara de Representantes de Massachusetts, a través del Comité Conjunto sobre Tecnologías Avanzadas, Ciberseguridad e Internet, ha emitido un informe favorable a la versión revisada de la Massachusetts Consumer Data Privacy Act (H. 4746). Si se aprueba, sería una de las leyes estatales de privacidad más estrictas del país. La propuesta refuerza principios de minimización de datos, limita la recopilación y uso de información sensible, prohíbe la venta de datos de geolocalización precisa y establece garantías contra la discriminación digital. Introduce además una acción privada bajo la legislación de protección al consumidor (capítulo 93A) frente a grandes empresas, amplía la definición de datos sensibles, exige consentimiento afirmativo más estricto y obliga a eliminar datos cuando ya no sean necesarios. También impone señales globales de exclusión voluntaria en navegadores, fortaleciendo el control ciudadano sobre su información.