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United States Court of Appeals, Ninth Circuit. | 2025
El Noveno Circuito resolvió en 2025 el caso Project Veritas v. Oregon, confirmando la constitucionalidad de la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones sin informar a todos los participantes (Oregon Rev. Stat. § 165.540(1)(c)). El tribunal aplicó el test de “intermediate scrutiny” y concluyó que la norma es neutral en cuanto al contenido, persigue un interés gubernamental importante (proteger la privacidad conversacional) y está redactada de manera ajustada. Asimismo, consideró que la ley no es excesivamente amplia y permite alternativas suficientes para la labor periodística.
El artículo advierte que las propuestas legislativas en Connecticut para restringir el uso de redes sociales, bajo la justificación de proteger a los menores, amenazan gravemente la libertad de expresión. Requerir verificación de edad e identidad limita el anonimato y expone a usuarios a riesgos de privacidad y ciberseguridad. Además, podría excluir a comunidades marginadas sin documentos oficiales y empujar a las plataformas a censurar contenidos, creando espacios digitales empobrecidos. Los tribunales en otros Estados ya han bloqueado leyes similares por violar la Primera Enmienda. El texto enfatiza que estas medidas convierten internet en un espacio restrictivo, contrario a su esencia abierta.
Comité de Libertad de Expresión de la Junta de Regentes de Iowa | 2021
El Comité de Libertad de Expresión de la Junta de Regentes de Iowa presentó recomendaciones para fortalecer la libertad de expresión en las universidades estatales. Las propuestas incluyen la creación de una política uniforme que proteja la libertad de expresión en el aula y en eventos públicos, la capacitación de estudiantes y personal en derechos de expresión, y la implementación de medidas para prevenir la censura o represalias por opiniones expresadas. Estas acciones buscan garantizar un entorno académico abierto y respetuoso en las instituciones de educación superior de Iowa.
Observación General n.º 34 — Artículo 19: Libertad de opinión y libertad de expresión (CCPR/C/GC/34)
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas | 2011
Interpretación autorizada del artículo 19 del PIDCP. El párrafo 43 establece que cualquier restricción a sitios web, blogs u otros sistemas de difusión en Internet solo es admisible si cumple el triple test del artículo 19.3. Afirma que los bloqueos genéricos son incompatibles con el Pacto. Documento de referencia fundamental para el análisis de la libertad de expresión en el entorno digital.
Informe del Relator Especial sobre Libertad de Expresión — Cifrado y anonimato (A/HRC/29/32)
David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión | 2015
Informe que establece que la capacidad de comunicarse de forma anónima o seudónima es condición habilitante del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en el entorno digital. Concluye que las restricciones al cifrado y el anonimato deben superar el triple test del artículo 19.3 del PIDCP. Documento fundacional en materia de derecho al pseudonimato en el ordenamiento internacional.
Informe del Relator Especial sobre Libertad de Expresión — Acceso a Internet (A/HRC/17/27)
Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión | 2011
Hito normativo fundacional sobre el derecho de acceso a Internet. Afirma que la desconexión intencionada de usuarios es incompatible con el artículo 19 del PIDCP. Sienta la doctrina de que Internet no es un privilegio sino un instrumento de derechos cuya interrupción deliberada constituye una violación del derecho internacional. Refrendado por el Consejo de Derechos Humanos en la Resolución 32/13 (2016).
Iowa’s Ct. Adopts Federal Court’s Presumption Against Pseudonymity
Eugene Volokh | 2025
La Corte de Iowa adoptó la presunción de los tribunales federales en contra del uso de pseudónimos en procesos judiciales. Esto significa que, por defecto, los litigantes deben utilizar sus nombres reales, limitando la posibilidad de proteger la identidad de las partes en casos judiciales. La medida genera un debate sobre el equilibrio entre transparencia judicial, libertad de expresión y la protección de la privacidad e identidad de los individuos en entornos digitales y legales.